El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) pidió hoy a la Legislatura que no autorice una transacción con los bonistas en el caso del Título III de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que implique desembolsos o pagos a bonos emitidos por encima de la clasificación de no asegurados o de su valor real.

“Esta Legislatura no debe ser sello de goma para autorizar pagos a estos bonos fatulos… No debe aprobar legislación que permita el pago a bonos cuya validez está seriamente cuestionada”, dijo Figueroa Jaramillo en una vista pública de la Comisión de Energía y Proyectos Estratégicos del Senado, que evalúa alternativas para pagar la deuda de la Autoridad, que se estima en más de 9 mil millones, sin tener que aumentar la tarifa de luz a los consumidores.

El líder sindical reclamó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), llegó a un acuerdo con los bonistas de la AEE, (Restructuring Suppor Agreement, RSA, en inglés), “donde se promete el pago a los acreedores de bonos mediante un aumento en la tarifa que alcanzará cerca de 4.6 centavos kilovatio hora”.

Dijo que el RSA pretende garantizar el pago de esos bonos mediante la aprobación de legislación que permita asignar el aumento en la tarifa como garantía de los bonos nuevos y la creación de una entidad corporativa pública, que maneje ese servicio a la deuda.

Según Figueroa Jaramillo esa entidad pública estaría exenta de unas 15 leyes que fiscalizan las operaciones de las corporaciones públicas, por lo que estarían fuera del escrutinio público y de la Legislatura. Agregó que el RSA promete alrededor de un 70% de repago a los bonistas de la AEE.

Sostuvo que la determinación sobre la validez de los créditos es un asunto que compete a los tribunales y particularmente al Tribunal Federal de Quiebras, que tiene ante sí el caso de la AEE. “El problema es que la Junta (de Supervisión Fiscal) no ha litigado la validez de dichos créditos y por ende, no se ha tomado una decisión al respecto”, agregó.

Indicó que la deuda de la AEE “no debe pagarse, en todo, ni en parte, sin una auditoría previa y una determinación judicial sobre la validez de dichos bonos”. Agregó que en vez de auditar y litigar la validez de esas reclamaciones “la Junta las transigió y promete pagos a acreedores donde la validez de sus créditos está seriamente cuestionada”.

Figueroa Jaramillo citó un estudio del profesor Héctor Cordero Guzmán, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York que arrojó que bajo el RSA los puertorriqueños más pobres tendrían una carga en su presupuesto familiar que sería de entre un 30 a un 40% para pago de energía.

“El que muchas personas no puedan pagar y que muchos negocios tengan que cerrar por este costo adicional, va a ocasionar otro deterioro dramático en la economía que resultaría en otro rudo golpe a la viabilidad de que el pueblo de Puerto Rico pueda cumplir con el plan de ajuste de deuda del gobierno central”, sostuvo.

El abogado de la UTIER, Rolando Emmanuelli dijo que la Legislatura “podría imponer la condiciones” del nuevo plan de ajuste de la deuda de la AEE.

“Mi posición es que esta Legislatura debe rechazar ese acuerdo no aprobando la ley habilitadora”, dijo Emmanuelli. “Esta Legislatura tiene el poder de decir cuáles son las condiciones para que ese plan de ajuste tenga que cumplir con esas condiciones”, indicó el experto en la Ley PROMESA.

Recomendó que los legisladores aprueben “guías y parámetros” para que los bonos que se puedan pagar, se paguen de acuerdo a los flujos en efectivo que tiene la AEE. “El criterio no puede ser arbitrario de una cantidad, sino que haya que ajustarse a las condiciones de la Autoridad y del País, pero la Legislatura no puede quedarse con los brazos cruzados. Usen el poder de la Ley Habilitadora para que el País no se nos descarrile”, expresó el abogado.

“El deudor es el País. El que va a pagar es el pueblo y si el pueblo no puede pagar, no puede pagar, dijo por su parte, Figueroa Jaramillo. Sugirió que se apruebe una resolución concurrente que recoja la expresión en contra del RSA de la Asamblea Legislativa.

“Hay muchos elementos importantes que no se consideraron cuando se propuso este RSA originalmente y que dentro de ese pago de servicio de la deuda hay que priorizar a los que hay obligación de pagarle y por otro lado, ese temor que se tiene a que el consumo energético del País disminuya y que como consecuencia de ellos haya que buscar algún tipo de tarifa para sustentar ese pago futuro al servicio de la deuda. Vemos que no necesariamente tenga que ser así”, sostuvo el presidente de la Comisión de Proyecto Energéticos y Energía y portavoz de la mayoría popular, Javier Aponte Dalmau.