Cerca de 200 proveedores de terapias para estudiantes de educación especial del Departamento de Educación (DE) reclaman a la agencia dar continuidad a un proceso de negociación en el que suplican que se aumenten las tarifas que se les paga a estos profesionales de la salud o, de lo contrario, advierten que se verán afectados los servicios durante el año escolar 2023-2024.

A los efectos de que los reclamos sean atendidos, algunos miembros de la Asociación Puertorriqueña de Proveedores de Servicios de Salud y Relacionados a la Educación (APPSRE) realizaron este martes una manifestación frente a las instalaciones del DE, en San Juan. Los manifestantes solicitaron una “reunión urgente” con el secretario del DE, Eliezer Ramos Parés.

Así lo explicó en entrevista con Primera Hora la presidenta de la organización, Ruth Concepción, quien sostuvo que hace más de 70 días se inició una conversación con personal del DE a fin de atender las preocupaciones de los proveedores de terapias. En cambio, todo quedó en el limbo pues no se le dio continuidad al proceso, lo que los obligó a exigir atención mediante un piquete.

“Lo que procuramos en primera instancia es que se establezcan tarifas coherentes y que respondan a los desafíos económicos actuales, la inflación en el mercado y a la burocracia que siempre hay en estos procesos. Y esto es algo que ellos mismos en Educación promovieron mediante un estudio que hicieron y en el que se recomendaba que las tarifas de los proveedores de terapias del Departamento de Educación fueran igual que la de los proveedores de Medicaid o Medicare del plan Vital. De hecho, en enero a estos proveedores de Vital se les aumentó en un 10% el pago... nuestro reclamo es que nos aumenten entre un 20% y un 30% las tarifas para estar con un pago similar”, sostuvo Concepción.

De otra parte, el grupo reclama que se entregue oportunamente el contrato para el año escolar 2023-2024, de manera que se puedan hacer aportaciones al mismo. “Durante la historia de la Unidad de Remedio Provisional el contrato ha sido uno de adhesión e impuesto por el Departamento de Educación donde ninguna de las partes involucradas en este contrato (padres y proveedores) han tenido la participación para su desarrollo”, dijo la terapista.

“Considerando que la contratación de Remedio Provisional es una privada solicitamos se nos exima de cualquier deducción aplicable a los contratistas del Gobierno y se desista de la deducción del 1.5% que le es retenida a solo algunos de los proveedores”, agregó la portavoz del grupo.

En reacción al reclamo de la APPSRE, la licenciada Alayra Figueroa, directora de la Unidad Secretarial del procedimiento de querella y Remedio Provisional del DE, aseguró que, contrario al reclamo de los miembros de la asociación, la agencia ha mantenido “una postura abierta al diálogo”.

Subrayó que la última reunión con APPSSRE fue el 9 de mayo de 2023, fecha en la que se discutieron varios puntos traídos por los proveedores.

De hecho, acotó que los terapistas recibieron un aumento en tarifas “tan reciente como agosto del año pasado”por lo que el DE no está en posición de aumentar más servicios ante la asignación presupuestaria estatal disponible y la ausencia de fondos federales recurrentes.

“Al momento, tenemos un gasto de $87.9 millones y la asignación estatal es de $22 millones”, manifestó la funcionaria en declaraciones escritas.

A modo de ejemplo, mencionó que durante el año escolar 2021-2022 se aumentaron las tarifas de terapias de los servicios principales como habla, ocupacional, física, psicológica, entre otras. De igual forma, se aumentaron otras que requerían revisión como la acuática, oromotor y disfagia.

“También se aumentaron varias de las tarifas de evaluaciones como la acuática, audiológica, habla, ocupacional, autismo, psiquiátrica, low visión, visión funcional y optométrica. De otra parte, se aumentó la tarifa de transportación por cada sesión de terapia que era de $5 y $10 a $10 (si el servicio es en el mismo pueblo de la oficina de proveedor) y $15 (si el servicio es fuera de la oficina de proveedor)”, explicó Figueroa.

Según el DE, el alza surgió luego de hacer un estudio de las tarifas actuales correspondientes a las evaluaciones y terapias ofrecidas a través de la Unidad Secretarial de Procedimientos de Querellas y Remedio Provisional y a tenor con lo que establece la Ley 85 de 2018. La firma de economistas Advantage Business Consulting fue contratada a estos fines por el De en el 2021.

“Estos hicieron entrega de varios informes, los cuales contenían la metodología utilizada y recomendaciones para que el DE estableciera unas nuevas tarifas utilizando los hallazgos de dicho estudio. La metodología para estas recomendaciones se basó en el programa de tarifas de Medicare (Medicare Fee Schedule) desarrollada por el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (Center for Medicare and Medicaid Services) y las categorías de códigos (Current Procedural Terminology o CPT) de la Asociación Médica Estadounidense (AMA por sus siglas en inglés). A su vez, el análisis tomó en consideración el mercado privado y la disposición de la Administración de Seguros de Salud (ASES) de adoptar el 70% del Medicare Fee Schedule para Puerto Rico como tarifa mínima para el pago por servicios ofrecidos a los beneficiarios del Plan Vital en aquel momento”, determinó Figueroa al asegurar que los cambios respondieron al “precio del mercado”

Además, dijo que aunque bien es cierto que en enero del 2023 ASES anunció un aumento en las tarifas a médicos y especialistas en la salud de un 70% a un 80% del Medicare Fee Schedule, en el DE no están obligados a adoptar esa alzza como tarifa mínima. “Esto en consideración con las asignaciones presupuestarias disponibles y el volumen de servicios que se ofrecen”, afirmó.

Figueroa puntualizó que la unidad debe aprobar y registrar a los proveedores que deseen ofrecer los servicios y asegurase que estos pueden ofrecer los servicios requeridos de manera correcta y adecuada en beneficio de los estudiantes.

“Al haber un desembolso de fondos públicos, también la Unidad debe asegurarse que los proveedores pueden recibir estos fondos. Para esto se requiere el Registro Único de Proveedores (RUP), el cual, valida su cumplimiento a nivel gubernamental, fomenta transparencia y evita la duplicidad de documentos que la Unidad debe revisar”, explicó.

Añadió que como parte de los requisitos para la renovación de proveedores se les incluyó este año que documenten como parte de su perfil los recursos con los que cuentan para garantizar estabilidad financiera.

“Además, que documenten capacidad financiera para administrar gastos operacionales y de nómina que permitan manejar el volumen de servicios que se compromete a ofrecer y su continuidad. En el caso de tener línea de crédito, la pueden incluir, pero no es requerida. Este requisito no debe ser razón para que ningún proveedor tenga problemas en el proceso de renovación. Lo que buscamos es que el proveedor certifique a través de su perfil que cuenta con la capacidad para ofrecer los servicios previo a que los pueda facturar. Tenemos proveedores que no tienen una administración corporativa efectiva ya que, aún sin haber pasado los 30 días para el pago, indican que no pueden pagarle sus especialistas”, aseguró Figueroa

Sin embargo, la portavoz de APPSSRE dijo que la organización repudia el requisito que les exige demostrar solvencia económica como condición para ser aceptados como proveedores.

“La continuidad y estabilidad de nuestros negocios estará sujeto a la responsabilidad y diligencia de parte del Departamento de Educación para cumplir con los pagos dentro de los términos de tiempo establecido por el tribunal de Puerto Rico. Es el Gobierno de Puerto Rico en todo caso quien debe poner en evidencia y por adelantado su capacidad económica para cumplir con el pago a nuestros servicios”, reaccionó Concepción.

“Si en agosto no tenemos un contrato con condiciones justas no vamos a poder prestar los servicios... queremos trabajar y servir a la población, pero necesitamos tener sostenibilidad económica porque este es nuestro negocio”, advirtió la líder de la asociación que cuenta con cerca de 200 de los 400 proveedores de terapia del DE.