Doña Elena Ubiles llevaba más de una hora sentada en la parada de guaguas del terminal de porteadores públicos del casco urbano de Río Piedras esperando por algún conductor que la llevara de vuelta a una zona cercana a su casa en el residencial San Martín. Pero el transporte público nunca llegó. Tampoco tenía la opción de recurrir a la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), pues este servicio -al igual que el del tren por medio de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI)- continúan inoperantes a pesar de que el martes comenzó la tercera fase de reapertura económica y comercial en medio de la crisis suscitada por la pandemia de la COVID-19.

El sol calentaba a nivel de asfixia, pero doña Elena -una anciana de 75 años- no tuvo más remedio que echarse a andar una distancia considerable hasta llegar a un taller de mecánica cercano al Hospital San Francisco, de Río Piedras, para tantear la posibilidad de que el dueño del negocio le diera pon hasta su casa. El recorrido de este trayecto de entre 800 y 1,000 metros toma de unos 10 a 12 minutos caminando.

“Esto (de que no haya transporte público) me ha afectado bastante… yo me trato con los médicos de aquí (casco urbano de Río Piedras) y tuve que venir para hacer estas diligencias, pero para ir para allá (a su hogar) no hay guagua y vivo bastante lejos como para irme a pie… me tiraré por ahí para abajo hasta detrás del hospital a ver si ese señor mecánico que conozco me hace el favor y me lleva”, explicó la mujer a Primera Hora poco antes de iniciar su rumbo el pasado lunes cuando todavía no había entrado en vigor la orden ejecutiva que, luego de tres meses de inactividad por la pandemia, dio luz verde a los cerca de 1,000 porteadores públicos (choferes de guaguas) a reincorporarse a la fuerza laboral.

Nunca supimos si la septuagenaria llegó en buen estado a su destino y si pudo localizar a una persona que la llevara a su residencia.

En el terminal donde estaba doña Elena había otro puñado de ciudadanos esperando por un medio de transporte colectivo. Todos se aferraban a la esperanza de que apareciera algún chofer de guagua pública, pues les habían comentado que algunos de estos habían comenzado a operar, aun cuando el gobierno no les había dado autorización. Otros buscaban métodos alternos, como llamar a un taxi o a Uber para llegar a sus destinos, pero lamentaban el gasto extremo que representaba para sus bolsillos recurrir a estos medios de transporte.

Entre el grupo estaba Laura Pacheco, quien labora hace más de dos décadas para una clínica dental de la zona riopedrense a la que acostumbra a llegar en transporte público. Una vez reiniciadas las operaciones en su centro de trabajo para Laura ha sido un dolor de cabeza diario conseguir cómo llegar al lugar. En ocasiones su hija -quien sale de trabajar a las 5:00 de la mañana- interrumpe sus horas de descanso y le hace el favor.

“A mí, en lo particular, esto me ha afectado. He llegado tarde en ocasiones… uno tiene que estar buscando Uber sin tener el dinero para eso… es bueno que ya les den el visto bueno a los transportes colectivos para que, con sus debidas precauciones, ejerzan su labor”, expresó la obrera que ha tenido que invertir hasta $20 diarios en el transporte privado, cuando de ordinario el costo de este trámite no sobrepasa los $2 si utilizara las otras opciones de transporte público que hay en el país.

Doña Elena y Laura son parte de las 45,000 personas en Puerto Rico que diariamente utilizan las llamadas guaguas “pisicorres” para movilizarse a realizar diligencias o llegar a sus centros de trabajo, según cifras ofrecidas a Primera Hora por el presidente del Negociado de Transporte, Luis Damián García Fraga.

Ese número de pasajeros aumenta dramáticamente cuando se trata de los clientes de ATI (tren urbano) y de la AMA, según pudo corroborar este medio con el director ejecutivo de ambas dependencias de transporte, Josué Menéndez.

Se estima que solo en el tren se reciben mensualmente 500 mil clientes, mientras que los autobuses de la AMA ofrecen el servicio a unas 250 mil personas en este mismo periodo. Cabe destacar que la AMA y el tren son sistemas limitados a pueblos de la zona metropolitana entre Bayamón y San Juan. Estos últimos medios de transporte colectivo no han sido incluidos -ni siquiera mencionados- para reiniciar operaciones en la cuarta fase de reapertura económica estimada para el 1 de julio, aun cuando la necesidad es imperante y afecta particularmente a poblaciones vulnerables de nuestra sociedad.

Desatendido el sector

La catedrática y expresidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Palmira Ríos, ha reflexionado en torno a las acciones gubernamentales frente a las vulnerabilidades en el contexto de la pandemia, y en ese análisis transversal ha identificado que, el acceso a transportes colectivos ha sido uno de los factores ignorados por el estado al momento de aplicar políticas públicas o decisiones determinantes para dar frente a la propagación del coronavirus.

“Esta crisis salubrista ha dejado al descubierto una crisis social, amplia y compleja, donde todos los aspectos de la vida se están viendo afectados. Pero los sectores que ya eran vulnerables por factores de desigualdad han quedado desatendidos… vemos como dentro de la discusión de la pandemia nadie se sentó a la mesa para decir o cuestionar: ‘¿qué vamos a hacer con la transportación pública? ¿cómo se va a asegurar que las personas que necesiten estos servicios tengan acceso a ellos?’. La mirada del manejo de la emergencia no debe fomentarse como una de reacción para actuar después que ocurren los desastres o las crisis, sino de una forma preventiva y en la que siempre se garanticen los servicios esenciales. Y la transportación pública debe incluirse en ese esquema de acción pública porque no se puede actuar pensando como si todo el mundo tuviera carro… aquí hay una población vulnerable que, diariamente, necesitó ese servicio, incluso, para poder comprar alimentos o buscar servicios de salud”, sostuvo la también activista y profesora de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

De hecho, hace cuatro años Ríos participó de una conferencia generada desde la Escuela Graduada de Planificación de la UPR, en Río Piedras, en la que se analizó la “Movilidad y Equidad: Retos para la Planificación y Política Pública sobre el transporte sustentable en Puerto Rico”. Para entonces, en la isla se estimaba que un 45.4% de los puertorriqueños vivía bajo un nivel de pobreza y que, tomando esos datos como base, el gobierno debía considerar los servicios como el de transporte colectivo como un derecho para cerrar las brechas de desigualdad.

Se estipuló, además, que 2.7% de la población de la isla en muchas instancias utiliza las guaguas públicas, autobuses o tren urbano para llegar a sus trabajos, según un estudio liderado por la profesora Criseida Navarro Díaz. Los hallazgos determinaron que las personas que utilizan transporte colectivo para ir al trabajo se tardan 66% más en llegar que los que tienen auto. Además, aquellos que a diario utilizan el transporte público ganan un 30% menos que quienes tienen un vehículo.

“Los problemas en la transportación pública en Puerto Rico son viejos y ahora vemos que se agravaron con la pandemia… solo espero que el gobierno atienda la situación y lo haga con una mirada en la que se busque el desarrollo de la infraestructura de los sistemas de transporte más eficientes, confiables y sostenible para el planeta y el ambiente… hay que procurar políticas públicas adecuadas”, acotó.

Protocolos de seguridad

El presidente del Negociado de Transporte – entidad que regula a los porteadores públicos, los taxis, Uber, limosinas, entre otros servicios- reconoció el impacto que tuvo la falta de servicios como las “pisicorres” durante los pasados tres meses, “sobretodo para aquellos más humildes que no tienen para pagar un carro, taxis o Uber”.

Los servicios de taxis y Uber nunca dejaron de operar durante la cuarentena, aunque la merma en estos servicios descendió en más de un 80% ante la falta de clientela.

“Coincido en que hay que reabrir (los servicios) pero tomando medidas de seguridad necesaria para los ciudadanos… entiendo que este mes o a principio del otro se pueda ir considerando abrir al mercado el transporte colectivo”, expresó García Fraga al mencionar que el factor epidemiológico (niveles de contagio) durante las próximas semanas será determinante.

Indicó que mantiene conversaciones con líderes de los diversos métodos de transporte que se regulan a través del Negociado y todos han establecido protocolos de salud y seguridad que han sido entregados al Departamento del Trabajo.

En el caso de los taxis, explicó, algunos le han comunicado que han colocado barreras de plástico entre los asientos delanteros y traseros. Expresó que los choferes de guaguas públicas pudieran emular este método de prevención. Agregó que el uso de mascarillas sería compulsorio tanto para operadores como pasajeros y sugirió que los vehículos deben ser desinfectados después de cada viaje.

Estos últimos aspectos de prevención se están tomando en cuenta por parte de los conductores, aseguró a Primera Hora Ángel Romero, miembro de la Asociación de Choferes de Río Piedras.

“Sí se están tomando medidas de prevención y, cabe señalar, que muchos de estos choferes estuvieron sin ingresos durante tres meses y tampoco recibieron ayudas del gobierno estatal o federal”, indicó Romero al aseverar que las 49 guaguas que conforman la ruta que recorren los miembros de la asociación mueven diariamente a 5,000 personas “casi todas de lugares de escasos recursos de Barrio Obrero, Santurce, Cantera, Río Piedras y de las comunidades dominicanas”.

De otra parte, García Fraga coincidió con la expresidenta de la Comisión de Derechos Civiles, en cuanto al cambio de infraestructura que deben tener las guaguas “pisicorres” y adelantó que la agencia ya trabaja en esa “transformación”, pues no están en las condiciones operacionales necesarias para dar el servicio de una forma adecuada a los pasajeros.

Habló de que se fijará una regulación para obligar a los choferes de las “pisicorres” a tener guaguas en mejor estado, al tiempo que indicó que se ausculta la posibilidad de que se utilicen fondos del Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación de Desastres (CDBG-DR) para que los operadores puedan recibir incentivos y adquieran nuevos vehículos que tengan integrados el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) con el que los usuarios conocerían a través de aplicaciones si les es viable esperar por estos servicios.

Pero, ¿qué pasará con los servicios de la AMA y el tren urbano?

Ni el mismo director ejecutivo de ambas Autoridades puede definir con exactitud cuándo reiniciarán operaciones ambos servicios de transporte colectivo, aunque sostuvo que los preparativos para recibir pasajeros se encuentran en avance.

El único servicio asociado a las entidades que se mantuvo operando fue el programa Llame y Viaje, el cual estuvo dirigido en llevar a personas con necesidad de transporte a citas médicas o farmacias. Este servicio funciona a través de 25 autobuses pequeños.

“Tanto en la AMA como en el tren estamos preparados para abrir lo antes posible”, dijo Menéndez en entrevista con Primera Hora desde las facilidades del tren urbano en la estación de la Avenida Martínez Nadal, en Guaynabo, una de las 16 que ofrecen los viajes exclusivamente en el área metropolitana.

“Sin embargo, no tengo instrucción todavía de cuándo vamos a reanudar operaciones… tan pronto nos digan cuándo arrancar, lo haremos”, expresó al agregar que los choferes están “on call”.

Los cambios drásticos en cuanto a infraestructura se verán en las 87 guaguas de la AMA, a las cuales se les ha comenzado a instalar una barrera de acrílico que encapsulará al chofer, separándolo de los clientes. En el caso del tren, los operadores ya laboraban en una cabina apartada de los pasajeros.

Además, Menéndez prevé que en una primera fase tanto el tren como los autobuses operarán con la mitad de sus flotas y fomentarán la limitación de asientos, aunque esto último lo dejarán a discreción de los pasajeros. Es decir, por altavoces y carteles informativos se les recomendará a los clientes guardar distancia de al menos seis pies con otras personas dentro de los medios de transporte. Pero no se bloquearán asientos ni se obligará a ninguna persona a cumplir con la medida de prevención.

“Recae en cada uno la responsabilidad de mantener distancia. No puedo estar detrás de la persona para manejar dónde se va a sentar. Entiendo que es responsabilidad de cada usuario mantener el mismo”, sostuvo el funcionario.

Lo que sí será requisito -tanto para empleados como para pasajeros- es el uso de mascarillas. Además, se instalarán dispensadores de sanitizadores de mano dentro de los vagones del tren y de los autobuses. En las estaciones, también habrá áreas con el antibacterial y se instalarán barreras de acrílico en las zonas de servicio al cliente. Se activarán métodos de desinfección después de cada viaje -tanto del tren como de las guaguas- y para estos efectos se ordenaron unos dispositivos de luz ultravioleta que, aparentemente, tienen la función de matar gérmenes y viruses.

En caso de que se efectúen eventos especiales -como conciertos- se considerará aumentar el flujo de las flotas, así como la activación de personal de seguridad y empleados de mantenimiento.

“Todas estas son medidas que promueve PR-OSHA y los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) en Estados Unidos”, explicó Menéndez al sostener que a todos los empleados se les hará la prueba diagnóstica (molecular) de COVID-19 antes de reiniciar operaciones.

A continuación, algunas de las medidas de salud y seguridad que se tomarán en los servicios de transporte de la AMA y del tren cuando reinicien operaciones:

• Instalación de dispensadores de hand sanitizer en terminales, dentro de autobuses y vagones del tren
• Rotulación de orientación sobre coronavirus y métodos de prevención
• Delimitaciones en área de boletería y otras zonas de terminales para garantizar distanciamiento entre personas de al menos seis pies
• Se ordenó la compra de equipo de desinfección basado en una luz ultravioleta que garantiza matar gérmenes o viruses
• Los elevadores tendrán dispensadores de antibacterial y se limitará la capacidad de ingreso en los mismos
• Instalación de barreras de acrílico en áreas de servicio al cliente
• Toma de temperatura de empleados antes de comenzar labores
• Pruebas diagnósticas moleculares a todos los empleados. Comenzarán esta semana con empleados de la AMA.
• Uso obligatorio de mascarillas a empleados y pasajeros
• Aunque se orientará a los pasajeros a guardar distancia entre asientos, quedará a discreción de los clientes cumplir con la medida de prevención en los vagones del tren o dentro de los autobuses