Ni el gobernador Ricardo Rosselló, ni la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Será un juez de quiebras quien decida el futuro fiscal de Puerto Rico y reestructure la deuda pública de cerca de $74 mil millones luego de que el gobierno solicitara el lunes en la noche la protección del Capítulo III de la Ley federal PROMESA.

La JSF respondió de inmediato y radicó ayer la solicitud a la corte federal de Puerto Rico con una lista de 20 acreedores principales.

“Esto es una protección”, aseguró Rosselló en conferencia de prensa. “Que se coja un dinero en Hacienda para pagar un crédito, simplemente es inaceptable y responsablemente como gobernador no puedo permitir que, ante la ausencia de un acuerdo negociado, pueda ocurrir eso”, sostuvo.

Tan pronto se levantó el lunes la moratoria a las demandas de cobro, varios bonistas presentaron casos en los tribunales. Uno de ellos fue un grupo de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), que también ha librado una batalla con acreedores de las llamadas obligaciones generales (GO’s), cada quien halando para su lado.

Ahora, como en cualquier proceso de quiebra, entra una moratoria judicial, explicó el representante del gobierno ante la junta fiscal, Elías Sánchez.

Tanto el gobernador como la JSF subrayaron que pese a la radicación del proceso similar a la quiebra, podrán seguir negociando con los acreedores.

Por otra parte, Sánchez subrayó que “el tribunal no puede disponer de los activos del estado si la JSF no lo autoriza”. 

El gobernador dijo que otras entidades gubernamentales estarán también solicitando acogerse al Título III de Promesa, pero no precisó cuales serán. Más tarde, Sánchez dijo a la prensa que la Universidad de Puerto Rico (UPR) no tiene esa capacidad por no tener un plan fiscal certificado.

¿Por qué esperar hasta ahora?

Lo primero, explicaron los funcionarios, era que necesitaban tener un plan fiscal certificado. Lo segundo podría estar alrededor de dos palabras: “buena fe”.

“Tenía que haber negociaciones de buena fe (con los acreedores)”, dijo Sánchez.

“La mejor demostración de buena fe la ha dado el gobernador que hasta el último minuto, aún pasado el vencimiento de la moratoria, continuó la negociación. Ahora, hubo grupos que en el medio de la negociación, todavía negociando con el gobierno [lo] demandaron. Así que la mala fe, en este caso, vino del otro lado”, argumentó.

Sin embargo, el pago de la deuda y la oposición a un proceso de quiebras, fue una de las principales promesas de campaña del primer mandatario, y hasta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá lo recordó a través de las redes sociales con un sugestivo “antes y ahora...”.

La defensa ya estaba preparada y puesta en el comunicado de prensa que se envió a los medios: “durante las vistas de transición (...) trascendió que el déficit del Gobierno alcanza los $7,600 millones y no los $3,200 que se habían informado por la pasada Administración”, lee el texto y repitió Rosselló en la rueda de prensa. 

Ante la corte podrá haber un reto a la radicación del Título III, pero deberán hacerlo hasta 120 días después de radicado.