Miembros del público general tuvieron la oportunidad de expresar sus preocupaciones ante la jueza federal Laura Taylor Swain, en el segundo día de las vistas de confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de Puerto Rico.

Tal como había anunciado la jueza, un grupo de personas elegidas al azar por el tribunal entre las muchas que solicitaron expresarse, pudieron exponer sus opiniones sobre el controversial plan que intenta poner fin a la bancarrota de Puerto Rico, y lo hicieron declarando su rechazo rotundo al PAD, con enérgicos y emotivos testimonios, incluyendo el de un hombre que reveló que la incertidumbre en torno a su pensión le ha llevado al punto de pensar en quitarse la vida.

Cuatro mujeres tuvieron los primeros turnos y, además de condenar el PAD reclamaron a la jueza que pusiera a la gente primero que a los acreedores y evitara así más miseria para el pueblo de Puerto Rico.

Wanda Alabarces García, una viuda de 75 años, “nacida y criada en San Juan”, retirada del sector privado desde 2004, afirmó que “objeto y me opongo vehementemente a la confirmación del PAD”.

Agregó que, hasta el día de hoy (martes) los ciudadanos de Puerto Rico no habían tenido oportunidad de expresarse sobre este asunto, que afectará sus vidas por muchos años por venir.

Alabarces reclamó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) es anticonstitucional pues no cumple con las disposiciones constitucionales para que ninguna rama de gobierno tenga demasiado poder, toda vez que “tiene poder sobre el gobierno, sobre la Legislatura, y también sobre Hacienda... Tanto poder se le ha dado a una gente que no conocemos y que no nos conoce”.

Sostuvo además que, en lo que respecta a la deuda, “ni sabemos por qué estamos pagando”. Agregó que se trata de una deuda que acumularon gobiernos irresponsables y reclamó que fuera auditada antes de pagarse.

“Ante usted están ricos y poderosos buscando una justicia que vendrá a costas de los pobres y los más necesitados”, insistió, antes de solicitar quedar incluida en el pleito, “por derecho propio o con asistencia de un abogado”.

Concluyó citando palabras de la jueza del caso de George Floyd, en cuanto a la necesidad de superar barreras y garantizar acceso a la justicia, para cumplir por velar por los derechos y proteger la Constitución. “Ser escuchados, es un paso para propiciar esa justicia. Eso es lo que pedimos, que se escuche a los más necesitados. ¿Estará usted de lado justo de la historia?”, afirmó, antes de pedir a la jueza que no accediera a los reclamos de la JSFA.

Alana Feldman Soler también se expresó en contra del PAD. Se identificó como miembro del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, afirmó que comparecía a declarar “porque temo por mi futuro y el de mi familia”.

Explicó que es hija de un expolicía y una exmaestra, que no pagó al Seguro Social y “lleva años viviendo con una pensión de $500 mensuales. Deténganse un momento y piense en eso, $500 al mes”. Agregó que esa cifra, de por sí baja, tiene cada vez menos valor con el alza constante de precios que está ocurriendo.

Feldman comentó que viene del pueblo montañoso de Adjuntas y de camino al tribunal “pasé por casas de vecinos que están vacías, han tenido que abandonarlas para irse a buscar servicios médicos en los Estados Unidos”. Describió otra casa de otro vecino en total abandono porque no ha podido darle mantenimiento en años, otro vecino que vive en una estructura abandonada, así como una comunidad que carece de recursos para instalar un tanque y asegurar el acceso a agua.

Feldman indicó que trabaja en prevenir la violencia contra la mujer, que está en alza en Puerto Rico. Comentó que “se necesitan recursos” para hacer ese trabajo y agregó que solo una cantida muy pequeña de las mujeres víctimas de violencia lo reportan a las autoridades. “¿Para qué? Saben que la policía no tiene recursos” y apenas resuelven unas pocas querellas.

Feldman denunció además que luego de los terremotos en el sur de Puerto Rico, las escuelas de la zona donde trabaja, cerraron. Los niños no pueden ir porque las escuelas están destruidas o no tienen acceso. En aquellas familias que pueden resuelven con las clases a través de internet, si hay internet.

Condenó también los recortes a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y en particular al recinto de Utuado, lo que dificulta su labor de asistencia a las comunidades rurales y montañosas.

Dijo que colabora con albergues de animales, que están abarrotados con mascotas de familias que no pueden mantenerlos más o que han tenido que emigrar.

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“No podemos vivir lo ocurrido después de (el huracán) María otra vez, donde el gobierno nos dejó a la deriva”, afirmó. “Y aunque celebramos la resiliencia que han demostrado nuestras comunidades, ya no aguantan más austeridad”.

Feldman añadió que su hijo está a punto de graduarse luego de “sobrevivir 12 años” en el sistema de educación, con pésimas condiciones de transporte, pero su logro se diluye ante la falta de oportunidades de empleo, y es probable que termine yéndose fuera de Puerto Rico. “Es vergonzoso que el gobierno no haga más por la gente de Puerto Rico”, insistió, antes de lanzar una invitación a la jueza “a ver con sus propios ojos cómo la gente en Puerto Rico lucha por sobrevivir en esta situación tan difícil”.

“Su decisión es lo único que separa al pueblo de vivir en condiciones más precarias de las que ya vivimos”, concluyó Feldman.

La profesora universitaria Annette Jiménez, de Vega Baja, tomó la palabra “para expresar mi rechazo a este plan”.

Afirmó que la JSF está aquí desde hace años “a pesar de la falta de respeto que constituye ese grupo de siete personas no electas”, y aunque algunos pensaron que vendría a resolver algunos problemas, ese no ha sido el caso. Agregó que, aunque la Ley Promesa dice que la JSF debía velar por que se dieran los servicios esenciales, hubiera responsabilidad fiscal y un crecimiento económico, “cinco años después está claro que no cumplen con su deber... la raíz de los problemas sigue ahí”, y ni siquiera han definido los servicios esenciales.

Jiménez prosiguió abogando por la Universidad de Puerto Rico, donde estudió y se graduó, y que asegura “fue esencial para mi desarrollo”. Condenó que “ahora ese servicio está en riesgo” y no sabemos si nuestros hijos podrán tenerla en el futuro.

“Mi hija es una de cientos de jóvenes que han votado por una huelga indefinida. Entiende que es mejor perder un semestre, a aceptar lo que se propone y perder el futuro”, afirmó. “Quisiera que los representantes del gobierno tuvieran esa misma visión de luchar por el futuro”.

Jiménez reclamó a la JSF que haga su trabajo como debe ser. “No puede haber un futuro cuando se recortan los servicios esenciales, que ni siquiera están definidos, para facilitar los pagos a bonistas. No se puede financiar la UPR cuando se destinan millones para festividades. No se puede hablar de acabar con la deuda cuando el mismo plan dice que habrá otra bancarrota. No se puede hablar de responsabilidad fiscal sin auditar la deuda. No puede avanzar la economía cuando los malos salarios fuerzan a los boricuas a terminar en el aeropuerto”.

Jiménez exhortó a “salir del aire acondicionado de las oficinas, bajar las ventanillas de los carros, y ver cómo vive la gente”, teniendo que salir a diario para atravesar “calles llenas de huecos” y volver a casa “sin servicio eléctrico por la incompetencia de LUMA”. Agregó que continuar dependiendo de gente incompetente y corrupta “es una bomba de tiempo, y tenemos ejemplos de sobra de eso”.

Jiménez finalizó diciendo que aceptó hablar en público y en particular ante la jueza Swain, “porque tengo esperanza, de que Puerto Rico pueda tener una educación de altura, servicios de salud mental de calidad, calles sin huecos, donde se pueda vivir por encima del nivel de pobreza, donde la gente sin casa y las casas sin gente sea más importante que celebraciones de fin de año”

“Espero que esto no sea una marca más de alguna lista, que no sea para acabar sirviendo a la avaricia de los acreedores. Sea la defensora de la gente, no de los buitres. Espero que se ponga del lado correcto de la historia, y no permita la austeridad que promueve la JSF”, finalizó Jiménez.

El último turno matutino fue para Jessica Ortega Irizarry, una trabajadora con 20 años en el Departamento de Educación, 11 como maestra y nueve como directora escolar, “en una escuela con 1008 estudiantes, la mayoría de los cuales no tiene recursos para ir a instituciones privadas”.

Ortega, quien tituló su exposición “Ya somos pobres”, indicó que es graduada de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, “institución que existe gracia a que muchos la defienden”. Agregó que muchos en Puerto Rico carecen del dinero para poder asistir a universidad privadas, y necesitan la UPR. Indicó, “como dato curioso” que todavía debe más dinero de su deuda estudiantil que de la hipoteca de su casa. “Estudiar en Puerto Rico no es barato. Y poco ha cambiado desde que me gradué, seguimos con las mismas injusticias”.

Sostuvo que el dinero que recibe el DE, agencia con el mayor presupuesto, “se queda en las altas esferas y no llega a los estudiantes y maestros. Por años hemos estado bajo un sistema de incompetencia y corrupción”.

“Ya somos pobres, el trabajo que hacemos los maestros no se compensa de forma justa”, insistió. Describió que, en promedio, un maestro gana entre $1,700 a 2,300 de salario mensual y “vive de quincena a quincena para pagar casa, carro, alimentos y, si queda algo, la mitad del agua y la luz”.

“Responsablemente pagamos el retiro por años, y malas administraciones lo saquearon, y ahora quieren llevarnos a la pobreza”, condenó.

Agregó que, a sus 45 años, le quedan otros 10 de trabajo para poder retirase. Sostuvo que, en los tiempos que vivimos, con tantos problemas, los maestros están agotados mentalmente, y esa fatiga mental “no nos permite trabajar bien”.

“Van a sacrificar la educación del país. El sistema nos aplasta. Estamos extenuados, agobiados y hasta deprimidos, y los más afectados por eso terminarán siendo los estudiantes”, sostuvo.

“Nos quitaron el pago por enfermedad, el bono de $1,000. Pero lo que no van a poder quitarnos es el espíritu de lucha y la esperanza de un futuro mejor”, afirmó. “Quitarnos dinero de retiro, como propone el PAD, nos llevará a la miseria. Para un maestro con salario de $2,300, el 75% sería $1750. Ya vivimos en la pobreza, bajar eso más será mortal. No podremos tener una vejez digna luego de dedicarnos a la educación del país”.

Ortega agregó que “pagar la deuda, es importante. Queremos salir de la bancarrota. Pero no puede ser condenándonos a la miseria”, y sugirió alternativas a los recortes de pensiones que brinden garantías de seguridad a los pensionados, tales como subsidios para seguro médico y pagos de utilidades.

“A nosotros también se nos acaba la paciencia. Estamos cansados de darlo todo a cambio de migajas. Si este plan se aprueba, esta será una isla llena de viejos pobres”, finalizó. “Pido a Dios que le dé sabiduría para tomar una decisión justa”.

Tras un receso, se dirigió a la jueza el médico Manuel Martínez Maldonado. Sostuvo que, aunque considera que la JSF ha llevado a cabo sus funciones de manera “razonablemente adecuada”, no está de acuerdo con las medidas que ha tomado.

Martínez cuestionó de qué manera se supervisaba cuándo el gobierno hacía las transacciones que llevaron a acumular una deuda tan grande. Se preguntó por qué no se sometía a un escrutinio similar al que tuvo que pasar él cuando pidió un préstamo.

Martínez afirmó que considera que se deben pagar las deudas, pero acotó que el futuro tiene que contar con la educación, y defendió que haya “recorte alguno a las pensiones de los maestros”.

También se expresó en contra aumentar la jubilación hasta los 63 años para los oficiales de policía, y sostuvo que, de no contar con ellos, “Puerto Rico sería un paraíso para el narcotráfico”.

El doctor sostuvo que favorece que Puerto Rico no incurra en más deuda, excepto que sea para obras capitales, para invertir en arreglar carreteras. Citó uno de los documentos de la JSF y cuestionó que no sea específico en cuanto a varios gastos que autoriza.

Martínez también criticó que, a pesar de que Puerto Rico votó a favor de reducir la Legislatura, ese mandato del pueblo no se ha cumplido.

Posteriormente, habló Heriberto Quiles Pumarejo, un retirado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que ofreció lo que posiblemente haya sido uno de los testimonios más impactantes.

Quiles, quien se describió como paciente de salud mental por más de 20 años, y actualmente bajo medicamentos, comenzó describiendo que no sabía si iba a poder llegar a la vista, pues depende de otros para su transportación. Agregó que se levantó temprano y su papá lo llevó desde Ponce al tribunal.

“Usted quería escuchar a la gente del pueblo. Yo no soy profesor ni nada de eso. Pero entiendo que el pueblo no debe pagar por el Plan de Ajuste. Eso lo debe pagar la gente que se robó ese dinero”, expresó.

Sostuvo que para llegar a esos culpables era necesaria una auditoría de la deuda, aunque “la gente quién se lo robó, los políticos de ahora y los pasados, y funcionarios que no fueron electos”.

Tras explicar que es un pensionado de la AEE, Quiles agregó que “aquellos que se dedicaron a financiar los partidos políticos” también debían pagar por el PAD.

Detalló que recibe una pensión reducida, pues se retiró con 26 años de servicio, porque “no pude seguir trabajando debido a la enfermedad que padezco”. Destacó que el plan de retiro de la AEE, está en una situación precaria, con fondos que apenas alcanzan para pagar las pensiones por alrededor de un año. “Eso va a ser un desastre, y nosotros nos vamos a quedar en la indigencia”, afirmó.

“Y si todo sube, como va a subir, porque de algún sitio tiene que salir el dinero, los servicios esenciales, la comida, las carreteras, la gasolina, los hospitales, todo va a subir. Esto sería el paraíso para los ricos”, comentó.

Con relación a la UPR, dijo, “los millones que le van a quitar, es otra cosa más que sería devastador para los estudiantes. Allí asisten estudiantes de pocos ingresos en su hogar. Es algo que tampoco se debe hacer”.

Quiles cuestionó que, si bien el gobierno alega no tener dinero, “sí tiene dinero para compañías privadas, por ejemplo, LUMA. Y eso no fue una venta, fue un regalo. Y el servicio que dan es un servicio pésimo. Y el gobierno sigue dándole millones y esperando también millones del gobierno federal”.

Al momento que expiraba su tiempo para declarar, Quiles ofreció una dramática revelación.

“Quiero dejar bien claro que esto de las pensiones, y la próxima desaparición de mi pensión, me ha llevado a pensar varias veces que la única salida es el suicidio. Y he estado hospitalizado varias veces por eso. Agradezco su atención”, terminó diciendo a la jueza Taylor Swain.

La jueza, antes de proseguir, respondió a Quiles, agradeciendo por su sinceridad y exhortándolo a mantenerse sin perder la esperanza.

“Es una situación muy difícil. Agradezco su sinceridad. Yo no puedo prometerle que la situación mejorará. Pero quiero que sepa que usted es una persona valiosa, que su vida es valiosa. Por favor, no pierda la esperanza. Manténgase en pie, use los dones que tiene para hacer mejor su vida y la de su comunidad. Y continúe visitando a su siquiatra y trabajando con él”, le dijo a jueza.

El último testigo del pueblo que compareció fue el abogado Rafael Texidor Torres, quien dijo trabajar ahora en Aguadilla, luego de hacerlo en la Universidad de Puerto Rico.

Recordó con pesar como mientras trabajaba todavía en la UPR comenzaron los recortes a la institución, y como criticaban a los estudiantes que protagonizaron huelgas y protestas, y sostuvo que los males que presagiaban aquellos estudiantes son hoy una realidad.

Afirmó que “la Junta no quiere recortar el presupuesto de la UPR, quiere cerrarla”.

“Es un ataque contra aquellos que tienen ideas progresistas, usando cualquier artilugio para ese fin, y atacando a quienes han servido por años antes que llegara la Junta”, aseveró, agregando que las acciones se extienden a todo un esquema que también afecta a las pensiones y ahora impacta a los policías.

Con voz entrecortada, Texidor continuó su exposición recordando que, en medio de todo eso, ocurrió la tragedia que siguió al golpe del huracán María.

“Usted podía escuchar a la gente decir, ‘al menos no perdí a nadie’, como una forma de consuelo, sabiendo que tanta gente murió por falta de servicios, por leptospirosis”, afirmó, recordando que para aquel momento estaba desempleado. “Yo me propuse que nunca se olvidaran todas las muertes innecesarias que ocurrieron con ese desastre, que nunca se olviden los muertos de María”.

Entre sollozos, reiteró que “las predicciones de aquellos que protestaban, hoy se ven. Miles se han ido de Puerto Rico”.

“Y mientras seguimos llorando los muertos de María, viene una compañía privada, con un pésimo servicio de energía”, acotó.

Cerró su exposición recordando que su mamá le enseñó que “por la comida no se pelea. Eso me repetía a mí y a mi hermana Tamara, que no se pelea por la última galleta, que no se pelea por la comida, punto. He llegado a la conclusión de luchar juntos, es no pelear por la comida. La deuda no se puede pagar, y se tiene que desechar, se tiene que declarar incobrable. Hay que buscar otros mecanismos”.

“Le urjo a usted, señora jueza, que sea solidaria con los puertorriqueños, que anule la deuda y nos ayude reconstruir nuestro país”, finalizó, entre sollozos. “Gracias, y espero que llegue a un veredicto justo”.

En sus intervenciones durante la vista, además de la que hizo tras el testimonio de Quiles, la jueza Swain agradeció por los “discursos sinceros y apasionados”. Sin embargo, subrayó que “al decidir, tengo que ajustarme a la ley”. Agregó que “por supuesto que es un proceso difícil... escuchar estos testimonios y el dolor de la gente es muy importante para nosotros, y es algo que se tomará en cuenta”.

Aunque se esperaba la posible participación de otras personas, pues se habían elegido 25 entre cientos de solicitantes, no llegaron a presentarse y, luego de esperar un tiempo razonable, la jueza cerró la jornada a media tarde.

La vista continúa mañana en la mañana con la presentación de testigos e interrogatorios, como parte del proceso para la confirmación del PAD.