Un informe de la Oficina de la Contraloría reveló que la Universidad de Puerto Rico (UPR) perdió $607,786 tras la otorgación de un contrato para realizar labores que correspondían a personal unionado de la Hermandad de Empleados no Docentes (HEEND) y que dicha contratación no produjo ningún beneficio para el principal centro docente del país.

La Contraloría de Puerto Rico publicó el 23 de agosto el resultado de una investigación sobre las alegadas irregularidades con la contratación de servicios para migrar el sistema de datos empresariales, desde el centro de datos de la Administración Central de la Universidad, a un espacio de almacenamiento en la nube.

De acuerdo con la investigación, la UPR pagó $607,786 en el 2020, por el proyecto de migrar el sistema de datos a la nube. Ante la contratación de servicios privados, el personal técnico de la OSI, representado por la HEEND presentó una reclamación laboral por entender que dichas labores pertenecían a la unidad contratante y debían ser realizadas por ese personal.

“Tres meses antes de formalizar el contrato, el director interino de Recursos Humanos, opinó que los servicios no constituían un puesto ni creaban una relación obrero patronal. Sin embargo, cinco meses después de haberse firmado el contrato, Recursos Humanos determinó que el contrato despojaba a los empleados de las funciones esenciales de sus puestos”, reveló la Contraloría en un comunicado. “Otra de las causas para no terminar el proyecto fue la intermitencia en la comunicación entre ambas partes, y cuando finalmente la OSI suministró la información necesaria a la compañía, el contrato estaba por vencer, no quedaba tiempo para terminar el proyecto y la Universidad canceló el contrato”, añade el escrito.

El Informe señala que el director interino y el director asociado de la OSI, certificaron en el 2022, que toda la infraestructura del sistema se encontraba en las facilidades de la OSI, y que los datos no se movieron al espacio de almacenamiento en la nube.

El informe concluye con una recomendación al presidente de la UPR para que imparta instrucciones al director de la OSI de realizar un análisis de tiempo, recursos y operaciones antes de otorgar contratos, y al director de Recursos Humanos, que evalúe por escrito si los servicios pueden ser rendidos por personal universitario antes de formalizar contratos.