El recorte de $175 millones en las remesas de los municipios en el presupuesto del año fiscal que entra en vigor el primero de julio, unido a la baja en patentes, en los recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU)  y en arbitrios de construcción, afectarán la prestación de servicios, sobre todo en pueblos con niveles más altos de pobreza, alertaron ayer varios alcaldes populares.

Más aún, los alcaldes dijeron que para el año fiscal 2018-2019, el impacto será aún mayor ya que el corte será de alrededor de $350 millones y se proyecta que unos 55 municipios queden insolventes. Incluso, advirtieron que unos 40 municipios podrían desaparecer.

“Hay municipios que dependen en un 60% y los hay que dependen de hasta más del 90% de estas transferencias del CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales). ¿Cómo un municipio va a funcionar con 10 centavos de cada dólar?  Ese es el drama que tenemos los alcaldes hoy y que el gobierno da la impresión de que no entiende el impacto que esto va a tener en los municipios”, expresó el alcalde de Isabela, Charlie Delgado Altieri en una mesa redonda con periodistas.

En el intercambio, que tuvo lugar en el comité central del PPD, también participaron los alcaldes de Maunabo, Jorge Márquez; de Cayey, Rolando Ortiz; y la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, así como, el presidente de la Pava,  Héctor Ferrer.

Delgado dijo que el problema “no es solo de los municipios populares sino de todos los municipios”, incluso los grandes, que también verán mermar sus ingresos.

“Esto no es una dádiva. Estos eran ingresos de los municipios”, subrayó el alcalde de Isabela al explicar que estas transferencias de fondos surgen como resultado de la exoneración de $15 mil a la propiedad inmueble, de lo cual el gobierno transfiere de estas rentas, un 2.5% a los municipios.

Delgado dijo que el impacto varía de acuerdo a la realidad fiscal y la capacidad de captación de cada municipio. Indicó que mientras más pequeños, más dependen de estas transferencias.

Salinas, por ejemplo, tiene una baja por las remesas del CRIM de unos $ 4.5 millones y la Alcadesa subrayó que en dos años el presupuesto municipal de $12 millones, se quedaría en $6 millones.

Bonilla dijo que ya comenzó una reducción de jornada laboral rotativa un día al mes, se eliminó el bono de verano y el bono de Navidad se redujo de $1 mil a $600.

“La partida de fiestas patronales, festivales, actividades culturales y donaciones se eliminó. Si se dan tiene que ser con auspicios privados”, sostuvo la Alcaldesa, quien dijo que se afectarían servicios de salud, de apoyo a personas de la tercera edad y de ornato.

“Nuestro presupuesto es de apenas $6 millones y estos nos dejaría el próximo año con sólo $2 millones para operar”, dijo por su parte, el Alcalde Maunabo. Detalló que el municipio ayuda en el pago de agua y luz a indigentes y con su poco presupuesto, le da mantenimiento a carreteras estatales.

Dijo que las áreas más afectadas son las de servicios de salud, recogido de desperdicios sólidos, mantenimiento de carreteras, servicio de amas de llaves y las ayudas a personas indigentes.

El alcalde de Isabela indicó por su parte, que en el nuevo presupuesto, su gobierno pierde unos $4 millones y aunque por el momento, no tocará la nómina, indicó que el manejo de desperdicios sólidos será afectado.

“Por ahora no voy a recortar horas a los empleados, no quiero afectar el servicio directo. Mi recorte principal va a estar aquí (recogido de basura). No voy a dar bono, ni liquidaciones de enfermedad, ni habrá pago de días feriados”, precisó Delgado.

El alcalde de Cayey dijo a su vez, que con estas medidas, los municipios que más dependen del fondo de equiparación del CRIM, como Maricao, Las Marías, Florida, Ciales y Comerío, podrían desaparecer.

“De la manera en la que el gobernador está enfrentando la crisis con respecto a los municipios, es demostrativo que no conoce cómo estos funcionan. Donde mejor se puede abordar el tema de la crisis es desde la perspectiva municipalista, que los alcaldes que están vinculados con la gente puedan participar. No hacerlo es obrar en contra de la ley federal Promesa, que busca evitar una crisis humanitaria. Ya hay crisis humanitaria”, sostuvo Ortiz.