La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes desestimó ayer, en menos de tres días laborables, la querella que le radicó un ciudadano al renunciante presidente de la cámara baja, Jaime Perelló.

La queja fue presentada el pasado viernes por Jorge “Piku” López Santiago, contrincante novoprogresista del candidato popular a la reelección por el distrito representativo 110, de Carolina y Trujillo Alto, Roberto Rivera Ruiz de Porras. Éste ocupa la presidencia interina de la Cámara en sustitución de Perelló.

El presidente de la Comisión de Ética, César Hernández Alfonzo, indicó que luego de reunirse en horas de la mañana de ayer, el panel investigativo que integran cuatro ciudadanos, determinó de manera unánime que no tenían jurisdicción sobre la querella.

“El panel de ciudadanos encontró que no había jurisdicción para continuar el proceso y pasarlo al segundo panel, que es la Comisión de Ética en pleno”, dijo Hernández Alfonzo. 

Perelló se vio forzado a renunciar a la presidencia de la Cámara en medio del escándalo por el contrato millonario, sin subasta formal, que otorgó su administración a la empresa 3Comm del convicto exrecaudador político, Anaudi Hernández Pérez para instalar el cuadro telefónico de la cámara baja.

 Hernández Alfonzo indicó que el panel ciudadano dispuso que la querella no cumplía con los requisitos establecidos en las reglas de ética de la Cámara de Representantes, ni con el reglamento de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes.

El reglamento dispone que la Comisión de Ética tendrá jurisdicción sobre la conducta de sus miembros, funcionarios y jefes de dependencias. 

Los miembros exoficio de la Comisión de Ética son Providencia Iglesias Caballero, Etienne Durand Henríquez, Evelyn Benvenutti Toro y Mariano Negrón Portillo.

Tres de los ciudadanos fueron nombrados por la mayoría popular y el miembro restante por la minoría novoprogresista. El legislador indicó que el proceso terminó ayer al notificarle a las partes la decisión del panel ciudadano.

El pasado viernes, al anunciar la radicación de la querella, Hernández Alfonzo dijo que el reglamento les imponía resolver la querella en un término de cinco días.

“Actuaremos con este asunto de la misma forma en que siempre hemos actuado: con responsabilidad y transparencia”, añadió el legislador, quien es parte del grupo de legisladores que apoyaba a Perelló en su primera intención de no renunciar a la presidencia de la Cámara. 

Dijo que el artículo 18 del reglamento de la Cámara establece que “las querellas presentadas dentro de 120 días previos a las elecciones, deben resolverse en cinco días laborables a partir de la presentación”. Hernández Alfonzo le pidió al liderato político del País que se mantuviera al margen del proceso, “que es uno correspondiente al cuerpo legislativo, y nos brinden el espacio para atender este proceso de manera rigurosa y con la verticalidad que nos ha caracterizado”.