El comité ejecutivo de la organización bonafide de Empleados Civiles Organizados (ECO), le solicitó este viernes al superintendente de la Policía, José Caldero, que evalúe recortes presupuestarios en los renglones de los contratistas, gerenciales y reservistas antes de reducirles beneficios a sus socios. 

La exhortación la hace luego de que ayer, jueves, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista, anticipara que el gobierno proyecta recortar 15 horas a la nómina mensual de empleados públicos que no sean policías, maestros, ni oficiales correccionales.

De inmediato, el superintendente de la Policía anticipó que si el gobierno le requiere hacer recortes se afectarían los servicios administrativos y los empleados civiles. Sin embargo, aseguró que no se vislumbra ningún recorte presupuestario significativo para el próximo año fiscal.

José Javier Ortiz, tesorero de ECO, le recomendó a la agencia que, en vez de afectar a empleados administrativos y civiles, no le debe renovar los contratos a los 1,600 reservistas que laboran en la agencia cuando los mismos venzan, el próximo 30 de junio, como medida para ahorrar $16 millones anuales en el presupuesto. 

“Los reservistas son policías retirados que ya cobran una pensión, así que la Policía puede prescindir de sus servicios. Además, ellos pueden buscarse otros trabajos en tiendas por departamento u otros lugares, porque la mayoría de ellos ya ha pagado sus casas, a diferencia de los empleados civiles unionados”, sostuvo Ortiz en entrevista con este medio. 

Ortiz reveló también que en la Academia de la Policía se les asignó un vehículo oficial, con sus gastos de gasolina, peaje y mantenimiento pagos, a cuatro reservistas que laboran como ayudantes de cocina, los cuales utilizan el vehículo Suzuki Baleno, con la tablilla 27558. Esto, a su juicio, implica un gasto adicional. 

El portavoz del gremio insistió en el uso desmedido de los vehículos oficiales las 24 horas por parte de los oficiales de la agencia en contravención con las directrices impartidas por el gobernador Alejandro García Padilla. 

También pidió que se evalúe una reducción salarial a los empleados gerenciales, a los abogados contratados, a la relacionista pública de la agencia y al director de la Oficina de Prensa, entre otros. 

“Nosotros los unionados vivimos de quincena a quincena, pagamos casa, vehículos, escuelas, son madres solteras, también padres que pagan pensión”, expresó el portavoz de la unión. 

En la Policía, laboran alrededor de 600 empleados civiles. Mientras, un promedio de 2,500 agentes realizan labores de empleados civiles, los cuales cobran un salario superior al que se le pagaría a cualquier trabajador que lleve a cabo esas funciones, según denunció Ortiz. 

“Estos policías juramentaron para velar vidas y propiedades y habría que reunirse con ellos y preguntarles si quieren ser policías o empleados civiles. Hay agentes que ganan el doble del salario que un empleado haciendo funciones de mantenimiento. Un sargento que trabaja como guardia de almacén cobra un promedio de $3,000, mientras que esa plaza paga $2,000. O se van para la calle o que renuncien a la Policía”, sentenció Ortiz. 

El portavoz insistió en que el superintendente no les puede reducir su jornada salarial de manera arbitraria.

“Si hay una reducción de jornada laboral o un cierre del gobierno el superintendente se tiene que sentar con los 600 empleados unionados a negociar, porque no puede tomar decisiones arbitrarias con los unionados”, opinó Ortiz. 

Otra de las sugerencias sometidas por el gremio es que se elimine el servicio de almuerzos y cenas a los policías que viven en el dormitorio del Cuartel General en Hato Rey. Anualmente, se invierte un promedio de $400,000 en estos servicios, incluyendo la transportación de los alimentos desde la Academia de la Policía. 

Detalló que diariamente se despachan 400 platos de alimentos, los cuales son transportados por dos policías. 

Otra opción sería negociar un contrato con la cafetería que opera en el sótano de la agencia para comprar los servicios a $5 cada uno, lo que implicaría un ahorro de $200,000.

El presidente de ECO, Jorge Méndez, se encuentra fuera de Puerto Rico asistiendo a una convención.