Tremendo despelote en compras del Departamento de Salud relacionadas al COVID-19 se desprende de un informe que divulgó este miércoles la Contraloría de Puerto Rico.

El informe que cubre del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2021, señala deficiencias vinculadas con la adquisición, desembolsos, y recibo de bienes y servicios en cuanto a las operaciones del Fondo de Ayuda para el Coronavirus del Departamento de Salud tras la declaración de estado de emergencia el 12 de marzo de 2020.

Indica que Salud recibió $30,314,738 en fondos estatales y emitió 82 órdenes de compra por $28,921,141. Con las órdenes de compra se adquirieron materiales de limpieza y desinfección, equipo médico, medicamentos, pruebas de detección de COVID-19 y reactivos para las pruebas, entre otros artículos.

Los auditores de la Contraloría identificaron órdenes de compra sin la cláusula sobre las penalidades en caso de entregas tardías, sin la fecha de entrega de los materiales comprados, y sin la recomendación del administrador auxiliar de Adquisiciones, ni la autorización del oficial de licitación de la Administración de Servicios Generales, según estipula la Ley 73-2019 y la Carta Circular de Servicios Generales 2020-07.

Además, algunas órdenes de compra se realizaron con el formulario incorrecto y los expedientes carecían de la evidencia de haber obtenido cotizaciones de al menos tres proveedores. Según la Contraloría, dicha situación privó a Salud de considerar ofertas de otros proveedores -se pudo haber adquirido bienes distintos y cantidades contrarias a las necesitadas- y se privó a Servicios Generales el determinar si los bienes y servicios eran propios de la emergencia.

En la auditoría también se detectó que en el 35% de las órdenes de compra se recibieron los bienes hasta 12 semanas después de la fecha acordada, en el 15% los bienes fueron recibidos por funcionarios sin el nombramiento de receptor de Servicios Generales, y en el 40% no se encontró evidencia del recibo de los bienes. Esta situación, según la Contraloría, provocó que Salud no contara con evidencia sobre el recibo de los bienes, y pudo ocasionar la pérdida de materiales o equipo recibido.

Además, el informe menciona que Salud pagó por adelantado el 100% de dos órdenes de compra por $3,667,500 para adquirir pruebas de COVID-19, en vez del 60% solicitado por el proveedor en la cotización. También, que la agencia pagó $17,550 por hand sanitizers que no se recibieron, ni se encontró evidencia de haberle reclamado al proveedor.

“Aunque este informe incluye varias situaciones relacionadas con el manejo de los fondos COVID-19, reconocemos el esfuerzo de los funcionarios y los empleados del Departamento de Salud para atender los retos y las dificultades que esta situación trajo”, expresó en declaraciones escritas la contralora Yesmín M. Valdivieso sobre la auditoría.

Durante el periodo auditado, el cargo de secretario de Salud lo ocuparon Rafael Rodríguez Mercado, Concepción Quiñones de Longo, Lorenzo González Feliciano y Carlos R. Mellado López, actual secretario.

Como subsecretarios fungieron Iris R. Cardona Gerena, Félix D. Rodríguez Schmidt y Concepción Quiñones de Longo; y como secretarios auxiliares de Administración fungieron Adil Rosa Rivera, Jorge L. Sánchez Rodríguez, Johnny Colón González y Esther Pérez Jusino.

Como directoras de la oficina de Compras y Subastas fungieron Diana Meléndez Díaz y Magaly Tavares Monegro; como gerentes fiscales Hugo Jiménez Arroyo, Velmary Martínez Yace y Esther Pérez Jusino; y como directoras generales de Finanzas Velmary Martínez Yace y Antonia De Jesús Santos.

Como directores de Servicios Generales fungieron Juan Reyes Sálamo y María del C. Molina Berríos.

El informe también menciona a María De la Rosa Pérez, quien era la directora interina de la oficina de Finanzas del Hospital Universitario Ramón Ruíz Arnau durante el periodo auditado.