Las recomendaciones emitidas anoche por la Junta de Supervisión Fiscal han sido duramente criticadas hoy por figuras del mundo político y por grupos como uniones obreras.

Las propuestas incluyen reducción del gobierno y de la nómina hasta en un 30%, bajar las pensiones de los jubilados en un 10%, un recorte de $300 millones al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y aumentar la captación contributiva.

Lea la carta de la junta

Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME dijo que las propuestas de la junta son un golpe al pueblo

“Sus propuestas van a asfixiar a la clase trabajadora del país, a nuestros ancianos, niños, las personas enfermas, discapacitadas, nuestros jubilados a la clase más vulnerable de nuestro país;  la crisis social y humanitaria en PR será una sin precedentes y la economía va a colapsar aún más", dijo Annette González, presidenta de SPUPR.

La líder sindical planteó que siempre están buscando implantar las mismas soluciones esperando resultados diferentes. "Privatización, despidos de empleados, reducción del Gobierno, eliminación de servicios a los pobres y más necesitados de este país, atacar las pensiones. Siempre lo mismo. La misma receta que la vimos con la Ley 7 y la Ley 3;  no resultó entonces y no va a resultar ahora. Ese no es el camino correcto y ellos lo saben. No hay forma de reactivar la economía, asfixiando los bolsillos de los trabajadores. Si no hay poder adquisitivo no hay dinero moviéndose y sí no hay dinero moviéndose no se puede reactivar la economía" explicó la sindicalista.

González enfatizó en que es inaceptable realizar una reducción de un 30% en la nómina gubernamental, eso implicaría mandar a la calle a miles y miles de padres y madres de familia del sector público de PR aumentando así el desempleo, aumentando la dependencia a las ayudas del gobierno, empobreciendo a los puertorriqueños y destruyendo el servicio público.

"Seguir despidiendo empleados públicos tiene un efecto dominó en nuestra sociedad, el servicio público colapsa, aumenta el desempleo, no hay dinero para consumir y el sector privado se afectaría aún más.” indicó.

Para SPU otro factor bien preocupante es la reducción de un 10% propuesta en las pensiones. "La mayoría de nuestros pensionados reciben pensiones tan bajas,  que apenas les permite sobrevivir. Un nuevo asalto en su sustento significaría empobrecerlos, quebrantar su único ingreso, transferir la responsabilidad de sus actos a otros, si es que tienen familia y llevar a estos miles y miles de puertorriqueños puertorriqueñas a arriesgar su salud y seguridad sin ninguna contemplación", dijo.

Además, para el sindicato los recortes para el sistema de salud son irracionales.

 “Gobernador: no tome estas propuestas como manera de transferir responsabilidades de sus actos para de esta forma achacar los despidos a la Junta de Control Fiscal y no a su Gobierno. Aceptar los despidos, los alarmantes recortes a la salud, a la educación y los recortes en pensiones para nuestros ancianos es hacerse cómplice de esa atrocidad. No podemos permitir que Puerto Rico se convierta en otro Detroit, donde la destrucción, el abandono y la pobreza arropan lo que queda de dicha ciudad." explicó la líder de SPU, que representa a  sobre 13,000 empleados públicos de 10 agencias del Gobierno Central. 

“El país merece saber la posición clara del gobernador Ricardo Rosselló y el liderato del PNP sobre las recomendaciones que presentó ayer la Junta de Supervisión Fiscal”, advirtió Ortiz.

La JSF dio a conocer ayer las recomendaciones para lograr una reducción de gastos y aumento en recaudos en el gobierno de aproximadamente $4,500 millones entre los años fiscales 2018 y 2019. Estas medidas incluyen una reducción de $1,000 millones en la Reforma de Salud, una reducción de 10% de la nómina de pensionados, eliminación de subsidios municipales y un recorte del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico de $300 millones.

"Los compañeros demócratas del gobernador Rosselló están claros sobre las nefastas y posiblemente mortales consecuencias de eliminar Obamacare, pero el pueblo de Puerto Rico no está claro si al igual que la Comisionada Residente, el gobernador Rosselló apoya esta medida," sentenció Ortiz. 

El legislador además levantó la voz de alerta sobre el impacto económico que tendría sobre la isla el que se afecte tan importante sector.

"La industria de la salud en Puerto Rico  representa cerca de 18% del PNB y más de 85 mil empleos. Hay que buscar la manera de evitar que el impacto al país sea doble y que perdamos acceso a la salud para nuestra gente a la vez que se destruye uno de los principales motores de nuestra economía, máxime en estos momentos de crisis", concluyó Ortiz.

Mientras, anoche el exgobernador Alejandro García Padilla dijo que eran injustificables las guías que establece el organismo federal.

“Estoy consternado con lo que la Junta propone para el país en su carta. Aunque en la misiva validan nuevamente los números fiscales informados por mi administración y la magnitud de los retos económicos que enfrentamos, las guías que establecen para recuperarnos de la crisis son injustificables, dijo García Padilla en un comunicado de prensa.

“No es aceptable que condicionen el extender el periodo de paralización de litigios, lo que protege actualmente los servicios que reciben los puertorriqueños, a cambio de más sacrificios. Promesa nos ofrece las herramientas para enfrentar la crisis fiscal, pero esas herramientas no pueden usarse para hundir a Puerto Rico en la ruta de la austeridad y el sufrimiento, particularmente cuando la propia Junta admite que su plan es desviar recursos de servicios esenciales para pagarle a los bonistas. Los puertorriqueños ya han puesto demasiado sobre la mesa”, agregó.