Surgen dudas sobre cómo alivio de eliminación de la crudita llegará a consumidores
Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes evaluó hoy tres medidas legislativas que buscan eliminarla temporalmente.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 2 años.
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Aunque existe consenso sobre la necesidad de aprobar legislación para suspender temporalmente el cobro del arbitrio a la gasolina y al diésel oil, mejor conocido como la crudita, varios representantes expresaron hoy, lunes, preocupación sobre cómo se garantizará que este alivio llegue a los consumidores.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, no obstante, se expresó confiado en aprobar esta semana legislación dirigida a establecer la exención por un período determinado. “La intención es llevar a cabo una discusión, lo más amplia posible y buscar una alternativa”, dijo el representante al sostener que hay que tomar acción “ahora”.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes evaluó hoy tres medidas legislativas que buscan eliminar temporalmente la crudita. En su comparecencia, el componente fiscal del gobierno favoreció la medida presentada por el gobernador Pedro Pierluisi -en este caso el Proyecto de la Cámara 1297- que extendería el alivio por un período de 45 días.
“Avalamos la aprobación del Proyecto de la Cámara 1297, ya que permite brindar un alivio al consumidor mientras que se cumplen con los requerimientos del plan fiscal, por lo que atiende de antemano posibles cuestionamientos que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pudiera plantear”, expresó Roberto Rivera, representante de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
La medida de Pierluisi autoriza a la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) a emitir un dividendo por $50 millones y que el Departamento de Hacienda le imponga una contribución de 50%, lo que generaría $25 millones, que sería el costo estimado que tendría la suspensión del cobro del arbitrio por 45 días.
Una vez avalada la medida por la Asamblea Legislativa, la ASC realizará un pago especial de $25 millones al Departamento de Hacienda, quien, a su vez, depositará el dinero en el Fondo General del Gobierno.
El impuesto sobre el petróleo, la gasolina y el diésel representaría $528 millones al Fondo General para este año fiscal 2022. Esta cifra representa el 4% del universo de los fondos que el Plan Fiscal estima como recaudos del gobierno de Puerto Rico.
“El proyecto que envía el señor gobernador es uno más específico, con mayor certeza y no anticipamos una posible oposición de la JSF... al fin de cuentas lo que queremos es reducir ese impacto en la ciudadanía”, puntualizó el subsecretario de Hacienda, Ángel Pantojas.
Tanto Santa como el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Juan Oscar Morales, levantaron la preocupación sobre qué ente fiscalizará que el alivio se refleje en la bomba de gasolina. “Aquí vemos que a veces baja el petróleo y la falta de energía se queda alta o el precio de la gasolina no baja”, expresó Santa.
Morales, por su parte, sostuvo que la medida debería incluir lenguaje a tales efectos. “Las cosas no se dejan a interpretación de otros, de nadie. A mí me enseñaron que esas letras que están aquí, tienen que ser específicas, porque el puertorriqueño es cosa seria inventando cosas”, expresó Morales.
Ante los señalamientos, Pantojas dijo que la agencia haría los ajustes necesarios para que los importadores o compañías distribuidoras que están en esta actividad comercial puedan identificar, durante el periodo que aplica la suspensión, las cantidades que no están sujetas y que son exentas del arbitrio durante ese término.
En cuanto al precio al detal y los márgenes de ganancias, dicha responsabilidad recaería en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), por lo que habría que consultar la opinión de su secretario, Edan Rivera, expresó Pantojas.
“Ese tema hay que tenerlo desde el momento de la radicación del proyecto, proque si se lo ganan los culmillú y no pasa a los ciudadanos, pues, entonces, qué adelantamos”, señaló el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez.
Otra reserva levantada durante la vista pública es que la medida de administración no contiene lenguaje para que, en caso de que sea necesario y se identifiquen las fuentes de repago, se verifique la viabilidad de ampliar la exención más allá de los 45 días dispuestos en la pieza legislativa. “El proyecto, como está, creo que es un buen primer paso”, dijo Jean Peña Payano, asesor de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).
A preguntas de los legisladores, los representantes del gobierno reconocieron que no existe un plan alternativo en caso de que la junta de la ASC rechace ejecutar la declaración de dividendos.
Santa no descartó atender el tema a través de un proyecto sustitutivo que recoja elementos de cada una de las propuestas ante evaluación de la Legislatura. “Buscamos, primero, el mecanismo más rápido y lo mejor de los tres proyectos”, dijo en referencia a las medidas presentadas por el Ejecutivo, el presidente del Senado, José Luis Dalmau y el portavoz del PNP, Johnny Méndez.
“Si al final del día la intención no es ser titular de un proyecto y es tener una legislación que nos ayude, eso el pueblo lo va a entender”, expuso Santa.