La Cámara de Representantes radicó hoy una moción en el tribunal federal para intervenir en el pleito que instó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) contra el gobernador Pedro Pierluisi para impugnar la Ley 41-2022, que enmienda la llamada reforma laboral de 2017.

“La realidad es que nosotros habíamos anticipado que íbamos a pelear los derechos de los trabajadores en todos los foros que fueran necesarios”, dijo el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

Sostuvo que al impugnar la Ley 7 de 2021, sobre el retiro de los empleados del gobierno central, “la Junta hizo un planteamiento similar en cuanto a que la política pública afectaba o se distanciaba del plan fiscal, pero en esa demanda se incluyó al Ejecutivo, al Senado y a la Cámara, y en esta no”.

“En esta demanda nos han excluido a la Asamblea Legislativa, por esa razón estamos formalmente pidiendo intervención. La propia demanda atiende un sinnúmero de planteamientos a los que se le dieron paso a través de la Asamblea Legislativa. Así que tenemos razón desde el punto de vista procesal de ser parte y podernos defender formalmente en el proceso”, expresó Hernández Montañaez. Además, indicó que se trata de legislación y “quien tiene que defender la legislación es la Asamblea Legislativa”.

El pasado 1 de septiembre, la JSF acudió ante la jueza federal Laura Taylor Swain, quien atiende el caso de la quiebra de Puerto Rico, con un recurso legal contra el gobernador Pedro Pierluisi con el objetivo de anular la reforma laboral.

La Ley 41-2022, rechazada desde el inicio por el ente fiscal, disminuye el periodo probatorio, estipula que se restablezcan las protecciones contra el despido injustificado y aumenta la acumulación de licencia por vacaciones, entre otros asuntos.

La JSF alega que la ley añade requisitos a la legislación laboral que “afectan negativamente la flexibilidad del mercado laboral, en violación directa de los términos expresos del Plan Fiscal certificado para Puerto Rico”.

“Vemos con mucha suspicacia, como una estrategia de diseño, el que se haya excluido a los que más interés tienen en mantener los derechos de los trabajadores”, reclamó el presidente de la Cámara en conferencia de prensa en el Capitolio.

Hernández Montañez indicó que en el recurso judicial están solicitando ser parte interventora o que se les permita entrar al litigio como amigos de la corte.

Sostuvo que la Ley de 2017 “estaba enmarcada en una realidad muy distinta” a la de hoy día. “En aquel momento, estaba comenzando el proceso de quiebra utilizando la Ley Promesa para atender la situación que tenía el gobierno de Puerto Rico, que no tenía los recursos para pagar su deuda. Estaba enmarcada en que no tenía los dineros suficientes para poder pagar la deuda del gobierno central, que el dinero del 4% de las manufactureras se iba a perder, y que el gobierno federal iba a privar a Puerto Rico del dinero del Medicaid”, dijo el líder legislativo.

Según el legislador las tres controversias representan unos $8 mil millones anuales y reclamó que en los primeros 18 meses de esta administración de gobierno compartido “las atendimos las tres”.

“El planteamiento de la Junta de Control Fiscal está errado y a destiempo. No han podido demostrar económicamente, empíricamente, que esta legislación afecta la economía del país y el plan fiscal”, sostuvo.

Dijo que mientras más recursos estén en los bolsillos de los ciudadanos, de los trabajadores, del sector productivo, aumenta la capacidad de adquisición de bienes de consumo y florece la economía.

El líder cameral añadió que están haciendo “gestiones” con otros sectores, como sindicatos que representan empleados en el sector privado, organizaciones de derechos civiles, comunidades y grupos de trabajo en apoyo a la Ley 41 de 2022.

“Lo que hicimos fue devolverle unos derechos que habían perdido empleados del sector privado”, indicó por su parte el representante Domingo Torres García, cuya comisión en la Cámara evaluó el proyecto que dio paso al estatuto.

Se expresa José Luis Dalmau

El presidente del Senado, José Luis Dalmau, defendió también las enmiendas a ley y aunque no precisó cuándo ni cómo intervendrá en la controversia judicial, dijo que acudirá al tribunal “para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras” del sector privado en Puerto Rico.

“Los cambios a la reforma laboral que legislamos son producto del compromiso del Partido Popular Democrático con los empleados del sector privado en Puerto Rico. Se trata de una pieza de legislación que le hace justicia a ese importante sector de nuestra economía”, indicó en declaraciones escritas.

El líder senatorial cuestionó también uno de los argumentos de la JSF de que la legislación no es compatible con el plan fiscal, pues afectaría los ingresos del gobierno de Puerto Rico.

“Es decir, que la legislación laboral implicaría que se pagan menos contribuciones o se recibiría menos dinero en Hacienda por concepto de IVU. Esa explicación utiliza un estudio hecho por un economista pagado por la Junta con fondos del gobierno de Puerto Rico que utiliza información del Banco Mundial para llegar a la conclusión de que cambios en los días de vacaciones u otras licencias o la compensación por despido implicaría un recaudo menor en el gobierno. Con respeto voy a indicar que es una conclusión muy difícil de comprender, pues no existe un nexo causal entre lo que hemos legislado como derechos de empleo y los recaudos del Departamento de Hacienda”, sostuvo Dalmau Santiago.

En segunda instancia, dijo, que la Junta ha planteado como objeción el hecho de que la administración Pierluisi no le ha ofrecido información en el sentido de que los recaudos no se vean afectados.

“Sobre ese particular la Junta ha insistido en su carta de que se le ha dado oportunidad al gobierno a que se exprese y no lo ha hecho. Me sorprende que la administración Pierluisi no haya sido capaz de proveer información al respecto. En particular, cuando todo el pueblo de Puerto Rico sabe que el Departamento de Hacienda anuncia constantemente que excede los recaudos estimados, por lo que cambios de esta naturaleza en la legislación laboral no se ven reflejados en la conducta de los recaudos del gobierno”, sostuvo el líder senatorial.

“Estoy convencido de que la JSF debería escoger mejores batallas para defender el plan fiscal y, de paso, su responsabilidad fiduciaria con todos los puertorriqueños. Parece increíble que decidan defender como bueno y como un activo para Puerto Rico y para la Autoridad de Energía Eléctrica el contrato de LUMA con toda la ineficiencia y lo costoso que le resulta al país y que de otra parte, se opongan a una legislación que aumenta unos beneficios de empleo en el sector privado que le habían sido quitados a nuestra gente. Y que ambas posiciones se den en el marco de una recesión económica”, agregó.