En un atropellado proceso, como si se tratara de un operativo militar, el nuevo procurador interino de las Personas de la Tercera Edad llegó ayer a las oficinas de la saliente procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Rossana López, acompañado de más de una docena de personas, entre funcionarios y escoltas armados, para informarle que tenía que entregar de inmediato su oficina.

Con una carta del secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Ema, como escudo, el procurador interino Oscar González le solicitó a López comenzar el trámite de inmediato.

Pero los representantes de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y del Departamento de Hacienda que fueron con González para iniciar la transición desconocían los trámites previos que la Procuradora ya había iniciado a esos efectos desde el 22 de junio con esas mismas dependencias, y que hasta ayer, nadie le había respondido.

López catalogó el despliegue de fuerza como “innecesario”, “exagerado” y atropellante”, máxime cuando el representate legal de la Procuraduría, Oscar Rodríguez García, intentó llamar a Rodríguez-Ema desde ayer para finiquitar detalles y éste tampoco le respondió.

López dijo que ésa era la mejor prueba de que no se oponía a abandonar las instalaciones, lo que se supone que ocurrirá hoy, miércoles, a las 8:00 de la mañana.

“No había razón para hacerlo de esta manera... Nosotros no nos negamos a la transición, pero la ley me obliga a cumplir con unos requisitos antes de hacerla y por eso ya se le había enviado cartas a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a Hacienda; y se les llamó para completarlo todo y no habíamos tenido respuesta”, se quejó López en una improvisada rueda de prensa.

Cuando se le preguntó si podía ser una movida política para intentar torpedear posibles aspiraciones a puestos políticos en la papeleta popular, López dijo desconocer las motivaciones, pero que de todos modos “yo no estoy aspirando a ninguna posición ni estaba”.

Por su parte, González justificó tanto la llegada con escoltas como el que no se hayan identificado en la entrada y que luego dijeran que se trataba de un asunto “personal”, repitiendo una y otra vez que era un procedimiento ordinario y que, cuando los funcionarios se trasladan entre oficinas, siempre viajan acompañados.

“Vinimos a traer la comunicación oficial del secretario de la Gobernación... Aquí no hubo ninguna encerrona ni ningún golpe de Estado. Vinimos a tener un diálogo franco con la Procuradora”, afirmó tras reunirse con López.

Los empleados de la oficina estaban visiblemente nerviosos y algunas personas mayores que han recibido servicios llegaron en apoyo a López.

En el aire

La procuradora saliente indicó que con la aprobación de la ley que reorganiza y reagrupa cuatro procuradurías se quedan pendientes 4,000 querellas de personas de edad avanzada ante distintos foros judiciales y de arbitraje, mientras que, por lo menos, 22,000 personas de edad avanzada se quedaron automáticamente sin servicio de comida, ya que los fondos federales para eso quedaron congelados.

“Para algunas personas, esa comida que nosotros coordinamos a través de nuestras oficinas es la única que hacen al día”, lamentó López.

Y es que la saliente procuradora es la responsable de custodiar el dinero y, si se usan los fondos sin su autorización, cualquier funcionario incurriría automáticamente en un delito federal.

Lío legal

La transición comenzó, pero todavía quedan unos pleitos judiciales pendientes por resolver que podrían revertir la ley que reorganiza a las procuradurías.

Según explicó Rodríguez García, el abogado de la ya extinta Procuraduría de Personas de Edad Avanzada, el plan para reorganizar las procuradurías bajo una sombrilla tenía que aprobarse como la misma ley lo dispuso, antes de que acabara la tercera sesión ordidiaria de la Legislatura, no en la quinta, como finalmente sucedió.

Por lo tanto, toda la ley quedó nula, dijo el licenciado.

Y con ese argumento la Procuradora presentó varios recursos que están ante la consideración del juez Ángel Pagán, del Tribunal Superior de San Juan. Aunque López ya no tiene la autorización judicial para defender la oficina, entiende que el proceso estuvo viciado desde antes y que prevalecerán.

Reacciones

El gobernador Luis Fortuño dijo que nombró a una persona interinamente porque López, una experta en gerontología, se había opuesto a la fusión de las procuradurías del Paciente, Veteranos, Incapacitados y Personas de Edad Avanzada, respectivamente.

Para el mandatario, con esa oposición, López “se autodescalificó”.

Kenneth McClintock, secretario de Estado y encargado de coordinar los planes de reorganización gubernamentales, rechazó cualquier señalamiento sobre la forma en que se efectuó el proceso y aseguró que “la actitud que esperamos durante la transición, que continúa mañana, es una de cooperación, que deje a un lado los protagonismos”, indicó.

Sin embargo, el alcalde de San Juan, Jorge Santini, repudió la manera en la que se desarrolló el operativo.

“No es la manera, se debió agotar todos los recursos”, sentenció en comunicado.

Por su parte, la ex gobernadora Sila M. Calderón, bajo cuya incumbencia se creó la Procuraduría que ocupó López, defendió su labor.

“La forma ruda y abusiva del acto ocurrido (ayer) constituye una acción despreciable del poder gubernamental hacia una mujer representativa de las mejores cualidades de un servidor público”, declaró en comunicado de prensa enviado a Primera Hora.