Utier pide a fiscalía federal que investigue a la AEE
José Ortiz, director de la corporación pública dijo que el contrato impugnado fue avalado por la Junta de Supervisión Fiscal.
![El requerimiento deberá ser contestado por la AEE dentro de un término de 30 días. (GFR Media)](https://www.primerahora.com/pf/api/v3/content/fetch/image-resizer-v1?query=%7B%22website%22%3A%22primera-hora%22%2C%22imageUrl%22%3A%22https%3A%2F%2Fcloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com%2Fgfrmedia%2FZHM5TLETJZFRTKI6RWENLNU7WQ.jpg%22%2C%22width%22%3A2560%2C%22redirect%22%3A%221%22%2C%22external%22%3A%221%22%7D)
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 4 años.
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La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) pidió a la fiscalía federal que investigue la adjudicación del contrato de suministro de gas natural entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y New Fortress Energy (NFE) para las unidades 5 y 6 de la Central de San Juan por haber evidencia que muestra que dicho contrato se otorgó con irregularidades.
“En el día de hoy estamos haciendo la solicitud formal al Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Stephen Muldrow para que investigue la otorgación de los contratos a New Fortress Energy por parte de la AEE. Junto con la solicitud, sometimos documentación y un informe generado por el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) y la organización Cambio que documenta los eventos que rodearon la adjudicación de este contrato, que insistimos, fue adjudicado con serios señalamientos”, explicó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER.
Aquí la carta que le estamos enviando a la Fiscalía Federal pic.twitter.com/LthGrCOYwE
— Angel Figueroa Jaramillo (@jaramilloutier) June 11, 2020
Figueroa Jaramillo detalló que el informe entregado a la oficina del Fiscal Federal en Puerto Rico concluyó que el contrato a New Fortress Energy se adjudicó injustamente y documenta una serie de reuniones que NFE tuvo con la AEE y sus consultores que no se le concedió a ningún otro licitador.
“En el informe se presenta que después de recibir una propuesta no solicitada de NFE, la AEE y su asesor financiero, Filsinger Energy Partners (FEP), se reunieron repetidamente con NFE, esto antes que la AEE comenzará el proceso de redacción de la solicitud de propuestas (RFP) en abril de 2018. Mientras se redactaba la solicitud de propuesta, la AEE y NFE firmaron un acuerdo de confidencialidad que proporcionó a NFE información por adelantado sobre la Central de San Juan 5, 6.”, reveló Figueroa Jaramillo.
Del mismo modo, del informe de IEEFA y Cambio, se desprende que la AEE no informó a los posibles licitadores sobre el alquiler propiedades estratégicamente importantes para el proyecto por parte de NFE; tampoco informó a otros licitadores de que había recibido una propuesta no solicitada de NFE y sus numerosas comunicaciones con la Autoridad.
“Al momento de evaluar las propuestas de los licitadores la Autoridad las evaluó a través de un comité que incluía representantes de FEP que anteriormente se habían comunicado regularmente con NFE, habían revisado su propuesta no solicitada y habían ayudado a evaluar sus documentos ambientales. Y para completar la Autoridad usó un abogado externo para negociar el contrato, abogado que pertenece a la firma que también representa a entidades propiedad de la empresa matriz de NFE, Fortress Investment Group. Si esto no es ventaja, díganme ustedes cómo se llama. Por esto y más es necesario que el Fiscal Federal intervenga en esta contratación que le cuesta $1,500 millones al pueblo de Puerto Rico. La UTIER siempre ha señalado el despilfarro de dinero en la AEE, en contrataciones innecesarias y costosas, es momento ya de que se investigue y haya consecuencias para los responsables”, puntualizó Figueroa Jaramillo.
Por su parte, el director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, defendió el contrato y rechazó las imputaciones de UTIER.
“Los argumentos carecen de validez. El proyecto (NFE) está contenido en el Fiscal Plan, y fue avalado por Junta de Supervisión Fiscal, el Procedimiento Administrativo y el Tribunal Apelativo en sentencia del 26 de abril de 2019”, afirmó Ortiz.