Una nueva reforma laboral que restablezca beneficios laborales, condiciones de trabajo que protejan la salud de los empleados y la salvaguarda de aspectos básicos para una condición de vida digna, son algunos de los reclamos que empleados tanto del sector público como privado en Puerto Rico reiteraron esta tarde durante una manifestación en el contexto del Día Internacional de los Trabajadores.

Más de 15 organizaciones obreras y de educación pública marcharon desde desde la Plaza Colón hasta La Fortaleza en el Viejo San Juan, para hacer un llamado al gobierno a tomar en cuenta sus peticiones, resaltando como temas principales la salud y la educación pública y universitaria accesible.

“Las políticas que se han venido trabajando desde el neoliberalismo y que en Puerto Rico se personifican en la Junta de Control Fiscal, han tenido un efecto directo en la salud del pueblo y la educación del pueblo. Un país cuya clase trabajadora no tenga un sistema de salud accesible, que le permite reproducirse en el sentido más amplio, que le permita seguir trabajando de manera colectiva, es un país que está condenado a la ausencia de desarrollo económico”, sostuvo Ángel Rodríguez, presidente Asociación Puertorriqueñas de Profesores Universitarios (APPU), en declaraciones a El Nuevo Día.

“Si ha eso le sumamos una ausencia de educación de calidad en función de los recortes que se vienen dando tanto en el sistema universitario, pero claramente en todo el sistema de educación pública, nos están condenando a la ignorancia y la ausencia de salud”, denunció. Rodríguez también hizo hincapié en que actualmente un 47% del personal docente de la Universidad de Puerto Rico (UPR) son empleados sin plaza, con amplias responsabilidades laborales, pero con salarios que oscilan los $1,200 a $1,300.

“El día a día de los profesores está cada vez peor”, afirmó el líder de la APPU. “Esperamos seguir visibilizando estas condiciones”.

José Torres, vicepresidente de la Hermandad de Empleados Excentos No Docentes (Heend), se expresó en la misma dirección. “Estamos aquí porque definitivamente la Universidad está siendo atacada de manera directa por la Junta de Control Fiscal, el Gobierno de Puerto Rico y la propia Junta de Gobierno de la Universidad. “Ante eso nosotros los trabajadores tenemos que sacar cara y dar el paso al frente para la defensa del primer centro docente del país”, señaló.

El portavoz sindical denunció condiciones laborales “pésimas”, incluyendo una situación crítica de la infraestructura de los edificios que afecta la salud de los empleados, así como condiciones salariales que describió como débiles, con un plan de clasificación retribución de unos 40 años de antiguedad.

“Ya el reclutamiento es mínimo porque la gente no quiere ir a trabajar a la Universidad, porque no hay permanencia, porque no hay plan médico para los trabajadores nuevos y así sucesivamente. La calidad de vida se afecta porque si eres un empleado temporero, que es lo que se está reclutando, no tienes derecho a plan médico y tus condiciones de empleo en términos de aumento de salario no hay, en términos de seguridad de empleo tampoco la tienes y eso debilita la estructura del proyecto universitario en todas sus oficinas”, sostuvo.

Por su parte, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) exigió durante la marcha la cancelación del contrato con el consorcio LUMA Energy, entidad privada a cargo de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en Puerto rico.

“Lo primero que estamos exigiendo es la cancelación del contrato de LUMA, que no se privaticen nuestras plantas (de generación), que se devuelvan también todos los trabajadores que fueron desplazados a su centro de trabajo para que Puerto Rico pueda tener tranquilidad en cuanto a su sistema de transmisión y distribución”, expresó Walberto Rolón, vicepresidente de la Utier.

Rolón enfatizó que la distribución de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a otras entidades de gobierno, durante el proceso de entrada en vigor del contrato de LUMA Energy, también ha tenido un efecto en las salud integral, condiciones laborales y calidad de vida de esos trabajadores.

“Cómo se ha afectado el servicio el Puerto Rico, nos hemos dado cuenta a raíz de los apagones. La gente que tiene el conocimiento, en mi caso personal que soy celador cuatro, nos tienen cortando grama”, sostuvo Rolón, que fue ubicado en la Autoridad de Edifcios Públicos.

Otro de los principales reclamos fue la protección de un retiro digno para las maestras y maestros del sistema público de enseñanza del país. “Seguimos insistiendo en que el retiro no es una dádiva, el retiro es algo que hemos trabajado y nos merecemos y vamos a continuar llevando el caso hasta que se nos haga justicia, para que tengamos una vejez digna”, afirmó Liza Fournier, presidenta de la organización magisterial Únete.

Fournier denunció el recorte de más de un 50% en las pensiones futuras del personal docente activo, al tiempo que aumenta el costo de vida de vida en Puerto Rico y empeoran las condiciones de vida.

“Para que tengas una idea, mi pensión con un 75% que era lo que me correspondía hubiese sido 2,192 dólares a los 55 años de edad y 30 años de servicio. Se me aumenta la edad de retiro a 63 años, y mi pensión sería 1,000 dólares nada más”, precisó. “Eso prácticamente me condena a la indigencia, un plan que yo tenía ya establecido en mi vida. Los maestros merecemos un retiro digno, nosotros hemos trabajado, hemos sido columna vertebral de este país en tiempos de crisis, si las escuelas hoy día funcionan es gracias a los maestros puertorriqueños”.

Por parte del sector privado, el presidente del Movimiento Solidario Sindical, José Rodríguez, reafirmó una postura en contra de la llamada Reforma Laboral aprobada en el 2017 (Ley 4-2017, conocida como Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral) y abogó por la derogación total de esa medida.

“Ya han pasado varios proyectos en este cuatrienio que se han engavetado en las oficinas legislativas, ya el gobernador vetó uno, seguimos luchando para la derogación total de la reforma laboral”, manifestó, haciendo referencia al Proyecto de la Cámara 3, que enmendaba aspectos laborales en el sector privado y que recibió un veto expreso del gobernador Pedro Pierluisi a principios de marzo.

Luego de la entrada en vigor de la Reforma Laboral en el 2017, los patronos en las empresas privadas pueden establecer hasta nueve meses de periodo de probatoria para nuevos empleados, la cantidad de días por vacaciones y por enfermedad para los empleados regulares se redujo a un mínimo de seis, respectivamente, para recibir su bono de Navidad deben haber trabajado al menos 1,350 horas y, si un empleado es despedido, recae sobre el trabajador el peso de la prueba para demostrar injustificación, denunció Rodríguez.

“Esos y otros temas dentro de la reforma laboral afectan grandemente a la clase obrera en el sector privado. El no tener vacaciones o tener seis días de vacaciones al año, yo creo que eso es muy poco para la calidad de vida de ese trabajador y nueve meses de periodo probatorio es un periodo muy extenso para ese trabajador, sin derechos. Lo que se hizo fue una reforma a favor del patrono. También traemos el reclamo de los meseros, que están en un subsalario de $2.13 la hora. Queremos que se le haga justicia a los trabajadores de la empresa privada”, apuntó.

Sobre el restablecimiento de derechos a los empleados del sector privado, la senadora por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Ana Irma Rivera Lassén, quien estuvo presente durante la manifestación, indicó a El Nuevo Día que la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales que preside, trabaja en el informe del Proyecto de la Cámara 1244, luego de vistas públicas. La medida de la autoría del presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández y el representante Domingo Torres.

“Todo el mundo incluyendo el Departamento del Trabajo, con alguna que otra posición o llamados bien puntuales, estuvieron de acuerdo con ese proyecto, salvo el sector patronal que no importa lo que se le haga al proyecto no van a estar de acuerdo, pero esa ha sido su posición en todos los proyectos anteriores”, apuntó Rivera Lassén.

La senadora sostuvo que al bajar a votación en el Senado esa medida no debería tener inconvenientes en ser aprobada y contar con la firma del gobernador, aunque sostuvo que, si bien el proyecto enmendaría la Ley 4-2017 y “tiene aspectos que devuelven derechos a los trabajadores y trabajadoras”, no se trata de una nueva reforma y no reincorpora todos los beneficios.