Líderes comunitarios de Vieques emitieron este jueves una declaración conjunta para expresar las preocupaciones que le provoca el hecho de que la transferencia de los terrenos que utilizó la Marina de Guerra de los Estados Unidos para realizar prácticas militares haya sido incluida en el proyecto congresional que propone una junta de control fiscal para Puerto Rico. 

Según los firmantes de la declaración, son cuatro puntos los que el Congreso debe considerar antes de aprobar la medida.

“Queremos que se le devuelva al pueblo viequense los terrenos que ahora están en manos del Departamento del Interior Federal (DIF), pero exigimos la limpieza de todos los terrenos, incluyendo aquellos que están ahora bajo jurisdicción del DIF por parte de la Marina y/o cualquier otro ente responsable, según lo requiere el Comprehensive Enviromental Response, Compensation and Liability Act”, afirmaron los líderes comunitarios en una declaración aprobada ayer, miércoles. 

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El grupo también exigió al Congreso que la transferencia de tierras se realiza al Fideicomiso Comunitario de la Tierra de Vieques, el cual operaría similar al Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, en Santurce. 

“Los terrenos no deben transferirse al gobierno de Puerto Rico”, reclamaron. 

Asimismo, solicitaron una indemnización que estaría destinada al Fideicomiso, que se crearía y a los residentes de la isla municipio por la contaminación que provocaron las prácticas militares en los terrenos que utilizaron por 60 años.

El grupo, además, pidió que el Congreso conceda un presupuesto anual de $5 millones “para el manejo, mantenimiento y seguridad de los terrenos transferidos, así como la administración”. 

La declaración fue firmada por Héctor Oliveri, del Colectivo Cayo La Yayí; Carlos Ventura, de la Asociación de Pescadores; Myrna Pagán e Ismael Guadalupe, de Vidas Viequenses Valen; la legisladora municipal Elda Guadalupe; Hilda Bonilla y Zaida Torres, de Vieques en Rescate; el trabajador social Henry Gonzalez, y el maestro retirado Gregorio Feliciano. 

Como parte de la declaración, los firmantes se opusieron a la aprobación de una junta de control fiscal que esté a cargo del presupuesto de la Isla y del proceso para atender la millonaria deuda pública.

Actualmente, el proyecto que crearía la junta es evaluado por la Cámara de Representantes federal. 

Lea el proyecto