La "Ley de Vehículos y Tránsito" (Ley 22-2000) podría sufrir cambios pronto para reforzar las penas que se imponen a los conductores que violentan sus disposiciones con el objetivo de que lo que hoy constituye una falta administrativa sea tipificado como delito.

La propuesta surgió durante una vista pública de la Comisión senatorial de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Transportación en la que se discutían otras posibles enmiendas al estatuto, y de inmediato fue acogida por la Policía.

"Si se revierte a delito grave o menos grave (las penas en la Ley 22), le daría más garras a nuestro ordenamiento jurídico para sacar esa gente (que actúa temerariamente) de las carreteras", manifestó la licenciada Estrella Mar Vega, asesora legal del superintendente de la Policía, José Caldero López, en vistas públicas a preguntas del senador Martín Vargas.

El senador del Partido Popular Democrático (PPD) insistió durante la audiencia en que la "Ley de Vehículos y Tránsito" ha sido inefectiva en desalentar a quienes conducen vehículos de motor de manera temeraria, y tampoco provee mecanismos prácticos para garantizar que las personas intervenidas por violar sus disposiciones paguen las multas impuestas.

"La Ley 22 es una porquería de legislación, y de la manera como está, no le da ninguna potestad al estado de procesar a personas que andan temerariamente por las carreteras", afirmó Vargas durante su turno de preguntas.

 "Hay que darle garras a la Ley 22, como está ahora, cometiste una falta, le diste una palmada, vete y sigue conduciendo... No tiene consecuencias", añadió el legislador por el Distrito de Ponce.

La medida bajo discusión no provee para revisar las penas de la Ley 22, sino que ordenaría que los agentes del orden público que detengan a un conductor por violar el estatuto retengan su licencia de conducir en el cuartel más cercano al área de la intervención hasta que el ciudadano demuestre luego que pagó la multa que se le fijó. Ello, amparándose en que existe un problema en el pago de las sanciones.

 Esa era la práctica antes de que se aprobara la ley de tránsito en el 2000, y la Policía rechazó este martes que se reinstale porque supondría mayor trabajo administrativo para la Uniformada, le impone más responsabilidades a los agentes, y vulnera la protección de los ciudadanos en contra del robo de identidad.

 El inspector Jorge Hernández Peña, con tres décadas de experiencia en la Policía, también compareció en representación del coronel Caldero López, y dijo que cuando se retenía la licencia de conducir de los ciudadanos, se reportaban con cierta frecuencia casos en los que el documento público se extraviaba, lo que causaba complicaciones a los ciudadanos, que tenían que tramitar un duplicado, y exponía a los oficiales a procesos administrativos por negligencia.

El inspector Hernández Peña dijo que el volumen de intervenciones y boletos expedidos dificulta la implementación de la legislación propuesta. A modo de ejemplo, mencionó que entre enero y marzo pasado, la Policía hizo más de 250,000 detenciones relacionadas con violaciones a la Ley 22.

Resaltó, además, que la medida, de la autoría del senador popular Ramón Ruiz, haría más difícil las cosas para las personas, pues si la intervención ocurrió lejos de su residencia, tendría que viajar nuevamente hacia ese lugar para demostrar que pagó la multa y poder recuperar entonces su licencia.

 De igual forma, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) se opuso a la pieza legislativa por entender que regresar a las condiciones previo a la aprobación de la Ley 22 sería perjudicial e innecesario, y aún más cuando a partir del 2006, a raíz de legislación federal, se requerirá mostrar la licencia de conducir para abordar cualquier vuelo comercial regulado por las autoridades estadounidenses.

Giovanna Matos de Juan, asesora en asuntos legislativos del DTOP, dijo que la nueva exigencia forma parte de la ejecución de la "REAL ID Act" del 2005, mediante la cual se estableció que las licencias se expedirán a través de "tarjetas inteligentes" que contienen múltiples datos sensitivos de los conductores.

"La licencia de conducir es una identificación indispensable para múltiples gestiones y actividades económicas. No olvidemos analizar que la licencia de conducir contiene información confidencial que, de ser hurtada o extraviada y caer en manos de personas inescrupulosas, podría