Los economistas Nelson Rochet Santoro y José Villamil Fernández coincidieron este jueves que la Ley de Cabotaje de Puerto Rico urge ser analizada mediante un estudio serio y minucioso que demuestre el impacto que ha tenido dichas normas federales en la Isla.

Ambos estudiosos depusieron este jueves durante el cuarto día de vistas que realiza la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado -presidida por Rosanna López León- para discutir la resolución 237 que busca que se evalúe, corrija y complemente el informe que preparó la Oficina de Contabilidad General del Congreso de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés), sobre los efectos de estas leyes en el país.

El primer turno fue para Villamil Fernández, presidente de Estudios Técnicos. Inc., quien presentó algunos de los hallazgos de un estudio que realizó su compañía en el 2013 para la Alianza Marítima de Puerto Rico, que abiertamente se ha opuesto a que se otorguen nuevas exenciones a la Isla con relación a las normas federales de cabotaje.

Villamil Fernández reconoció en su ponencia que el origen de la Ley de Cabotaje es proteger la marina mercante norteamericana y no necesariamente beneficiar a Puerto Rico, pero precisó que no se puede llegar a conclusiones de que estas disposiciones han tenido un impacto negativo en la economía puertorriqueña.

Al contrario, el economista destacó que según el informe que realizó Estudios Técnicos, Inc., el impacto económico de la Ley de Cabotaje en el país es uno "limitado".

"En resumen, el impacto en la economía es muy poco de acuerdo al estudio, posiblemente inferior a $100 millones", señaló.

Villamil Fernández comunicó que el informe del GAO es limitado y que debe hacerse una investigación adicional, a la vez que le dio la bienvenida a que se realicen enmiendas a la ley, pero no a que se elimine en su totalidad.

Entretanto, el economista Rochet Santoro difirió de su colega, al enumerar las razones históricas en torno al por qué las leyes de cabotaje representan una muralla para el crecimiento económico en el país y por qué deben de eliminarse. Rochet Santoro ofreció un detallado informe en el que mencionó personajes históricos que se opusieron a los impuestos de la marina mercante estadounidense, desde el siglo XIX hasta la actualidad.

"La historia es muy larga, pero le voy a pedir que me permita aclarar que otro testigo del daño que sufrimos por las leyes de cabotaje es el exgobernador Carlos Romero Barceló, quien en 1985 firmó una carta en la que se quejaba al presidente de Estados Unidos que las leyes de cabotaje nos obligaban a usar las navieras más caras del mundo", indicó el economista, quien catalogó el informe del GAO como una "porquería" y carente de un análisis serio.

"Aquí llevamos 115 años sufriendo bajo los efectos de esas leyes que han provocado el sabotaje y destrucción de industrias puertorriqueñas y la elevación del costo de la vida a lo largo y a lo ancho del siglo XX", agregó Rochet Santoro.