“Una de estas cosas no es como las otras...”.

La famosa estrofa de la canción de Plaza Sésamo se hizo relevante ayer al conocerse que el gobernador Alejandro García Padilla dice no apoyar un memorando surgido en su propia oficina y que dispone que los vehículos oficiales sintonicen solo las emisoras WIPR y Radio Universidad, hecho que le costó una suspensión al chofer de La Fortaleza, Misael Santana Urrutia. ¿En serio? Ahhh, cará.

El primer ejecutivo expresó que la directriz que circuló el administrador de la Oficina del Gobernador, Harold González Rosado, “no cuenta con mi apoyo” porque no cree correcta la imposición de escuchar únicamente emisoras gubernamentales. Sin embargo, justificó el insólito castigo al chofer alegando que este fue sancionado debido a un supuesto altercado que tuvo con las funcionarias que hicieron la denuncia oficial, Diana Galiñanes y Joanna Morales, y no por haber violado la directriz sobre las radioemisoras.

En cambio, don Misael explicó que cuando el asesor legal de La Fortaleza, Ángel Robles Candelaria, lo citó para investigar los hechos ocurridos el pasado 18 de julio este le preguntó específicamente si había recibido el memorando que establece las radioemisoras que debían sintonizar los choferes y si había leído el documento, lo cual ratifica que sí había una investigación en curso sobre el cambio de emisora. El chofer, en su declaración jurada, aceptó que sí había leído la orden sobre las radioemisoras e indicó además que sí les dijo a las dos funcionarias que él “tenía derecho a escuchar noticias” y que “no estaba escuchando ningún programa chabacano”. También dejó claro, en el mismo documento, que “no les falté el respeto” a las dos funcionarias.

Mientras, el abogado de don Misael, Wilbert Méndez, se mostró “sorprendido” ante el giro que le dio ayer el gobernador al caso lo que, a su juicio, es una acción “acomodaticia”.

“Me sorprende escuchar ésto... es acomodaticia la excusa que dan públicamente ahora cuando en ningún lado de la carta que le entregaron a Misael se le imputan cargos relacionados a conductas de ese tipo”, expresó el licenciado.

“Además, si hubo un alegado altercado fue iniciado por las empleadas que lo increparon... y lo cierto e irrefutable es que todo se origina a base de la directriz”, agregó Méndez.

Negó también que haya una apelación en proceso, como mencionó el jefe de prensa de La Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz, pues aunque don Misael presentó una solicitud de revisión, esta quedó sin efecto con la segunda notificación de suspensión que recibió el chofer el pasado 4 de diciembre.

“Tenemos 20 días para apelar y no se han cumplido... esperemos que no surjan declaraciones juradas que nunca hemos visto sobre el alegado altercado”, expresó Méndez.

De otra parte, don Misael indicó a Primera Hora que nunca ha militado en partidos políticos, pero como entró a La Fortaleza bajo la administración de Hernández Colón siempre lo han considerado popular y ha sido presionado en su empleo bajo las administraciones del PNP.

“Este año voté por García Padilla”, dijo el chofer, quien además se mostró convencido (en una entrevista antes de que se publicara el reportaje sobre la suspensión) de que “el gobernador no está enterado de mi caso”.

Surgen reacciones

El caso de don Misael trajo consigo una ola de reacciones por parte de varios políticos que se mostraron indignados al conocer la reprimenda contra el chofer por no escuchar emisoras gubernamentales en el vehículo oficial.

Entre las personas estupefactas al saber sobre los hechos se destacó el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, quien catalogó la acción contra el servidor público como una “barbaridad”.

“Me parece un atropello y un abuso de poder salvaje. Esto es una barbaridad”, dijo en primera instancia Pierluisi.

“Lo más que pudiera pensar es que si alguien se molestó en el proceso, se le amonestara verbalmente pero jamás suspenderlo de un empleo. Yo jamás llegaría a un extremo como ese para corregir una conducta que pudo haber molestado a otro empleado, y menos por una estación de radio. Está excesivo, es una barbaridad”, agregó.

Por su parte, la senadora pipiola María de Lourdes Santiago opinó que independientemente de la falta imputada, el patrono no siguió el debido proceso correspondiente en estos casos.

“Primero debe notificar la intención de penalizar al empleado y tiene que celebrar una vista informal. Además, tiene que haber una relación de proporción entre la falta cometida y el castigo que se imponga y, aunque los hechos no parecen estar de todo claros, aparenta ser una penalidad excesiva”, argumentó la legisladora.

La senadora agregó que el problema que trae consigo este tipo de situación es que “cada vez que se incumple con el debido proceso a un empleado público el Estado se expone a una reclamación que resulte en un costo de defensa o de indemnización que termina pagando el país completo”.

Mientras, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jorge Colberg, pareció justificar la sanción al sostener que la orden sobre las emisoras radiales se origina para “evitar que las situaciones que surgen por los frecuentes debates político-partidistas que se dan en la radio del país provoquen controversias entre empleados”.

¿Quién los entiende?

Eugenio Hopgood Dávila colaboró con esta nota.