La Universidad de Puerto Rico (UPR) presentó hoy una moción de auxilio de jurisdicción ante el Tribunal Supremo para pedirle que revoque la sentencia del Tribunal de Apelaciones que ordenó la reapertura de los portones del recinto de Río Piedras y la reanudación de labores, interrumpida desde el 28 de marzo cuando inició un paro y huelga para repudiar los recortes en el presupuesto de la entidad educativa.

Además, la UPR pidió al máximo foro judicial del País que confirme la sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que declaró no ha lugar el injunction preliminar y el mandamus presentado por cinco estudiantes de Derecho contra la UPR para que garantizaran el acceso al recinto y continuar el curso regular del calendario académico. 

“Los peticionarios carecen de poder coactivo para obligar a estos grupos a permitir el acceso al recinto. El uso de la Policía de Puerto Rico para este propósito está descartado porque la política pública expresa del gobierno de Puerto Rico es que la Policía no intervendrá en este asunto si no hay delitos cometidos”, dice el documento.

Agrega que han “realizado todas las gestiones a su alcance para dar fiel cumplimiento de la orden de mandamus e injunction preliminar”.  

El recurso es presentado justo hoy, último día que tenía la representación legal del principal centro docente del País para solicitar una reconsideración a la sentencia emitida el 5 de mayo por Apelaciones, en respuesta al caso presentado por los estudiantes de Derecho.  

También ocurre en momentos en que la rectora interina de Río Piedras Carmen Rivera Vega renunció y mientras se dan encuentros en dos grupos multisectoriales de negociación, por separado, para terminar con la huelga que tiene paralizada las labores en la mayoría de los recintos.

“La sentencia recurrida impone sobre los peticionarios una obligación abstracta, impráctica e imposible de cumplir bajo las circunstancias imperantes. La misma ignora las condiciones existentes en los portones… Grupos de personas… se han apoderado de los accesos de la entrada y salida del recinto y, empleando la violencia y la intimidación, se niegan a permitir el acceso”, dice el documento.

Destaca además que ante la inminente posibilidad de que la entonces rectora y la presidenta interina Nivia Fernández sean privadas de su libertad -ya que hay una vista del caso en Primera Instancia este lunes, relacionada con el desacato a la orden de Apelaciones-, se pide la paralización de los procedimientos en Primera Instancia mientras se atiende el recurso de certiorari de moción en auxilio de jurisdicción.