Ponce. El Municipio Autónomo de Ponce volvió a tropezar en los tribunales, en su intento de ocultar los nombres de los empleados contratados entre los años fiscales 2012-2013 a 2015-2016, con los puestos que ocupaban y el salario que devengaban.

Esta vez fue ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que declaró no ha lugar la petición de certiorari del ayuntamiento. Por tanto, se sostiene la determinación del Tribunal de Apelaciones que ordenó a la administración de la alcaldesa novoprogresista María Meléndez Altieri divulgar la información.

El asambleísta municipal de minoría Luis Irizarry Pabón, del Partido Popular Democrático (PPD), informó hoy que la decisión del máximo foro judicial se le notificó el pasado 21 de febrero y que Meléndez Altieri tiene 10 días laborables para solicitar reconsideración.

La alcaldesa confirmó mediante comunicado de prensa que pedirá la reconsideración, para lo que tiene hasta el 7 de marzo.

Este es el más reciente capítulo de una disputa legal entre Irizarry Pabón y Meléndez Altieri, que ya supera dos años. El asambleísta busca que se dé a conocer esa información de carácter público porque asegura que el municipio contrató empleados durante una veda impuesta mediante ordenanza municipal. La prohibición de nuevas contrataciones se basa en la supuesta crisis fiscal en que la alcaldesa se basó para justificar bajarles la mitad de la jornada a los empleados municipales.

Meléndez Altieri, por su parte, basa su negativa a divulgar la información, que el Apelativo determinó es pública, en que la Ley de Municipios Autónomos le obliga a proteger la privacidad de los empleados.

“Llevaremos este asunto hasta las últimas consecuencias, reafirmamos nuestra obligación de proteger la confidencialidad que impone la Ley de Municipios Autónomos en el manejo de la información de los empleados municipales”, dijo la alcaldesa por escrito.

Irizarry Pabón manifestó hoy en rueda de prensa que con la limitada información provista por el municipio ha identificado alrededor de 333 empleados contratados ilegalmente, algunos en puestos de confianza.

“Se sigue gastando dinero del municipio en un caso donde la verdad ha salido a flote. Estamos bien seguros que la decisión que tomó el Apelativo fue tan contundente que, en derecho, lo que parece es que esto es inapelable. Por eso la exhorto a dar la información, que sea transparente. Le pido que cese en ocultar información”, manifestó el asambleísta, quien estimó que el municipio ha gastado más de $300 mil en litigar este caso.

Al municipio lo representa el Bufete Cancio, Nadal, Rivera & Díaz, con sede en San Juan.

Por otra parte, la licenciada Yasmín Colón, del Bufete Emmanuelli que representa a Irizarry Pabón, indicó que si el municipio vuelve a recibir un no ha lugar, le quedaría una última oportunidad para pedir reconsideración, al cabo de tres días laborables de ser notificado. Si la respuesta del Supremo se mantiene, culminaría el caso.

“Entonces tendríamos que ir al Tribunal de Primera Instancia para pedir que, so pena de desacato, el municipio provea esa información”, dijo Colón.

Se le preguntó a Irizarry Pabón si, una vez reciba la información, pediría el despido de los empleados contratados ilegalmente, pero respondió que canalizaría los resultados con las agencias pertinentes.

“Nosotros vamos a continuar la investigación, terminarla y someterla a los foros que sean pertinentes. Yo entiendo que la violación es del Ejecutivo. Si a mí me ofrecen un trabajo y tengo una necesidad, yo voy a aceptar. Pero el Ejecutivo no les ha dicho a esos empleados que lamentablemente les contrataron ilegalmente”, expuso Irizarry Pabón, quien luego reconoció que sí hay empleados que tienen que haber sabido se les contrató en un periodo de veda, como jefes de agencia que renunciaron y retornaron al ayuntamiento.

Los hallazgos preliminares de esta investigación fueron referidos al Departamento de Justicia y a la Oficina de la Contralora, pero Irizarry Pabón dijo que no le han respondido.