En las últimas cinco semanas el Sistema de Vigilancia de COVID-19 del Departamento de Salud ha identificado 22 brotes de coronavirus en hogares de ancianos, mientras que la cifra de envejecientes fallecidos en este tipo de residencias de cuido prolongado se eleva a 41.

Ocho de los 22 brotes -término científico establecido cuando se identifican más de tres contagios en un mismo entorno- han ocurrido en hogares de ancianos de la región metropolitana, detalló la epidemióloga que atiende los esfuerzos de esta iniciativa, Idania Rodríguez.

Mientras, en la región de Bayamón se contabilizaron siete brotes, en Caguas dos y en Aguadilla tres. Las regiones de Arecibo y Mayagüez han presentado un brote cada una.

“Este no es un número completo. Pudiesen haber otros casos de brotes de los que no tenemos conocimiento porque no nos ha llegado aún la información”, especificó Rodríguez.

El aumento en brotes en hogares de ancianos coincide con el alza sostenida de casos positivos de coronavirus que ha enfrentado Puerto Rico desde el pasado mes de julio. De hecho, agosto se posicionó como el mes más mortífero por el virus con 205 decesos vinculados a la enfermedad. Mientras que en lo que va de septiembre han muerto 84 personas. Además, coincide con el momento en que el gobierno disolvió el grupo asesor médico para manejo de COVID-19 y se flexibilizaron las restricciones en el sector económico y social.

Un dato que llama la atención es que de las 41 muertes de residentes de cuidos de adultos mayores, siete se han registrado en un mismo hogar localizado en la región de Mayagüez. Como en otras occasiones, la agencia se abstuvo de mencionar el nombre del establecimiento.

De hecho, esas son las únicas siete muertes de personas que residen en un hogar de ancianos que se registran en la región.

“Se identificó el hogar, se hicieron visitas y pruebas. Estas personas fallecieron en hospitales en distintas fechas. No es que murieron todos a la vez. Y el Departamento de la Familia está informado. De igual forma, el establecimiento está obligado a reportar a los familiares de los parientes que dan positivo y al resto de familiares de otros residentes de la situación y las medidas que se están tomado para mitigar la misma. Eso es requisito”, dijo Rodríguez al destacar que los parientes pudieran solicitar a los dueños del hogar a que realicen una videollamada para constatar que su ser querido está bien. “Es importante recalcar que los familiares, aunque no puedan visitar a los residentes, sí tienen derecho a verlos por otras vías”, insistió.

De otra parte, mencionó que la zona que más defunciones ha contabilizado es Bayamón con 14 decesos, seguido por el área metropolitana con 10, Arecibo con cinco, Ponce con cuatro y Caguas con uno.

“Los datos de mortalidad son provistos por los hogares y pasan por un proceso de validación en el sistema del Departamento de Salud. En ese sentido es que hemos identificado hasta principio de mes (septiembre) 41 defunciones de residentes de cuido prolongado. A medida que se depuran las listas estos números pudieran mantenerse estables o aumentar”, acotó la epidemióloga.

Desde que el Departamento de Salud cogió la batuta de realizar las pruebas de COVID-19 el pasado mes de agosto -una acción que inicialmente se coordinaba con la Guardia Nacional y los Centros 330- se han impactado 109 hogares de cuido prolongado de adultos mayores donde se han realizado 2,764 pruebas serológicas a empleados y residentes. De estas 41 arrojaron resultados positivos para empleados y 89 a residentes.

Mientras, en el mismo periodo de las pasadas semanas se les ha suministrado pruebas moleculares a 1,285 personas de 31 residencias de ancianos, de las cuales 125 arrojaron resultados positivos (85 residentes y 44 empleados). Se precisó que aun quedan 82 pruebas pendientes a procesar.

En términos generales, desde abril hasta septiembre el proyecto ha realizado 14,197 pruebas serológicas y 10,044 pruebas moleculares. Durante estos meses se han impactado 398 hogares únicos de los 850 centros de cuidos prolongado licenciados por el Departamento de la Familia. Se estima que en el total de hogares residen entre 25,000 a 30,000 envejecientes.

Rodríguez adelantó que próximamente el Sistema de Vigilancia de COVID-19 – el cual cuenta con una plantilla de 70 empleados- llevará a cabo pruebas de detección de coronavirus en las égidas, las cuales son residencias de ancianos en donde estos llevan vida independiente.

“La Guardia Nacional nos estará apoyando en este esfuerzo en términos de coordinación”, dijo la especialista al indicar que en Puerto Rico hay un aproximado de 180 égidas.

El reporte del martes del Departamento de Salud indica que hay 18,206 casos confirmados de COVID-19 y 19,996 probables. El número de muertes se eleva a 551. Mientras, se indicó que hay 408 personas hospitalizadas y de estas 64 están en cuidados intensivos y 43 (incluyendo un menor de edad) permanecen conectados a un ventilador.

“Lo importante es que identificar los casos y activar un plan de mitigación.. a esos fines estamos orientando a los hogares sobre protocolos adecuados en el manejo de casos y otros temas”, expresó la epidemióloga al indicar que la semana pasada se active el proceso de orientación mediante llamadas o visitas en 56 hogares de ancianos. “Tenemos otras 20 visitas programadas para esta semana”, agregó.

El primer brote notificado por el gobierno ocurrió a principio de julio en un hogar de ancianos en Carolina, donde se registraron 23 contagios al virus (incluyendo 18 residentes) y dos fallecimientos. El nombre del hogar nunca fue revelado.

Mientras, el 28 de julio el Departamento de la Familia dio a conocer que el centro de cuido prolongado Hogar Villa Almirante, en Vega Baja, registró un brote de coronavirus en el que 22 ancianos y ocho empleados resultaron contagiados. Una persona falleció a consecuencia de la enfermedad. Este hogar, posteriormente, fue cerrado por su dueño.

Tanto en el hogar de Carolina como en el de Vega Baja, la Junta de Licenciamiento del Departamento de la Familia inició investigaciones para determinar si hubo alguna negligencia por parte de los operadores y administradores de los centros. En el caso de Vega Baja también investigaban las unidades de Maltrato Institucional y la de Control de Fraude al Medicaid del Departamento de Justicia, según había informado a Primera Hora el secretario de Familia, Orlando López Belmonte.