“Me parece sumamente irresponsable que (los jueces) se impongan sobre un proceso de diálogo y mediación que, si bien es cierto que hasta ahora ha continuado en unos momentos y se ha descontinuado en otros, pero que existe la posibilidad de que se resuelva…”, dijo el portavoz del movimiento estudiantil Mario González.

El Tribunal de Apelaciones dictó el pasado viernes la orden de mandamus e injuction preliminar y el sábado la presidente interina Nivia Fernández Hernández envió una carta a la comunidad universitaria comunicando que las clases deberán comenzar no más tarde de las 6:00 a.m. del jueves.

En expresiones enviadas a la prensa, Fernández Hernández subraya que se debe “permitir el libre y seguro acceso al recinto, sus instalaciones, edificios y salones de clases y actividades”.

Pero, ¿qué pasaría si no abren los portones? 

“Si la administración no abre el portón, en teoría, está en incumplimiento con la orden del tribunal. Habría que establecer si existe justa causa para el no cumplimiento”, explicó el decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet.

Sin embargo, coincidió con que la orden no garantiza que se abran los portones y lo que podría hacer es obstaculizar el proceso de mediación.

“Hay que tener cuidado que lo que haga (la sentencia) es romper ese diálogo, crear una confrontación que lo que haga es alargar ese proceso huelgario”, observó.

Actualmente, hay varias mesas de diálogo en los recintos y, como indicó este medio la semana pasada, la Junta de Gobierno ha citado a algunos estudiantes con el fin de llegar a unos acuerdos.

“La decisión obliga de repente a la comunidad a dividirse nuevamente, a pelearse internamente en vez de enfocarse en los logros que ha habido en estos días”, sostuvo González.

Rectores y miembros de la Junta de Gobierno se han estado expresando en contra de los recortes o a favor de la auditoría, algunos de los reclamos estudiantiles principales.

Mientras tanto, el portavoz del movimiento aseguró que estarán reuniéndose con profesores y empleados de cara al jueves, precisamente un día después de la asamblea general que llevarán a cabo en el Roberto Clemente.

Los huelguistas también repudiaron los arrestos de las pasadas semanas y los tildaron de “el empeño vicioso de las agencias de seguridad, tanto estatales como federales, de perseguir a manifestantes y estudiantes”.

Ante los reclamos, la superintendente de la Policía, Michelle Hernández, hizo énfasis otra vez en que “reiteramos que el derecho a la libertad de expresión está protegido por el estado, pero en ese ejercicio no se puede violar las leyes ni el orden de nuestra sociedad democrática”.