El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, no se rendirá e insistirá en su postura en contra del aumento salarial de los jueces.

Es que, a un día de darse a conocer que el Tribunal Supremo no dio paso a la apelación presentada por la Cámara de Representantes que buscaba dejar sin efecto un fallo del Tribunal de Primera Instancia que ordenaba el aumento salarial a los jueces, Hernández Montañez dejó claro en declaraciones escritas que “nuestros abogados están preparando un recurso de reconsideración, fundamentado en derecho, para que el Alto Foro Judicial adjudique esta controversia en sus méritos”.

“La Cámara de Representantes no claudicará a la defensa de sus prerrogativas constitucionales ante el uso desmedido de un tecnicismo inconsecuente para obtener un beneficio personal en menoscabo del Poder Legislativo. Confiamos en que el Tribunal Supremo desistirá de este nefasto precedente”, señaló.

El líder cameral ha insistido que el aumento de salario a los jueces debe ir atado a una medida que también adjudique incrementos en las ramas ejecutivas, como al gobernador y a algunos miembros del gabinete, así como a los miembros de la rama legislativa.

Ante la paralización de los procesos por las controversias que suscitó tal propuesta, los jueces acudieron a su propio foro mediante una demanda para incrementarse el salario. Hasta el momento, las determinaciones judiciales avalan la medida.

Ayer, la apelación de la Cámara no pasó el cedazo del Supremo, debido a que se falló en un proceso. No fue debido a los méritos planteados.

Según el dictamen, “la omisión en notificar a la OAT de la presentación de la apelación dentro del término dispuesto para ello conlleva la desestimación del recurso, por no haberse perfeccionado. ‘El recurso que no se notifica a todas las partes, priva de jurisdicción al Tribunal para ejercer su facultad revisora’”.

Hernández Montañez, como respuesta, adujo a que con la apelación buscaban “defender las prerrogativas constitucionales y la doctrina de separación de poderes”.

Dijo que difieren de que la notificación no se haya hecho a tiempo.

“Respetuosamente diferimos. Todas las partes fueron debidamente notificadas dentro del término dispuesto por nuestro ordenamiento y así lo acreditamos ante el propio Tribunal. El efecto inmediato de esta sentencia - sin la firma de ninguno de sus ponentes - es que el Poder Judicial - particularmente los propios Jueces que emitieron este dictamen - se han legislado para sí mismos privilegios y beneficios en menoscabo de la propia Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que juraron defender, en un momento histórico donde la credibilidad de las instituciones públicas se encuentra en precario”, manifestó.

Añadió que “la propia Rama Judicial no está exenta de estos cuestionamientos ante las profundas deficiencias en su operación que han provocado la revictimización constante de las víctimas del crimen ante la ola de feminicidios que arropa al país, y la pérdida injustificada de vidas por la incompetencia de ese sistema que hoy se compensa a si mismo con bonificaciones y privilegios”.

De inmediato, no se precisó cuándo es que se radicaría el recurso de reconsideración.