La senadora Mari Tere González coincidió este jueves con un grupo de líderes magisteriales en que el proceso que ha seguido el Departamento de Educación (DE) para cerrar y consolidar escuelas públicas ha sido errático.

La presidenta de la Comisión de Educación del Senado agregó que antes de embarcarse en este proceso en su búsqueda de economías, el organismo debió cortar sus gastos, particularmente en el área de contratos.

“Este ha sido un proceso sumamente atropellado. Como dicen los alcaldes, esto no es tiempo, ni es manera, ni es forma”, acotó la senadora por el gubernamental Partido Popular Democrático (PPD)  al salir a dialogar con Eva Ayala, portavoz de la organización Educadores por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización Sindical (Educamos), y Emilio Nieves, presidente de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Unete).

Ayala y Nieves habían llegado hasta el sótano del Capitolio para dejar en la oficina de la senadora por el distrito de Mayagüez y Aguadilla un documento donde recogieron las razones por las que impugnan el proceso de cierre y reconfiguración de escuelas. 

Los líderes magisteriales también dejaron copia de este escrito en las oficinas de la representante Brenda López de Arrarás y las senadoras de minoría Margarita Nolasco y María de Lourdes Santiago. estaban acompañados de un grupo de padres y maestras de las escuelas Santa Clara, de Aguas Buenas; Salvador Rodríguez, de Caguas; y María C. Huertas, de Comerío.

González agregó que durante las visitas que ha realizado a varias escuelas de su distrito ha notado que muchas no cumplen con los parámetros establecidos para ser cerradas. Asimismo, agregó que el DE tiene otras opciones para lograr economías antes de cerrar 93 escuelas.

“La economía sería examinar y reevaluar la contratación de corporaciones privadas que ofrecen servicios de tutorías a través de fondos federales y de corporaciones privadas que le ofrecen servicios de educación especial. También habría que reevaluar la contratación de compañías foráneas que no tienen representantes en Puerto Rico para reestructurar o rediseñar el Departamento de Educación”, enumeró la legisladora. 

González expuso que ella ha intentado reunirse con el secretario de Educación, Rafael Román, pero todavía ese junte no se ha dado. De la misma forma, señaló que otros compañeros legisladores también interesan dialogar con Román.

“Nosotros hemos estado detrás de él hace dos semanas. Le pedimos un informe bien detallado. Él iba a venir a la vista de presupuesto del Senado pero fue cancelada. Yo quería estar en esa vista para hablar con él. Si no lo podemos conseguir, de alguna manera hay de interpelarlo”, declaró González al referirse al proceso para obligar al secretario Román a venir a la legislatura.

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Por su parte, Ayala y Nieves explicaron que el proceso de cierre y consolidación de escuelas está lleno de violaciones a la Ley Orgánica del DE (Ley 149 de 1999) y las cartas circulares 24 y 25. Señalaron que su intención al llegar al Capitolio era pedir que los legisladores hagan una investigación “con carácter de urgencia”.

“Es evidente que lo que estamos haciendo en el día de hoy es señalarle a los legisladores del país que el cierre y reconfiguración de escuelas tiene varios efectos. Uno: tiene efectos sociales y académicos y lo otro es que tiene unas violaciones a las cartas circulares y a la ley orgánica del Departamento de Educación", dijo Nieves.

"En ese contexto, las acciones del legislativo que esperamos que se desarrollen es que actúen con urgencia para detener el cierre. Detener este proceso que ha sido atropellado, y que empecemos en agosto la discusión de toda esta situación. Tal como lo ha hecho el secretario no puede implantarse”, agregó el presidente de la Unete, quien dejó claro que no se oponen al cierre de escuelas sino a la manera atropellada en que se ha realizado este proceso.

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