La Sociedad para Asistencia Legal (SAL) de Puerto Rico cuestionó la constitucionalidad de un proyecto de ley que plantea prevenir el acoso cibernético.

La exposición de motivos del proyecto de la Cámara 1411 pretende prevenir el acoso cibernético, que es descrita como una intimidación que puede ser constante a través de los medios cibernéticos.

Entre los diversos problemas del proyecto, según la ponencia de 25 páginas de la SAL y que incluyó un anejo adicional de otras seis páginas sobre leyes vigentes que pueden atender el problema, figura que las definiciones "podrían enfrentar ataques constitucionales al principio de legalidad".

"Las definiciones propuestas adolecen de vaguedad excesiva debido a que no se define claramente cuál es la conducta prohibida al hacer referencia a términos tales como ''comunicaciones no deseadas o a actos que puedan 'manchar la reputación de la víctima o la familia', 'comunicaciones de odio', entre otras", indica la ponencia presentada por la asesora legislativa de SAL, Verónica N. Vélez.

"En la redacción propuesta existen serios visos de vaguedad", reiteró la abogada.

En una vista pública de la comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, que preside Luis Vega Ramos, uno de los coautores del proyecto, la SAL también planteó que la definición de acoso cibernético es tan amplia que podría interferir con las protecciones de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión, un derecho también incluido en la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado.

La SAL, grupo de abogados que defiende a personas de escasos recursos en casos criminales, también expone que ya existe legislación para atender el acoso cibernético, pero el problema es que todavía falta aplicación uniforme en colegios y escuelas públicas, así como de reglamentación y protocolos.

Por su parte, agencias de gobierno como el Departamento de Educación, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y la Oficina de Asuntos de la Juventud endosaron la medida, aunque esta última propuso que se enmiende la medida a los fines de que los menores que puedan violar la ley sean atendidos en primera instancia de forma salubrista y no a través del Tribunal de Menores.