El grupo de transición de los gobiernos de Jenniffer González y Pedro Pierluisi elevaron este martes un debate público sobre los problemas que se han tenido en este proceso de cambio de administración.

La situación es tal que la representante de González Colón, Verónica Ferraiuoli, resumió que, a su entender, cuando la nueva administración asuma las riendas el próximo 2 de enero, se enterarán de las controversias “cuando exploten”.

La abogada habló, específicamente, de información oculta o incorrecta que los ha llevado a iniciar vistas ejecutivas para aclarar y obtener datos certeros de los jefes de agencias.

Mientras, el presidente del comité de transición del gobierno saliente, Omar Marrero, alegó que han actuado con transparencia y eficacia. Señaló que, en esencia, han brindado todos los datos, según lo requiere la ley.

El debate ocurrió principalmente ante una reunión ejecutiva que tuvo que realizar el comité de transición, en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce, con la secretaria de Corrección, Ana Escobar, por haber suministrado información “incorrecta”, según calificó Ferraiuoli.

El grupo también atendió a la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán, para discutir el impacto que tendría en el consumidor el cambio de contadores análogos a inteligentes.

Mientras, mañana habrá otra reunión ejecutiva con la Administración de Servicios de Salud (ASES) para ser preguntados por información que proveyeron y ha sido desmentida sobre su capacidad financiera.

Parte de los problemas que señaló el grupo de González Colón trascendió porque, luego de la vista pública en la que Escobar se presentó, la empresa UTICORP, que investigó la controversia con el reo Hermes Ávila Vázquez -quien obtuvo un pase extendido por enfermedades que no eran reales y mató a una mujer mientras se encontraba en libertad-, envió una carta al comité de transición para refutar información vertida por la funcionaria.

En esencia, se trataba de una clarificación de las credenciales profesionales de sus representantes, el abogado Jorge Galva y la doctora Sylvette Rivera García.

A juicio de Rivera García, la postura de la secretaria en esta transición fue para “restar credibilidad a los informes de UTICORP, a su equipo de trabajo, y sus asesores, tanto legales como clínicos, poniendo en duda nuestra ejecutoria y nuestras credenciales”.

“Es evidente que las expresiones de la secretaria Escobar fueron realizadas con la intención expresa de desviar la atención sobre los fallos e incompetencia de su gestión directiva y para esconder su mediocridad y la negligencia sobre situaciones de alta importancia debidamente detectadas e informadas directamente a la señora Ana Escobar y a su equipo de trabajo”, enfatiza la misiva.

Escobar no estuvo disponible a la prensa para atender preguntas de esta controversia con UTICORP.

Sin embargo, Ferraiuoli manifestó que “ella nos informa que desconocía” que Galva era abogado y que la Rivera García era médico certificada.

Se informó que el director legal de Corrección asumió la responsabilidad por las equivocaciones cometidas por Escobar.

Pero, la situación abrió la puerta para que el grupo de González se quejara, porque muchos datos importantes sobre las agencias los han conocido por la prensa y no porque los jefes de agencias lo hayan revelado voluntariamente en las vistas.

“Me sorprendió ver en el periódico que ASEM (Administración de Servicios Médicos) tenía un señalamiento muy serio por una deuda que no había incluido en sus estados y que no había incluido en su informe de transición, ni siquiera que eso estaba a punto de publicarse. Seguimos dándonos cuenta que nosotros entendemos que se debía haber notificado, que no se notificó. El asunto del fluoruro en el agua, eso es algo que a todo el mundo (pensaría). ¿Quién aquí, levante la mano, hubiese pensado que no se le estaba echando fluoruro en el agua? Estoy segura que si le hubiese preguntado, me hubiese dicho que no se le estaba echando, pero cómo a uno se le va a ocurrir preguntar algo que uno piensa que es tan obvio”, manifestó.

La abogada añadió que “la palabra en inglés es ‘disheartening’ (falta de confianza). ¿Tú sabes? Queremos llevar un proceso bien abierto. Queremos que nos traigan la información para poder saber lo que ya este gobierno ha hecho, poder continuarlo y poner en vigor las iniciativas de la gobernadora electa. Y cada vez que ocurre algo así, pues, obviamente nos hace dudar de muchas otras cosas que pueden estar ocurriendo, que no nos enteramos, que nos enteraremos en enero cuando exploten, que no es lo que queremos”.

Primera Hora le preguntó directamente a Marrero si están ocultando, mintiendo o suministrando a medias información en este proceso de transición.

La respuesta del funcionario fue que “no vamos a entrar en que si se está mintiendo”. Indicó que su postura es ser diplomático, según lo establece su cargo de secretario de Estado.

“Tenemos una función pública que estamos haciendo. Ellos tienen una función pública que están haciendo. Yo no voy a entrar en que alguien está mintiendo o que tienen un ánimo prevenido o que quieren una agenda. Yo no voy a entrar en eso. Al final del día, pidieron una información, se suplió, hay unas clarificaciones que se necesitaban, se atendieron y todo dentro del marco de la ley 197 del proceso de transición ordenado. De eso es que se está hablando. Si interpretaron algo de una manera, yo no voy a entrar en por qué se entendió de una manera o por qué están concluyendo de una manera. Yo no voy a suponer o pretender a adscribir algún prejuicio. En eso no estamos”, puntualizó.

Indicó que, si el grupo de González tiene problemas con las especificaciones que tiene la ley 197, que regula el proceso de transición, puede proponer enmendarla durante el próximo cuatrienio.

Más allá de la controversia, la vista de Corrección concluyó con que la próxima administración se lleva la asignación de evaluar la necesidad de cancelar el contrato de Physician Correctional.

Ferraiuoli alegó que la empresa pudiese no estar cumpliendo con las métricas establecidas por el Tribunal federal para dar servicios a los confinados.

“Si eso no se está dando, si no se está dando el servicio necesario, pues esa no es la compañía que tenemos que tener allí”, sostuvo.

Comentó, además, que “durante el proceso de este año de primarias y de elecciones, nos pudimos reunir con muchos representantes de los empleados de Corrección, de los mismos presos, y se nos trajo a colación situaciones con salud correccional que deben ser revisados. Sabemos que vamos a tener este plan correccional, pero tiene que haber una revisión de los procesos y de los servicios que está dando esta compañía una vez que estemos allí”.

Además, se informó que, en la vista ejecutiva, Escobar informó de la cancelación de un contrato de seguridad a una institución en la que ya no había presidiarios.

El representante de González, César Alvarado, reveló que Corrección pagó alrededor de $500,000, de un contrato de $1.1 millones, para vigilar a unos confinados inexistentes.

“Era una cárcel, una prisión, donde no había nadie y se estaban pagando por estos servicios de seguridad interna de la institución”, explicó Ferraiuoli.