La gerente de mercado de la empresa JF Montalvo, Yolanda Carrión, aludió este jueves a que fue un “error o confusión” el que el designado secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, haya ofrecido el nombre de la cadena de supermercados como la que ha mostrado interés por acoger la propuesta de la Asociación de Detallistas de Gasolina para proveer descuentos a los consumidores que pagan en efectivo.

“Nos encontramos sorprendido ante la publicación. Entendemos que se produjo una confusión al mencionar el nombre del comercio interesado en la propuesta. JF Montalvo como empresa nunca estará a favor de incumplir con las leyes y reglamentos establecidos en Puerto Rico”, señaló la representante de esta cadena de supermercados y venta al por mayor.

Relacionadas

Fue el secretario del DACO quien expresó el nombre de JF Montalvo en una entrevista con Primera Hora, luego de que se expusiera que la propuesta de los gasolineros para imponer lo que se ha conocido como un “doble precio” había comenzado a ganar adeptos.

Específicamente, indicó que en las reuniones que se han dado sobre el particular trascendió que “JF Montalvo estaría lo más entusiasmado con esa iniciativa, porque les significa, quizás, habilitar una caja registradora adicional, que atienda a comerciantes, que vayan a pagar, a comprar, a pagar cash y, entonces, reciban este descuento, que también le daría la oportunidad al supermercado a dar mejores precios para poder competir con cadenas como Sam’s y Costco en cuanto al precio que le dan al consumidor”.

Al ser contactados para que explicaran los beneficios de esta propuesta, Carrión lo que insistió fue que la empresa no incumpliría los reglamentos y legislaciones vigentes relacionados al tema. El estado de derecho actual prohíbe imponer un cargo a las personas que emiten su pago de manera electrónica.

No obstante, se le aclaró que el secretario del DACO nunca estipuló que la empresa incumplía con tal regulación, sino que habló del interés que supuestamente tenían de que se aprobara la propuesta de los gasolineros para conceder un “descuento” a aquellas personas que paguen en efectivo para así aplicarlo en su comercio.

Entonces, Carrión dejó claro que su interés era hacer constar que “la posición de nosotros es que todo lo que establece el gobierno, nosotros como empresa siempre estamos velando en que se cumpla”.

Asimismo, alegó que ningún ejecutivo del supermercado ha tenido conversaciones dirigidas a apoyar la propuesta. Pero, hizo constar que, si se implementa la propuesta del llamado “doble precio”, “la empresa evaluará si es en beneficio a los clientes”.

DACO se ha fijado la fecha del 15 de enero como el día en que emitirían una determinación sobre la probabilidad de que se pueda dar un descuento en el total del consumo en un comercio si se paga en efectivo.

En este periodo, la evaluación de DACO esta dirigida a que existe una regulación que podría prohibir concesiones especiales a los consumidores con relación al método de pago. Se trata de la Ley 152 para Prohibir la Imposición de un Cargo Adicional por Utilizar una Tarjeta de Crédito o Débito en las Transacciones de Venta del 13 de diciembre de 2013.

Esta ley establece que “es política establecida por las instituciones que emiten tarjetas de crédito, mundialmente reconocidas, prohibir contractualmente a los comerciantes imponer cargos adicionales a los clientes por el uso de este método de pago”.

Según dijo Torres Montalvo, “el análisis que nosotros estamos haciendo es el dirigido a ver si hay espacio en ese lenguaje que nos permita a nosotros en el Departamento hacer una interpretación creativa o flexible. Por ahí es que va la cosa”.

Añadió que “esto del doble precio no es algo nuevo. Ya había una orden en el Departamento que data del año 2011, que viabilizaba el doble precio. En ese entonces, no existía legislación local que regulara ese tema. Ahora mismo, no es que tengamos una prohibición al doble precio. Lo que pasa es que tenemos una prohibición a un cargo adicional por usar tarjetas de crédito. Así que si nosotros tiramos un descuento al pago en efectivo podrían interpretarlos algunas personas, al revés, en vez de un descuento por pago cash parece un cargo adicional al uso con tarjeta, que es lo que prohíbe la ley. Así que por ahí es que estamos nosotros trabajando”.