Funcionarios en puestos de supervisión, aquellos con poco tiempo en el gobierno, y funcionarios con más de 20 años de labor en el servicio público, estuvieron entre los que más violaron las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental, en gran medida para obtener beneficios para sí mismos, según revela la actualización de la tercera edición de la Radiografía de la Corrupción, presentada ayer por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

Este nuevo estudio, R3-10, cubre la década entre la aprobación de la Ley de Ética Gubernamental vigente, la Ley 1-2012, y el 31 de diciembre de 2022. El análisis comprende 190 resoluciones emitidas por la OEG bajo esa Ley 1-2012, aunque la oficina resolvió más de 300 casos durante ese mismo periodo de 10 años, si bien los restantes fueron casos bajo la ley de ética gubernamental precedente.

Cabe resaltar que se trata de violaciones administrativas, que son las que caen bajo jurisdicción de la OEG, pues la Ley de Ética Gubernamental también tiene otras disposiciones penales, que las atiende el Departamento de Justicia o el Panel del Fiscal Especial Independiente.

De acuerdo con los datos presentados por el director ejecutivo de la OEG, Luis A. Pérez Vargas, esta tercera edición de la radiografía de la corrupción actualizada reveló que el 75.5% de las violaciones fueron cometidas por funcionarios en posiciones de supervisión.

“Lo que nos puede demostrar esto es que a los supervisores nadie los está supervisando… que ese supervisor, posiblemente intermedio o ya rayando en el alto perfil, está libre de una supervisión, que quizás lo que propende es que cometan actos violatorios de ley porque no tienen a nadie que esté velando sus pasos”, comentó Pérez Vargas.

Por otro lado, entre los incumplidores, 43% de los violadores de la ley llevan de 0 a 5 años en el servicio público. Eso representa un aumento de 13% con respecto a la radiografía 2 (R2).

“Entonces esto nos deja ver cómo estamos reclutando y cómo estamos seleccionando a nuestros líderes en procesos democráticos. Si es que entre 0 y 5 años es el que más está violentando la Ley de Ética, se ha obviado el principio de mérito, lo que ha entrado es reclutamiento transitorio, el asunto por contrato, no está entrando posiblemente la persona más apta al servicio, sino una persona que venga a ocupar o a resolver una situación en un momento dado. Por eso la importancia del principio de mérito”, comentó el director ejecutivo.

En tanto, 20% de los violadores de ley llevaban más de 20 años trabajando en el gobierno, lo que supone un aumento de 7% comparado con la R2.

Mirando desde el punto de vista de los puestos que más incurren, el estudio arroja que 40% son funcionarios de alto perfil, entiéndase alcaldes (10%), jefes de agencias (6%) y directores de área (24%). Esa estadística aumentó en 21% respecto a la R2.

Pérez Vargas sostuvo que, para atajar esa tendencia, la OEG ha visitado 70 de los alcaldes y alcaldesas “personalmente, reuniéndonos con ellos, repasando las prohibiciones éticas y haciendo recomendaciones”. De la misma forma, “tuvimos varias sesiones con los jefes de agencias, sobre cien jefes de agencia, adiestrándolos también sobre la normativa ética”.

Aclaró que los ocho municipios que no visitaron (Adjuntas, Ciales, Arecibo, Rincón, Aguadilla, Arroyo, Isabela y Coamo) fue porque se trata de municipios con los que la OEG tiene casos pendientes contra sus alcaldes en funciones y prefirieron esperar a la resolución de dichos casos

Por otro lado, 54% de las violaciones fueron cometidas por servidores públicos en agencias de gobierno, y 46% por servidores públicos en municipios.

En cuanto al recurso público utilizado indebidamente con más frecuencia, resulta que el 59% fue el renglón de deberes y facultades del cargo, que, según explicó Pérez Vargas, incluye acciones como “uso de vehículo oficial para asuntos personales, ordenar a empleados realizar funciones no oficiales, o chofer personal, etcétera, favores familiares, acceder a sistemas de información para las famosas eliminar las deudas y la multa que pasa en instancias como los casos que vemos en el CESCO o en el CRIM, o utilizar u ordenar el uso de facilidades públicas para un fin privado o político partidista”.

Mientras, entre los beneficios obtenidos por las acciones antiéticas del servidor público, la obtención de dinero se colocó en 37%, lo que supone un aumento de 4% con respecto a la R2. Pérez Vargas explicó que esa categoría de obtención de dinero abarca situaciones como “cobrar a ciudadanos por servicios gratuitos”, o apropiarse del dinero del ‘petty cash’ o caja menuda que “es una herramienta grandísima de mala utilización de fondos públicos si no hay un control, y nuestra recomendación ha sido eliminarla”.

El uso de propiedad pública fue un 22% del beneficio obtenido, y un 41% fue la categoría otros, que agrupa asuntos como “contratos, nombramientos o actividades políticas”.

En cuanto a quiénes fueron los beneficiados por las acciones antiéticas de servidores públicos, sobresale que el 61% fue el propio servidor público que violaba la ley, un aumento de 8% con respecto a la R2, y “eso levanta entonces la calidad de la persona que tenemos en el servicio público y con qué fin esa persona llegó al servicio público”.

En el 10% de los casos fue el partido político o candidato el beneficiario de la acción antiética, un aumento de 5% respecto a la radiografía precedente.

En el 11% de los casos el beneficio fue para algún pariente. Esta estadística tuvo una reducción significativa de 23% respecto a la radiografía anterior, que Pérez Vargas atribuyó a una opinión del Tribunal Supremo del 2014, que “cambió la forma de ver el nepotismo, que no es que la persona tenga la capacidad de influenciar en el nombramiento de un pariente, sino que en efecto lo haya ejercido”, y ahora es necesario contar con un testigo que declare y no basta con la mera asociación o apariencia.

En el restante 18% de los casos, el beneficio por la violación a la Ley de Ética fue para una persona o entidad privada.

De las 190 resoluciones contenidas en esta radiografía R3-10, 66.7% terminaron en acuerdos, entiéndase “la persona levantó las manos, se le presenta la querella, no litiga su caso, y llega a un acuerdo de transacción”. En el 33.3% restante el caso se vio hasta el final, o sea, se ve ante un oficial examinador, los abogados de la OEG presentan su prueba, la parte querellada se defiende, y el oficial somete un informa para multa o archivo.

Pérez Vargas resaltó que la OEG logró un 96% de éxito en las resoluciones emitidas. En el total de 317 resoluciones conseguidas durante esa década, de 371 querellas sometidas, la OEG consiguió cobrar entre multas y restituciones sobre $1.2 millones.

Ante esos hallazgos, la OEG emitió varias recomendaciones que su director ejecutivo aseguró no tenían impacto fiscal, aunque sí requieren de voluntad para ponerlas en práctica. Dichas recomendaciones incluyen: recuperar el principio de mérito en el reclutamiento de servidores públicos con el fin de seleccionar a los más aptos bajo una estructura de competencias; rediseñar el proceso de selección del recurso humano que ocupará posiciones de supervisiones; restablecer e implementar sistemas de rastreo e inventarios periódicos como método de proteger la propiedad pública; restructurar los procesos administrativos dirigidos a colectar dinero en efectivo como fórmula para reducir el riesgo de pérdida; supervisar los controles establecidos para impedir mala utilización de propiedad mueble e inmueble; elaborar política gerencial para que los jefes de agencia y ejecutivos municipales validen el trabajo de personal de confianza y supervisores

El informe completo de la R3-10 está disponible para el público en el portal oficial de la OEG.