El primer día de votación para que el magisterio avalara o rechazara el acuerdo tentativo entre la Asociación de Maestros y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) transcurrió ayer con relativa normalidad en la zona Oeste del país.

Cientos de educadores llegaron hasta los centros de votación para ejercer su sufragio y expresarse a través de las urnas sobre la negociación preliminar que el gremio llevó a cabo con el ente federal.

Sin embargo, a pesar de no producirse incidentes mayores, la presidente de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, denunció que miembros de otras organizaciones de maestros optaron por reunirse frente a los colegios de votación para intimidar a los participantes del proceso.

“La participación ha sido buena, pero hay un problema, muchos tienen miedo de votar porque hay grupos en oposición que los están amedrentando cuando van a votar. Llegan a los colegios a repartir propaganda en contra y les increpan a los maestros”, manifestó Díaz.

En Mayagüez, un centro de votación fue habilitado dentro de las instalaciones del National University College. En ese colegio, varios miembros de la Federación de Maestros realizaban su propio sondeo a la entrada del centro de votación. Según Raquel Bonilla, presidenta de la Unidad de Mayagüez del gremio, la iniciativa responde a que los otros organismos que se oponen al acuerdo no están representados en los centros de votación.

“Estamos aquí para evitar que después, los votos del ‘No’ no aparezcan”, sostuvo Bonilla.

Mientras, el flujo de votantes en Mayagüez no fue numeroso, pero sí constante. 

“Ha transcurrido más o menos. La gente se ha mantenido entrando y saliendo, quizás porque hay centros alrededor de toda la Isla y podían votar donde quisieran”, manifestó Myrta Villamil, presidenta de la Junta local de Mayagüez de la Asociación de Maestros y encargada del centro.

“Esperábamos sobre 400 maestros, entre activos, desafiliados y transitorios”, agregó.

El acuerdo, que fue anunciado la semana pasada por la Asociación de Maestros, incluye, entre otras cosas, una aportación del gobierno al plan médico de $170 mensual. Además, estipula que el Fondo de Pensiones será convertido en un fideicomiso donde los maestros tengan participación, un rechazo a cualquier recorte en las pensiones, un convenio colectivo con todos sus términos por cinco años, seguro social para aquellos maestros menores de 50 años y un bono al firmar.

La propuesta subraya que, si el gobierno logra términos económicos más favorables para cualquier otro empleado, serán aplicables a los maestros, según se anunció.

Sin embargo, también contempla medidas que no han sido bien recibidas por los maestros, especialmente en el tema de las pensiones y los requisitos de jubilación.

Ramón Hernández, maestro de Rincón, manifestó no estar de acuerdo con el hecho de extender a 63 años la edad para la jubilación y por eso le votó en contra a la consulta.

Igual preocupación mostró Mitza Lugo, maestra de educación especial en la escuela Manuel A Barreto en Mayagüez.

“Me preocupa lo que me pueden ofrecer para mi jubilación. Todavía me quedan diez años, más los ocho que quieren añadir. No es justo. Yo tengo unas condiciones de salud y 18 años más para mí sería fatal”, señaló.

Además del aval de los maestros, el pacto debe contar con la aprobación de la jueza Laura Taylor Swain, quien atiende el proceso de quiebra en el foro federal y tendrá a su cargo evaluar el plan de ajustes que deberá implementarse en el gobierno central.