El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, respaldó esta mañana al representante José “Cheíto” Rivera Madera, quien esta madrugada fue arrestado por la Policía junto a otros ciudadanos y líderes comunitarios que protestaban contra la construcción de una torre de comunicaciones en el barrio Los Indios, en Guayanilla.

El legislador del Partido Popular Democrático (PPD) estaba detenido esta mañana en el cuartel de la Policía en Peñuelas, mientras la Uniformada consulta el incidente con la Fiscalía de Ponce.

“En la madrugada de hoy, el representante Rivera Madera fue arrestado por la Policía de Puerto Rico por ejercer su libertad de expresión al denunciar la construcción ilegal de una torre de telecomunicaciones que la compañía Elite Towers, LLC se encuentra realizando en el Municipio de Guayanilla”, expresó en declaraciones escritas el presiente de la Cámara.

Según la Policía, el legislador fue detenido junto a los líderes ambientalistas del Campamento Contra las Cenizas de Peñuelas, Jimmy Borrero y Manuel Díaz Pérez, mientras intentaban detener el paso de camiones al área de la construcción de la gigantesca antena.

Rivera Madera, representante por el distrito 23 (Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Ponce), indicó en un comunicado de prensa que en horas de la madrugada de hoy fue alertado sobre la presencia de maquinaria y equipo pesado que realizaba un “tiro” de hormigón en los predios a cargo de Elite Tower, empresa dedicada a la construcción y operación de estas torres.

Rivera Madera, residente en el barrio Los Indios de Guayanilla, comunidad donde se lleva a cabo la construcción, explicó que se personó al lugar, “de manera pacífica” y en defensa de los reclamos y derechos de la comunidad, quienes en reiteradas ocasiones han solicitado los permisos de construcción de esta obra.

“Eso era lo que solicitábamos allí cuando fuimos arrestados”, señaló Rivera Madera.

El presidente de la Cámara indicó que Rivera Madera fue detenido luego que en ayer se unió, con un recurso de intervención, a una demanda de interdicto preliminar, interdicto permanente y sentencia declaratoria solicitada por el Municipio de Guayanilla, en la que se reclama la detención inmediata de las labores de construcción de la torre de comunicaciones.

Se alega en el recurso legal que el proyecto amenaza la salud y estabilidad de cientos de familias con niños y adultos mayores con condiciones crónicas de salud. Se alega además, violaciones a la ley, irregularidades en la otorgación de permisos, menoscabo de la reglamentación ambiental y falta de participación de la comunidad en el proceso.

Hernández Montañez indicó en sus declaraciones escritas que la constructora Elite Towers, LLC reanudó labores a las 4:00 de la madrugada de hoy e incurrió en actos de tiro de cemento para los cuales “carece de los permisos correspondientes a pesar del reclamo pacífico realizado por los manifestantes de aguardar por el dictamen del tribunal ante el recurso extraordinario que se encuentra ante su consideración”.

“No existe un ápice de evidencia de que el representante Rivera Madera ni los otros manifestantes detenidos hayan incurrido en actos constitutivos de intimidación o violencia. Al contrario. Los actos imputados al representante son totalmente legítimos para exigir el cumplimiento de la ley y el respeto por la salud y seguridad de sus constituyentes”, sostuvo el líder legislativo.

Hernández Montañez dijo que que el representante Rivera Madera cuenta “con el total respaldo de la Cámara de Representantes” y dijo que los abogados del cuerpo legislativo se personaron hasta el área sur para proveerle asistencia legal.

Recordó que la Legislatura aprobó del Proyecto de la Cámara 2 que buscaba derogar el Artículo 200 del Código Penal (obstrucción o paralización de obras), pero la medida fue vetada por el gobernador Pedro Pierluisi. Añadió que este delito es el que podría estar siendo evaluado en este momento para iniciar un procesamiento penal en contra de los manifestantes.

“Estamos convencidos de que (este artículo) violenta nuestra Carta Magna al criminalizar las manifestaciones públicas e intentar silenciar al pueblo. Sin embargo, este gobierno le impartió un vergonzoso veto”, expresó el presidente de la Cámara y pidió prudencia al Departamento de Seguridad Pública y al Negociado de la Policía “en la investigación de unos hechos que están totalmente protegidos por la Constitución y la jurisprudencia interpretativa”.

“El veto impartido no enmienda la Constitución. No existe ninguna razón valida para iniciar un procesamiento penal para el cual no existe la prueba mínima requerida para superar una vista de determinación de causa probable para arresto y mucho menos alcanzar el estándar de prueba más allá de duda razonable para una etapa de juicio. Los verdaderos criminales son las compañías constructoras que actúan en menoscabo de la ley y pretenden utilizar la fuerza policíaca para proteger sus cuestionables actos”, sentenció Hernández Montañez.