El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, advirtió hoy a los portavoces de las delegaciones de minoría que, de no ser aprobada la Resolución Conjunta 278, que da paso al pago de acreedores y bonistas de la deuda del gobierno central, estarán en riesgo $7 millones del presupuesto de la Asamblea Legislativa, lo que -según el líder legislativo- podría implicar despido de empleados en el Capitolio y hasta un cierre parcial de labores.

“Derrotar las enmiendas propuestas mediante la R. de la C. 278 podrían representar reducciones equivalentes a cesantías de entre tres y cuatro empleados por dependencia de la Cámara y Oficina Legislativa, la eliminación del Programa de Empleo de Verano y la reducción de los presupuestos base de oficinas legislativas de los fondos ARPA (Plan de Rescate Americano) allegados para su distribución proporcional entre los casi 500 empleados de la Cámara de Representantes y sus dependencias”, indicó Hernández Montañez en una carta cursada hoy a los portavoces del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos “Johnny” Méndez Núñez; del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli; del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón y del Proyecto Dignidad, Lissie Burgos Muñiz.

La medida fue derrotada por un voto el pasado jueves en la Cámara y se espera que en la sesión de hoy sea llevada nuevamente ante el pleno mediante reconsideración. En la votación del jueves no estuvo presente el representante popular José “Conny” Varela Fernández.

Según Hernández Montañez, si la Legislatura no recibe los $7 millones adicionales a su presupuesto, se establecería un límite en las compras de materiales para oficinas legislativas, estrictamente dirigiéndolas a la compra de material esencial, como lápices, bolígrafos, tinta y papel.

“Como si lo anterior no bastara, nos veríamos forzados a implementar reducciones adicionales que resultarían en un presupuesto base de $11,000 al mes por oficina de mayoría y de $4,000 por oficina de minoría. La reducción de $9,000 mensuales sería el medio menos oneroso de trastocar las operaciones de la Cámara para garantizar las operaciones de la Cámara hasta, al menos, el cierre del presente Año Fiscal 2022″, indicó.

Dijo que estos cambios serían efectivos el 1 de marzo de 2022. “De lo contrario, nos veríamos forzados a contemplar otras medidas, incluyendo el cierre parcial de las operaciones, lo cual descontinuaría el ofrecimiento de los servicios legislativos al pueblo puertorriqueño que nos honró con su voto. La trascendencia de este asunto resulta meridianamente clara”, reclamó el Presidente de la Cámara.

“Las consecuencias de derrotarla no requieren mayor elaboración, pues se trata de un asunto medular que trastoca la esencia misma de la prerrogativa legislativa. Nos toca escalarla prudencia para continuar enfrentando con éxito los retos que este momento histórico nos impone”, agregó.

Sostuvo, Hernández Montañez que la presente administración de la Cámara de Representantes enfrenta una crisis presupuestaria “sin igual en la historia moderna de nuestra gesta gubernamental” y dijo que la gravedad del asunto era y continúa siendo de tal magnitud que el 12 de enero 2021, como primer mandato legislativo firmó una orden administrativa declarando un estado de emergencia presupuestaria, autorizando la implementación inmediata de controles administrativos y fiscales; y consolidando funciones entre la Superintendencia del Distrito Capitolino.