Uniones que agrupan a empleados del gobierno se opusieron ayer al proyecto que crea el empleador único por entender que se presta al traslado de empleados por discrimen político y a otras consideraciones que se alejan del principio de mérito.

Advirtieron que la medida no establece garantías sobre el salario, antigüedad y otros beneficios adquiridos del empleado que sería movilizado de una agencia a otra y también reduce las licencias de enfermedad y vacaciones a los empleados de nuevo ingreso.

La pieza de ley se ampara en el concepto de movilidad de empleados entre agencias para evitar despidos.

El portavoz de la Coordinadora Sindical, Luis Pedraza Leduc, expuso  que el concepto del empleador único requiere que se fusionen, privaticen y/o se eliminen unas 118 agencias gubernamentales. 

“Somos de la opinión que el elemento de movilidad que se integra al principio de mérito crea las bases para tomar acciones dirigidas a proteger y favorecer a quienes estén vinculados a la política partidista del gobernante y discriminar contra quienes son críticos a ella o están identificados políticamente”, sostuvo Pedraza Leduc en una vista de la Comisión de Asuntos Labores de la Cámara de Representantes.

“No dudamos que esta Asamblea Legislativa quiera construir despidos, pero conociendo a los jefes de agencias sabemos que va a ser así”, planteó, por su parte, el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Pedro Irene Maymí.

El líder sindical propuso enmendar la pieza de ley para que se defina “claramente” el plan de movilidad, cuáles son sus objetivos y quiénes participarán en su diseño y preparación. Recomendó también que “la movilidad” de empleados sea de carácter voluntario.

“Recomendamos que se incluya al representante exclusivo de los empleados en cada instancia en que se discuta, diseñe o apruebe un plan de movilidad”, dijo.

Sugirió que se establezca de forma tácita en la medida que ningún empleado podrá ser objeto de movilidad como resultado de una acción discriminatoria o con propósitos punitivos.  También recomendó que la medida garantice que en aquellos casos en que no existan suficientes voluntarios para cubrir las plazas requeridas, la movilidad se limitará a la misma región geográfica y que para efectuar cualquier cambio se respetará la antiguedad en el empleo.

Además, dijo que se establezca un mecanismo para que un empleado que haya sido objeto de movilidad pueda impugnar la acción. 

Cuando Irene Maymí declaraba, el presidente de la Comisión, Ángel Peña, dijo que reconocía en el público al presidente de la Federación del Trabajo de Puerto Rico, José “Lole” Rodríguez Báez y que éste había sido citado a deponer al igual que el resto del liderato obrero del País.

“Eso no es cierto. Las uniones que representamos a la inmensa mayoría de los trabajadores públicos no fuimos citados”, replicó Rodríguez Báez

Dijo que la Federación del Trabajo agrupa a más de 30 mil empleados en agencias del gobierno bajo la Ley 45 de sindicación pública.

Peña afirmó que tomarán en cuenta algunas  recomendaciones de los sindicalistas. “Tenemos que garantizar que tanto el buen administrador como aquel que pudiese tener otro tipo de agenda no utilice la ley para tener algún tipo de acción negativa contra cualquier empleado, llámese quien sea”, indicó.

Dijo que se encargarán de que la movilidad sea para beneficio de los obreros y que la medida tenga penalidades fuertes contra los administradores que abusen de sus prerrogativas.