Decenas de afiliados a la Unión independiente Auténtica (UIA) llevaron a cabo hoy una caravana por la avenida José Celso Barbosa, en Río Piedras, frente a las oficinas centrales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para exigirle a la gerencia que cumpla con el convenio colectivo en las cláusulas de emergencia y les haga justicia salarial.

El presidente del Comité Ejecutivo de la UIA, Luis de Jesús Rivera, expuso que aun cuando la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, instruyó a todas las corporaciones públicas a que debían cumplir con los convenios colectivos en tiempos de emergencia, no se les ha pagado el incentivo de una hora y media diaria adicional a su salario regular. Reclaman que les adeudan alrededor de $7 millones.

Detalló que si un empleado se encuentra en su residencia porque no ha sido activado en tiempo de emergencia cobra su salario completo igual que aquel trabajador que se encuentra laborando.

“El empleado que está activado en tiempos de emergencia está cobrando lo mismo que el que está en la casa, no hay ningún incentivo”, observó De Jesús Rivera.

Actualmente, están trabajando durante la emergencia unos 1,300 empleados de los cuales alrededor de 800 son miembros de la UIA, de un total de 2,700.

Además, indicó que en medio de la pandemia del COVID-19 se pretende renovar del plan médico con la compañía Triple-S a partir del 1 de julio a pesar de que implica un aumento en los copagos y deducibles.

“Nosotros conseguimos uno más económico con First Medical y al día de hoy esa evaluación la autoridad se negó a acogerla”, agregó el líder sindical, quien criticó la respuesta de la AAA para cumplir con el protocolo de control de exposición al COVID-19.

Explicó que la agencia no ha coordinado adecuadamente con los alcaldes que se les realicen las pruebas para la detección de coronavirus a los empleados mientras se incorporan paulatinamente a sus labores.

“Ha sido un desbarajuste dentro de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, nunca siguieron nuestras sugerencias de coordinar con los municipios más cercanos (al empleado), no lo coordinaron y ellos están haciéndolo en las áreas de trabajo y esto ha ocasionado un problema con la reapertura de la autoridad, porque no ha sido un proceso claro ni justo para los empleados”, sostuvo.

Ante este panorama solicitaron a la gobernadora y al designado del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Rivera Santiago, una reunión de emergencia en busca de una solución al conflicto.

Cuestionan contratos

De Jesús Rivera reiteró su rechazo a la otorgación de un contrato a la empresa IBT Group para la privatización de un sistema de contadores inteligentes y de las operaciones de servicio al cliente que redundaría en despidos de empleados.

“Esto lo que pone más evidente que aquí siguen los amigos del alma saqueando al pueblo de Puerto Rico”, manifestó.

Mencionó que la empresa, presuntamente, ha sido señalada por incumplimiento de contratos, entre otras irregularidades en otros países. A finales del año pasado la gobernadora se había comprometido a evaluar sus términos tras reunirse con el liderato sindical.

Otro contrato que entienden es oneroso para la AAA, que está vigente desde el 2010, es el de la compañía Truenorth Corporation, ya que se le paga a razón de $47.50 por hora a un oficinista mientras que un empleado regular, por hacer el mismo trabajo, recibe $8.25.

“A esta compañía le pagan la secretaria, el conserje, le pagan, los gastos de lápices, los gastos de tinta, los gastos de alquiler, el gasto de agua y de luz”, señaló De Jesús Rivera.

También dijo que hay otras reclamaciones salariales que datan de 2014 que se encuentran estancadas en los tribunales las cuales le cuestan el doble o más debido a las penalidades y multas por dejarlas de pagar.