El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Antonio “Tony” Soto, sostuvo que el proyecto de enmiendas a la reforma contributiva de 2018, que fue rechazado por las minorías legislativas, “no impone nuevas contribuciones”.

La versión final de la medida, acordada en comités de conferencias, fue refrendada al cierre de la sesión ordinaria ayer, martes, en ambos cuerpos legislativos. Las minorías reclamaron que la voluminosa medida, cuya versión original tenía muchas disposiciones tachadas, nunca se llevó a vistas públicas.

Soto dijo, sin embargo, que la pieza legislativa contiene “enmiendas técnicas”, que fueron trabajadas en Cámara y Senado, en conjunto con el Departamento de Hacienda y que no conllevan ningún impuesto adicional.

“Identificamos qué incentivos podíamos derogar o limitar para pasar beneficios adicionales a la clase trabajadora”, sostuvo. Según el legislador novoprogresista, la medida beneficiaría a unas 875 mil personas al aumentar de 5% a 8% la rebaja contributiva a todo contribuyente cuyos ingresos no excedan los $150 mil anuales.

Dijo también que se faculta al Secretario de Hacienda a establecer días sin cobro del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en temporada de huracanes y se exime de este impuesto a los hospitales en la renta de equipos médicos. De acuerdo con Soto, las bebidas artesanales recibirían una reducción en arbitrios y las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMes) con un volumen de negocios de hasta $10 millones no tendrán que auditar sus estados financieros.

Dijo también que se restituye a $400 el crédito contributivo a los seniors (65 años o más), se reincorpora el Earned Income Tax Credit y en el pago de impuestos entre negocios (B2B), se aumenta la exención de $50 mil a $200 mil y de $200 mil.

Soto indicó, además, que la medida dispone que contadores especiales (no CPA’s) certifiquen hasta un 25% de los gastos de negocios de individuos con ingresos de $750 mil o menos.

“No debe haber mayores reparos, trae beneficios a las empresas, corrige imperfecciones de la Ley 257 de 2018 y extiende beneficios adicionales a los contribuyentes”, dijo al Primera Hora preguntarle si la gobernadora Wanda Vázquez Garced lo firmaría.

De acuerdo con el legislador de la mayoría parlamentaria, la medida produciría unos $46 millones anuales “en beneficios a las contribuyentes” que serían compensados con la derogación de la Ley 221 de 2002 de Incentivos y Desarrollos en Cascos Urbanos y limitando los incentivos de la Ley de Servidumbre de Conservación de 2001.

Detalló que la derogación de la Ley 221 produciría 36.2 millones y la limitación de la Ley de Servidumbre de Conservación representaría otros $12 millones. Agregó que la reducción en un 50% del crédito contributivo de las fundaciones de los exgobernadores significaría otros $500 mil, así como, unos $10 millones de otras medidas de recaudos totalizarían unos $57 millones. “Hay 11 millones para mitigar cualquier riesgo”, dijo Soto

Indicó que para preparar la propuesta utilizaron “los mismos números” del plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Cuando se debatió la medida, la semana pasada, el representante popular Luis Vega Ramos expresó que “el supuesto alivio a los profesionales por cuenta propia lo van a pagar casi peso a peso las pequeñas y medianas empresas que se acogen a la Ley de Rehabilitación de Cascos Urbanos que la eliminan totalmente y el restante dinero va a salir de quitarle los créditos contributivos a los que han constituido servidumbres de alto valor ecológico”.

“Los más afectados son las PyMes y los ciudadanos responsables que han constituido servidumbres para proteger recursos naturales valiosos”, agregó el legislador popular.