El juez Josian Rivera Torres, del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Guayama, ordenó hoy, so pena de desacato, demoler otras construcciones realizadas sin los permisos de construcción y endosos correspondientes en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina Bahía de Jobos, en Salinas.

La orden fue emitida contra el matrimonio compuesto por Pablo Vergara Ramos y Judith Rivera, a quienes se les requirió paralizar permanentemente el uso de la estructura. Según se desprende de la demanda radicada contra el matrimonio por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), estos “mantenían y disfrutaban de ciertas construcciones en el Camino los Indios, Sector Las Mareas, sin los permisos ni autorizaciones correspondientes”.

Las construcciones, realizadas en la zona declarada como Reserva Natural federal, fueron descritas como una estructura en cemento de un piso montada en columnas, un muelle pequeño, una columna de toma de luz con contador, un portón de acceso construido en acero galvanizado y madera y en los alrededores con verja de alambre eslabonado con zapata de acero.

El togado estableció un término de 30 días para la demolición de las esctructuras.

”En atención a lo dispuesto por el Tribunal, se apercibe a cada una de las partes y a cualquier otra persona que el incumplimiento con la presente Orden podrá constituir desacato civil o criminal. Además, el desacato a esta Orden podría conllevar que se ordene su arresto y a ser sentenciados a pagar una multa que no exceda de quinientos (500) dólares y podrán ser encarcelados por un tiempo que no exceda de seis (6) meses”, advirtió el juez Rivera Torres.

Por su parte, la titular del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, anticipó que “todos los casos que ya tenemos en corte por las estructuras ilegales en esta Reserva correrán la misma suerte que el resuelto hoy”.

“Seguimos enfocados en salvaguardar el patrimonio natural para las generaciones presentes y futuras, y asegurar que el desarrollo en nuestra isla se realice de forma responsable y sostenible. Esta sentencia es un paso más en nuestra misión de conservar y proteger nuestro entorno”, aseguró.

La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón reiteró a través de un comunicado de prensa el compromiso de toda la administración municipal en hacer cumplir las leyes y reglamentos vigentes. “Ciertamente todos estos procesos son meticulosos y técnicos, por eso continuamos trabajando de la mano con el DRNA. Tal y como le habíamos comunicado al pueblo salinense: se va a hacer justicia. Lo que hoy estamos anunciando es ejemplo de ello”.

La determinación legal ocurre luego de un recurso radicado en conjunto entre el DRNA y Salinas.

El pasado mes de octubre, una determinación similar fue emitida contra el ingeniero Ángel Rodríguez Sánchez y Miguel A. Flores Torres. Flores Torres era el propietario de unas estructuras que ubicaban en la referida zona, y Rodríguez Sánchez fue el ingeniero que firmó un permiso de uso.

En diciembre pasado, también relacionado a este caso, las autoridades federales presentaron dos acusaciones separadas contra tres individuos por violaciones a la Ley de Agua Limpia en la Bahía Jobos. Se acusó a Rafael Carballo Díaz y Nathaniel Hernández Claudio por descargar material de relleno ilegalmente en los humedales. También se acusó a Awildo Jiménez Mercado por construir un muelle sin autorización.