Molestos porque el logo de su unión, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), aparece en anuncios y pancartas de candidatos al Movimiento Victoria Ciudadana (MVP), unos 13 unionados radicaron en la tarde de ayer una querella ante la Oficina del Contralor Electoral para intentar detener la fuga de los ingresos de sus cuotas para costear campañas políticas.

Evelyn Rodríguez Delgado, quien es delegada del sindicato en la escuela Leonides Morales de Lajas, afirmó que el enfado es tal que algunos de sus compañeros han comenzado a desafiliarse de la unión.

“Ni una mascarilla nos han regalado que diga SPT, pero SPT está en todos los rótulos de (Alexandra) Lúgaro y eso molesta”, afirmó la mujer, una de las 13 querellantes contra la unión.

Rodríguez Delgado insistió que el sindicato está violando la ley y que el ente, presidido por Roberto Pagán, debe saberlo. Es que destacó que en la hoja para desafiliarse aparece como causal que el sindicato esté apoyando a un partido o candidato a un puesto político.

“A eso se deben dedicar, a ayudar y, por lo menos, a que tengamos mejor calidad de trabajo. No me gusta que estén utilizando ese dinero para la campaña política”, argumentó la también candidata a legisladora municipal de San Germán por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y quien no recibe ninguna aportación del Sindicato para su campaña.

Entre otros querellantes se encuentra un empleado público que solicitó ayuda para una computadora, para poder trabajar de manera virtual, y se la negaron, así como una damnificada del huracán María que solo recibió $200 como aportación de la unión tras haber perdido su residencia.

El abogado que representa a los unionados, Carlos Sánchez, planteó que el sindicato creó el comité SPT 2020 para ayudar económicamente al MVP y a algunos candidatos a puestos políticos. Entre estos alegó que se encuentra la secretaria de acta de la directiva nacional del SPT y quien es candidata a la legislatura municipal de Toa Alta, Norma Jiménez Sánchez.

El argumento principal de los querellantes es que, “actualmente, la SPT está sufragando con las cuotas de sus afiliados una campaña política mediática en prensa, radio, televisión e internet de decenas de miles de dólares abogando por un voto a favor del MVC en las próximas elecciones generales del 3 de noviembre”, dice la querella en poder de Primera Hora.

El licenciado señaló que desconocían cuánto dinero de las cuotas ha invertido la unión en este activismo político.

Uno de los problemas que tienen los unionados para seguir el rastro del dinero es que el comité establecido por el sindicato no ha radicado, hasta el momento, informe de ingresos y gastos que den cuenta del rastro de sus cuotas, según denunció Miguel Ángel García Prado, quien también tiene radicada ante el Contralor Electoral otra querella con la misma queja. Sin embargo, este abogado se identificó como electoral.

En el caso del nuevo recurso legal, son los unionados los que reclaman que se detenga la campaña política, que notifique a los medios de comunicación que se deben eliminar todas las pautas, así como que refiera a las agencias concernidas las “violaciones crasas” a la ley que permite la creación de las uniones, la Ley número 45, y se ordene el comienzo de la desertificación del SPT como unión, ante las alegadas irregularidades, explicó Sánchez.

Es que según la Ley número 45, en su artículo 4.7, establece que se puede descertificar a una unión por “utilizar recursos económicos, lo mismo que propiedades, equipo y materiales pertenecientes a sindicatos de empleados públicos de una agencia para promover o financiar causas, intereses o actividades sindicales de trabajadores en el sector privado o de otros empleados en el sector público”.

También establece que otra causa de descertificar es por “contribuir directa o indirectamente con fondos o propiedad de la organización obrera a la elección o rechazo de un partido político o de un candidato a un puesto público de elección. Tampoco podrán utilizarse fondos o propiedad o recursos de un representante exclusivo para respaldar o rechazar instituciones, partidos políticos o candidatos que sustenten o defiendan alternativas o posiciones en cualquier evento electoral”.

Esta nueva querella tendría que ser remitida al SPT para que reaccione. Se le concederán 15 días para contestarla, que es el término que concede la ley.

Mientras, para la próxima semana ya se podría revelar la decisión que se tomó con la queja que radicó el licenciado García Prado el pasado 17 de septiembre. En la misma se solicita que se detenga la campaña política de parte del SPT hacia el MVC.

Cabe destacar que en esta querella se establece que el presidente del SPT llegó a un acuerdo con el organismo político para hacer esta campaña. El abogado sostuvo su alegato con una publicación que hizo Lúgaro en las redes sociales y en las que sostiene un documento de la unión en el que se lee “compromiso”.