La Universidad de Puerto Rico (UPR) sometió anoche un recurso de mandamus para que la Policía de Puerto Rico, por conducto de su Superintendente, Michelle Hernández de Fraley, y el gobierno central, por conducto de la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, ayuden a abrir los portones del recinto de Río Piedras, según un comunicado de prensa.

Según la posición de la administración universitaria, “La UPR no cuenta con poder coactivo alguno para forzar a los terceros que actualmente están impidiendo el acceso al Recinto de Río Piedras a cumplir con lo ordenado por el Tribunal de Apelaciones” ya que, aunque el Recinto cuenta con la División de Seguridad y Manejo de Riesgos, comúnmente conocida como ‘la guardia universitaria, “este cuerpo no cuenta con el adiestramiento ni con el equipo necesario para manejar este tipo de situación”.

El recurso legal solicita que se obligue a la Superintendente de la Policía de Puerto Rico a “cumplir su deber ministerial de proteger a las personas y a la propiedad de la UPR, mantener y conservar el orden público y compeler la obediencia de las leyes, mediante la utilización de todos los recursos disponibles para ejecutar la Orden de Mandamus Preliminar emitida por el Tribunal de Apelaciones” del 5 de mayo que ordenaba restablecer el acceso al Recinto de Río Piedras y garantizar el libre y seguro acceso a la institución.

La presidenta de la UPR, Nivia Fernández, dijo en declaraciones escritas que no han logrado cumplir con la orden judicial del 11 de mayo porque los estudiantes han seguido en paro y que este fin de semana los estudiantes rechazaron unos acuerdos pactados con líderes estudiantiles que hubieran permitido la apertura de los portones hoy.

La institución establece que “ha agotado todos los mecanismos a su haber para abrir los portones del Recinto de Río Piedras” incluyendo repetidas gestiones de conciliación y diálogo con los representantes estudiantiles que han sido infructuosas. “Desde que estas personas tomaron el control de los accesos del Recinto se tiene información de que han ocurrido en el mismo, en sus inmediaciones y en otra propiedad de la UPR, un sinnúmero de eventos que podrían constituir actos delictivos” a tenor con varios artículos del Código Penal. Es necesario recalcar que la UPR ha estado impedida de actual efectivamente para poder hacer valer la orden del Tribunal y que no ha habido intención de incumplir.

Al respecto, hoy se había anunciado que grupos de estudiantes acudirían a Fortaleza para pedir una reunión con el gobernador Ricardo Rosselló, mientras se ha dicho que el miércoles representantes etsudiantiles se reunirán co el presidente dela Junta de Supervisión Fiscal, José Carión.