Un nuevo reglamento que busca agilizar el proceso de los pagos y reembolsos a los abogados de oficio, así como atender las quejas de los letrados sobre la distribución de los casos y la carga excesiva de trabajo, entrará en vigor en julio de 2019.

Según informaron la jueza Maritere Colón Domínguez, directora auxiliar de los Tribunales, y la abogada Verónica Vélez Acevedo, directora del Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, se trata del Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico.

La licenciada Vélez Acevedo destacó que esta nueva regulación busca atender “las asignaciones de oficio en casos penales y civiles de forma equitativa, uniforme y estandarizada, predicado en un sistema mecanizado que va a viabilizar que los abogados que reciban asignaciones de oficio estén inmersos en un proceso que ya viene previamente depurado”.

Las funcionarias explicaron que ahora será el Tribunal Supremo el que determinará cuáles abogados serán eximidos de ver casos de personas indigentes. Además, permitirá que los abogados que trabajen para organizaciones sin fines de lucro, como Pro-Bono, puedan reclamar que ya realizan labor voluntaria y se les excluya de atender otros casos.

El nuevo reglamento también permitirá a los letrados solicitar reembolsos mensuales de gastos incurridos, o solicitar el pago de honorarios antes de que culmine el caso.

La jueza comentó que estos cambios atenderán las quejas que hicieron varios abogados de oficio a Primera Hora sobre la carga de trabajo y la inversión de dinero que realizan para atender casos de personas que no pueden pagar por sus servicios.

Por otro lado, el portavoz de prensa de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José Luis Cedeño, confirmó que la desviación de fondos destinados a pagar a los abogados de oficio fueron usados para costear las rentas de las Fiscalías.

Explicó que el proceso que se realizó “es tan reciente” que todavía el documento no es público.

Cedeño confirmó que Justicia hizo la petición a la JSF –para la reutilización de los fondos para Fiscalía– el 3 de octubre pasado, el mismo día que el Departamento de Hacienda, tras una reunión del Fondo de Acceso a la Justicia, reveló que el dinero presupuestado que no había sido reclamados se destinaron a otras obligaciones.

La transacción fue avalada por el ente fiscal el pasado 10 de octubre.