Un grupo de transportistas escolares demandó al Gobierno de Puerto Rico en el Tribunal Federal reclamando que declare nula la cancelación de sus contratos por parte del Departamento de Educación y emita un interdicto contra el titular de dicha agencia que le impida cancelar los mismos bajo el nuevo régimen dispuesto por la polémica Ley 66.

Los transportistas, 19 en total, alegan que la aplicación de la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno a sus negocios, viola la Constitución de Estados Unidos y que además el Departamento de Educación (DE) viola la propia Ley 66 al aplicarle a ellos sus disposiciones.

Sostienen que tras aprobarse la Ley 66, el secretario de Educación, Rafael Román, les envió cartas cancelando todos los contratos existentes. Luego de eso, añaden, se les convocó a una reunión para informarles sobre las fechas para responder a las solicitudes de propuestas que emitiría el Departamento para ofrecer esos servicios.

Argumentan además que el nuevo reglamento para la transportación del DE, en el que se fundamentará la nueva contratación, se aprobó sin cumplir con los requisitos que establece la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, por lo que cuestionan su validez.

Solicitan entonces al Tribunal que emita una sentencia declaratoria en la que establezca que la Constitución de Estados Unidos prohíbe a los estados aprobar leyes que debiliten o eliminen la obligatoriedad de los contratos y que declare nula la cancelación de los suyos contratos por parte del DE.

Reclaman igualmente que la propia Ley 66 exime de sus disposiciones los contratos de servicios profesionales de salud y familia que son provistos directamente a niños y personas de mayor edad, como los que ellos ofrecen a niños de edad escolar.

Tras alegar que mantener la cancelación y el proceso de renegociación de los contratos creará daño irreparable a los demandantes, los transportistas solicitan al Tribunal que emita un interdicto permanente contra el DE prohibiéndole la cancelación de los mismos y la aplicación del nuevo reglamento de transportación.

Además del secretario de Educación, Rafael Román, aparecen como demandados el gobernador Alejandro García Padilla y el secretario de Justicia, César Miranda, ambos en su carácter como oficiales del Gobierno de Puerto Rico.