La compañía 3Comm Global, propiedad de Anaudi Hernández Pérez, se llevó el contrato para la compra de equipo y operación del cuadro telefónico en la Cámara de Representantes por un total de $482,221.42 a pesar de que entre las cuatro empresas que sometieron propuestas, era la única que no tenía experiencia en tecnología digital ni en los servicios solicitados.

No se hizo un estudio de necesidad y la licitación se dividió, entre la compra de equipo y servicio de un sistema de voz, por lo que no hubo tampoco una subasta formal, concluyó en un informe la firma de consultoría en sistemas de información, Benchmark Technologies Inc.

“Entendemos que como la licitación es para un sistema de voz, que incluye tanto el equipo como el servicio (no se puede realizar uno sin el otro), se debió hacer una compra por subasta formal”, reveló el estudio. 

Un borrador de la auditoría le había sido remitido al renunciante presidente de la Cámara, Jaime Perelló desde el pasado 3 de mayo, pero no fue hasta ayer, que el presidente interino del cuerpo legislativo, Roberto Rivera Ruiz de Porras hizo público el documento final en una conferencia de prensa junto con ejecutivos de Benchmark y personal administrativo de la Cámara baja. 

Incluso, desde el 29 de enero de 2016 el director de la Oficina de Auditoría Interna de la Cámara, el exfiscal Néstor Feliciano había advertido a la Presidencia de la Cámara en otro informe confidencial, divulgado también ayer, sobre las fallas en la contratación de 3Comm. 

A Feliciano se le encomendó la primera auditoría, tras las acusaciones federales contra Anaudi Hernández y varios funcionarios del gobierno por el esquema de corrupción para obtener contratos. Hernández, el exadministrador de la Cámara, Xavier González y el exjefe de Tecnología del cuerpo legislativo, Víctor Burgos se declararon culpables del esquema de fraude.   

El informe de Benchmark, que fue contratada por la presidencia de la Cámara en marzo de este año, sostiene que de las cuatro empresas que sometieron propuestas, tres eran proveedores de servicios de telefonía con infraestructura propia y con vasta experiencia en estas tecnologías, mientras que 3Comm era un revendedor.

“Para un proyecto tan impactante y técnicamente nuevo para la Cámara se debió invitar solamente a compañías con vasta experiencia en implementaciones de esta tecnología y los servicios solicitados. 3Comm a nuestro juicio no cumplía con estos parámetros”, dice el informe de 63 páginas con anejos.

Indica además, que los teléfonos se vendieron sobre su precio sugerido de ventas y la Cámara no contaba con un peritaje apropiado para evaluar las diferentes ofertas. 

El presidente de Benchmark Technologies, Suikam Kwok detalló que no pudieron entrevistar a ningún ejecutivo de 3Comm porque no estaban disponibles.

Kwok dijo asi mismo que no entrevistaron a Perelló porque no fue mencionado en los hallazgos. “En la evidencia que se nos entregó Perelló no aparece en ningún lado”, sostuvo.

Dijo que la auditoría de Benchmark, a un costo de unos $15 mil, fue administrativa y técnica y reconoció que no fue de carácter forense, por lo que no tiene peso legal. 

Kwok indicó que el grupo evaluador que estuvo integrado por Víctor Burgos, Glenn Rivera y José Carrión no presentó un plan de evaluación y no se evaluó si la propuesta cumplía con las especificaciones. Arguyó que  la gerencia del proyecto fue muy pobre, “lo que contribuyó al fracaso”. Detalló que los teléfonos no eran apropiados y cuando fueron a conectarlos no había receptáculos suficientes, por lo que la Cámara tuvo que gastar más.

Explicó que uno de los fallos fue que el tráfico de voz se movía a través de una fibra óptica fuera de Puerto Rico por lo que el servicio telefónico era lento.

El consultor de Benchmark, Luis Adames dijo además, que 3Comm elevó el costo del contrato $9 mil por encima del segundo licitador.

El administrador de la Cámara, William Díaz sostuvo que no cancelaron el contrato por la continuidad del servicio. Rechazó que el contrato haya sido fraccionado al ser cuestionado sobre la división de los servicios solicitados. El informe dice que no se llevó a subasta la licitación porque los servicios no sobrepasaban el tope de $195,000.

Por su parte, Rivera Ruiz de Porras dijo que tomarán las medidas correctivas que procedan, pero sostuvo que “ya todos los implicados están fuera” de la Cámara. Añadió que el informe "ya se circuló a los representantes de mayoría y minoría” y que será discutido en el caucus popular. 

“Yo no estaba en ese momento. La decisión no era mía”, dijo al ser preguntado por qué el informe no había sido divulgado antes.

El representante Manuel Natal Alvelo había reclamado consistentemente que Perelló hiciera público el resultado de la auditoría que había encomendado a principios de diciembre pasado, luego que se radicaron las acusaciones federales. “Resulta curioso que en el informe recae gran parte de la responsabilidad sobre dos personas que no pueden comentar, que están acusadas”, dijo Natal, quien agregó que el informe deja muchas interrogantes.

Justo cuando comenzaba la conferencia de prensa se circuló una carta de Perelló recomendando que se refiera el informe a la Oficina del Contralor.

Por su parte, la portavoz novoprogresista en la Cámara, Jennifer González calificó la auditoría como una “alejada de la realidad y dijo que solicitará la intervención de la contralora, Yesmín Valdivieso. 

Otro representante popular, Luis Vega Ramos emplazó al Presidente interino de la Cámara a que restituya la orden admistrativa que requiere un estudio de necesidad para otorgar contratos de servicios. Vega Ramos instó también a la representante González a que aclare si esa orden administrativa, instaurada bajo la presidencia de Carlos Vizcarrondo, fue eliminada durante su término como presidenta del cuerpo legislativo.

Mientras tanto, el presidente y candidato a gobernador del PPD, David Bernier dijo que el informe de auditoría es “un paso en la dirección correcta” y que ahora la mayoría popular en la Cámara “debe asumir la responsabilidad para constituirse de cara al futuro”.