Las organizaciones agrupadas bajo la propuesta de Queremos Sol repudiaron el anuncio de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y se asegura que pone en riesgo empleos en esa corporación pública.

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“La contratación, que compromete otros $1,500 millones del pueblo, se suma al largo tracto de transacciones irregulares y desacertadas que han lacerado la imagen y capacidad de esa corporación pública y que retrasan la agenda hacia la eficiencia y la energía renovable distribuida, ubicada principalmente en techos. El contrato es leonino y no protege los intereses del pueblo”, dijo Ingrid Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO.

Las organizaciones instaron a los ciudadanos y ciudadanas a expresar su rechazo a la transacción, así como a orientarse sobre la alternativa democrática y sostenible que ofrece Queremos Sol. “Hemos compartido la propuesta con comunidades y otras organizaciones. Es importante que cada ciudadano y ciudadana sepa que Puerto Rico tiene opciones más costo efectivas para todos. Debemos reclamar al gobierno que desista de la privatización y considere nuestra propuesta con seriedad”, expresó Adriana González, coordinadora de Sierra Club.

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El acuerdo fue descrito por el licenciado Pedro Saadé como “otro más en la trayectoria de malas transacciones de gobierno que perjudican al país y enriquecen a intereses privados con el potencial de aumentar el costo de energía a los consumidores”.

Myrna Conty, coordinadora de la Coalición Anti-incineración, añadió que si esta fuera una buena transacción para el pueblo no hubiesen tenido que ocultarla del escrutinio público como hizo la alta gerencia de la AEE. “Ayer lunes los funcionarios de gobierno se enorgullecían de haber compartido miles de páginas de documentos con los proponentes, cuando al pueblo, a quien se deben, no se les ha presentado ni un solo dato que valide que el negocio beneficiará a los consumidores”, dijo Conty.

El grupo destacó que, lejos de contar con una visión energética abarcadora y de largo plazo, la propuesta de privatizar la AEE fue utilizada como subterfugio por el gobierno de Ricardo Rosselló ante su desastre en el manejo de la emergencia y el restablecimiento rápido del sistema eléctrico.

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“Aquí los directivos de la AEE y el gobierno deciden abdicar en su deber de administrar los bienes públicos ante su propia incapacidad en el manejo eficiente y efectivo de esa corporación. Los servicios esenciales, como es el servicio eléctrico, no pueden estar a la merced del mercado ni sujeto a motivaciones de ganancias. Esto aumenta la vulnerabilidad de nuestro pueblo, particularmente de las comunidades más necesitadas”, sostuvo, por su parte, el Dr. Agustín Irizarry, catedrático del Departamento de Energía Eléctrica de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y una de las máximas autoridades en el tema energético en Puerto Rico.

Mientras, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, indicó que el proceso dejó fuera a los empleados de la AEE, cuya plantilla ha sido reducida en los últimos años como estrategia para favorecer a intereses corporativos y justificar la venta de la utilidad.

“Ahora, los trabajadores están expuestos al riesgo de perder sus trabajos a discreción de la empresa contratante. De igual forma, el contrato abre la puerta para la quiebra del Sistema de Retiro de los empleados. Un proceso de transformación serio hubiese integrado a los trabajadores que conocen de primera mano las necesidades y las oportunidades de proveerle a Puerto Rico un sistema eléctrico confiable, costo-efectivo y sostenible”, indicó.

El presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales de la AEE, Abraham García Román, rechazó expresiones vertidas ayer por directivos del gobierno que indicaban que los empleados de la AEE están complacidos con esta transacción. Añadió: “Este nefasto acuerdo traiciona al pueblo de Puerto Rico, la confianza y lealtad de los empleados de la AEE que a pesar de todas las dificultades por falta de mantenimiento, materiales y equipo, nos mantuvimos trabajando y logramos levantar el sistema eléctrico hasta el último cliente luego de paso del huracán María, el terremoto y que hoy lo mantenemos a pesar de la pandemia del COVID-19”.

Por otro lado, Federico Cintrón, director de El Puente sentenció que “esta transacción representa otro retraso en la agenda de transformación del sistema hacia la eficiencia y la energía renovable distribuida, pues se perpetúa el modelo centralizado”. Advirtió que la empresa contratada se especializa en generación centralizada y en infraestructura de transmisión a gran escala, no en la generación distribuida, que es el modelo más conveniente para Puerto Rico.

Por su parte, la licenciada Ruth Santiago argumentó que “este contrato es contrario a la propia política pública de lograr que las y los ciudadanos sean productores de energía a través de sistemas fotovoltaicos en techos, baterías, eficiencia energética y otras alternativas a las grandes plantas centralizadas que tanto dependen de un sistema de transmisión y distribución vulnerable a los huracanes y a tormentas cada vez más frecuentes e intensas”.

Las organizaciones adelantaron que darán a conocer nuevos esfuerzos en busca de evitar que el gobierno siga hundiendo al país con más proyectos y contratos nocivos para el pueblo.