Y, en medio de la disputa, una carta en poder de Primera Hora reveló que la Oficina de Asesoramiento Legal de la Oficina del Gobernador hizo “un análisis” y concluyó que “quien ostenta la jurisdicción sobre las empresas de red de transporte” como Uber  es la Comisión.

Según este análisis, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) no debería estar otorgando permisos a la mencionada empresa.

La misiva con la opinión  fue  firmada por la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo (CT), Ingrid Rivera Rocafort, quien advierte además que las empresas de red de transporte -categoría en la que cae Uber- “no deben comenzar a operar hasta que culmine el proceso de reglamentación”. 

Esto podría echar al traste el intento de la compañía internacional de funcionar bajo la tutela del DTOP.

El caso legal

Precisamente, el lunes la empresa había solicitado al Tribunal Apelativo que cancelara la orden de cese y desista de sus operaciones que emitió el viernes la jueza Rebecca de León, por entender que estaba errada.

Según el recurso, la jueza debió reconocer el permiso provisional que le otorgó el mismo viernes  el DTOP. 

Uber arrancó operaciones en la Isla el lunes 11 de julio.

El 15 de julio sus abogados y los de la CSP acudieron al tribunal debido a que en ese momento no tenían ningún tipo de reglamentación ni permiso. Esa tarde fue que el DTOP aprobó un permiso provisional, pero no lo entregaron a tiempo por lo que se concedió la petición de la CSP de paralizar el servicio.

La CSP contestó ayer que Uber no tiene razón en acudir ante el Tribunal de Apelaciones porque no ha  demostrado que tiene un caso sólido a su favor o que sufriría daño irreparable, entre otros requisitos.

Según la CSP, si los socios conductores de Uber no pueden tener un ingreso debido a la paralización, es un problema “autoinfligido por su actitud temeraria de iniciar operaciones sin la autorización correspondiente de la CSP”.

“Una empresa comercial no puede escoger qué leyes y reglamentos cumple, ni qué agencia gubernamental es la que desea que la regule. Ésta es una función legislativa y en ausencia de un cambio en las leyes aplicables, cualquier empresa que desee establecerse en Puerto Rico tendrá que cumplir con las leyes de Puerto Rico”, argumentó la CSP.

De la misma forma, la CSP le cayó arriba al DTOP por supuestamente emitir  guías de manera incorrecta y sin cumplir con varias leyes.

Al cierre de esta edición el panel de jueces apelativos compuesto por Roberto Rodríguez Casillas, Fernando Bonilla Ortiz y Waldemar Rivera Torres no había adoptado una determinación. 

A su vez, la Federación de Taxistas también pidió la intervención del tribunal apelativo objetando las guías provisionales para empresas de red de transporte de DTOP le permitió a esa agencia aprobar un permiso provisional a Uber.

Según la Federación, el DTOP tenía que cumplir con los requisitos de notificación, participación ciudadana, y publicación, como ordena la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme o que el gobernante emitiera una certificación de emergencia, lo que no ha sucedido.

“Es evidente que estamos ante un proceso de reglamentación por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas bajo el subterfugio y denominación de reglas y normas como ‘guías’”, señaló la Federación de Taxistas. 

El panel apelativo le concedió a la Procuradora General hasta el jueves a las 2:00 de la tarde para presentar sus argumentos sobre la controversia.