La acusación en contra del recaudador del Partido Popular Democrático (PPD) y amigo personal del gobernador Alejandro García Padilla, Anaudi Javier Hernández Pérez, y otros nueve implicados en un esquema de corrupción gubernamental lanzó este jueves una señal de advertencia a políticos y funcionarios por parte de las autoridades federales, que adelantaron que esta es solo la primera fase de la investigación y que podrían ocurrir rondas adicionales de arrestos.

Los 10 arrestos efectuados durante la mañana de este jueves fueron producto de un pliego acusatorio emitido por un gran jurado federal por 25 cargos relacionados con los delitos de conspirar para cometer fraude con programas federales y fraude electrónico, fraude de servicios honestos, lavado de dinero, obstrucción a la justicia, emitir declaraciones falsas ante un gran jurado y conspirar para cometer fraude de servicios honestos, entre otros.

La jefa de la Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, advirtió que la "investigación continúa", mientras que el agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico, Carlos Cases, fue más enfático al dirigirse a los líderes políticos y urgirlos a que "limpien su casa" y que "mediten" sobre las acusaciones emitidas el miércoles por un gran jurado federal.

"Exhorto al gobernador y a los demás líderes políticos de Puerto Rico a que lean el pliego acusatorio con detenimiento y mediten sobre estas acusaciones serias y sin precedentes, y los reto a que limpien su casa de los parásitos y garrapatas políticas que tienen a Puerto Rico desangrado y en cuidado intensivo", señaló Cases, quien denominó el operativo como "Botín de guerra”. 

“La corrupción tiene nombre y apellido: se llama la política partidista o partidocracia, y su hermano gemelo, el inversionismo político", subrayó.

No obstante, aclaró a los "adversarios políticos a no ponerse a celebrar”, pues destacó que uno de los acusados, Javier A. Muñiz Álvarez, es aspirante a la alcaldía de Moca por el Partido Nuevo Progresista (PNP). 

"Los dejo con la siguiente cita: 'La verdad es la verdad y la verdad es invencible', Alejandro García Padilla", concluyó Cases al citar unas declaraciones recientes del primer ejecutivo en las que rechazó los señalamientos iniciales que trascendieron sobre la pesquisa federal.

Rodríguez, por su parte, planteó que "el amiguismo político y el favoritismo en la otorgación de contratos en el gobierno” ha menguado las arcas gubernamentales.

"Hoy el pueblo paga dolorosamente el precio de las negociaciones debajo de la mesa, en los restaurantes y tiendas de lujo, tras bastidores, en cuartos oscuros que resultan en la contratación del que está mejor conectado y no del mejor postor. Hoy pagamos todos las consecuencias del uso de influencias indebidas por personas como el acusado Anaudi Hernández Pérez y otros", manifestó Rodríguez.

Hernández Pérez, de 40 años y quien hizo alegación de no culpabilidad ante el magistrado Marcos López, permanecerá bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano (MDC), en Guaynabo, hasta el lunes, cuando se verá la vista formal de fianza a la 1:30 p.m.

Durante la audiencia, los fiscales José Capó y Timothy Henwood solicitaron que no se le concediera fianza a Hernández Pérez por entender que es un riesgo de fuga y de peligro a la comunidad. El licenciado Osvaldo Carlo, representante legal del empresario, rechazó esos argumentos.

Los coacusados Xavier González Calderón y Muñiz Álvarez también permanecerán detenidos temporeramente en MDC hasta sus respectivas vistas de fianza y lecturas de acusación. La del primero será este viernes y la de Muñiz Álvarez, el 8 de diciembre. Los demás acusados salieron bajo fianza en lo que se ven las vistas en su fondo, pautadas para entre el 8 y 9 de diciembre.

La acusación de 64 páginas cubre tres esquemas de soborno, extorsión y un patrón de corrupción pública orquestado por Hernández Pérez y otros desde que el PPD ganó las elecciones en el 2012 hasta el presente. El objetivo era obtener contratos y beneficios para corporaciones del recaudador del PPD en agencias de gobierno con valor aproximado de $2 millones a través de influencias y pagos indebidos a oficiales de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Cámara de Representantes.

Al detallar los esquemas imputados, Rodríguez ofreció múltiples ejemplos de la cercanía entre Hernández Pérez y García Padilla. A modo de ejemplo, mencionó que el principal acusado celebró su cumpleaños en la suite privada del mandatario en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en Hato Rey, con invitados que incluían jefes de agencias y políticos electos, con comida y bebida incluida.

La acusación establece que Hernández Pérez fue recaudador del PPD y "buen amigo" de la persona B, como se identifica en el documento al hermano del gobernador, Luis Gerardo "Jerry" García Padilla, a quien el empresario enviaba resumés de personas de su confianza para que fueran nombradas en posiciones claves dentro de las agencias públicas. A cambio de costosos obsequios de Hernández Pérez, como carteras de diseñador, boletos para conciertos, cenas en restaurantes lujosos, los funcionarios autorizaron contratos, órdenes de compra, propuestas y pagos para beneficio de él y sus co-conspiradores. El empresario llevaba un récord de todos los "regalos" que hizo.

Además de solicitar nombramientos, también pidió que despidieran a personas que ocupaban puestos de confianza en la AAA por su afiliación política.

Los esquemas

Las corporaciones implicadas en los hechos que dieron base a las acusaciones son: 3 Comm Global, Inc.; Links Group, LLC; Kensall Consulting Group, Inc.; JM Profesional (sic) & Training Group, Inc.; Waffler Avenue, LLC; EKO Technologies LLC; y I A Mech Chem, Inc.

El primer esquema involucra a Sally López Martínez, quien era hasta hoy administradora de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL) y estaba en destaque en la Oficina de Ayuda del Ciudadano en La Fortaleza. La funcionaria envió su resumé a Hernández Pérez en diciembre de 2012. Éste, a su vez, se lo refirió por correo electrónico a “Jerry” García Padilla, y en enero de 2013 la coacusada fue nombrada en el puesto, con autoridad para otorgar y firmar contratos.

Uno de los contratos a las compañías ligadas a Hernández Pérez fue por $300,000, otro por $86,720, otro por $944,500 y por $800,000, entre otros.

El segundo esquema se desarrolló en la AAA, y provocó las acusaciones contra la exvicepresidenta de la corporación pública y la directora de compras, Ivonne Falcón Nieves y Sonia Barreto Colón, respectivamente. La hermana de Falcón Nieves, Marieli, también fue arrestada por supuestamente beneficiarse económicamente de una extorsión a un contratista. Barreto Colón obtuvo esa posición al enviar su resumé a Hernández Pérez, y éste referirlo a un asesor en La Fortaleza.

Con el trato preferencial, ambas gestionaron que se le pagara una deuda de $1 millón a la compañía I A Mech Chem, Inc. a cambio de un pago de $100,000. También ofrecieron información confidencial y estudios internos de la corporación pública para que mejoraran sus propuestas.

El tercer esquema se relaciona con el cuadro telefónico de la Cámara de Representantes, y participaron Hernández Pérez, el administrador de dicho cuerpo legislativo, González Calderón; el otrora director de tecnología Víctor Rafael Burgos Cotto, y el ayudante especial de administración, Glenn Omar Rivera Pizarro.

Mediante esa conspiración, según la acusación, la compañía 3 Comm Global -creada el 9 de noviembre de 2012- obtuvo un contrato para remplazar y dar servicio al cuadro telefónico. Se alega que dicha empresa tuvo ventaja al recibir por parte de los acusados información sobre otras propuestas sometidas como parte del proceso de subasta. 

El sistema telefónico nunca funcionó, y se estuvo pagando hasta octubre de este año, aun cuando se había contratado a otra compañía para manejarlo. La compañía 3 Comm Global recibió aproximadamente $482,208.42 de la Cámara de Representantes.

En contra de Carlos Francisco Luna Cruz, quien era presidente de JM Profesional (sic) Training, pesan cargos por emitir declaraciones falsas ante un gran jurado federal y obstrucción a la justicia.

El pliego acusatorio incluye un cargo de confiscación por la totalidad del dinero devengado, que entraría en efecto si hay una convicción, e incluye la residencia de Hernández Pérez en Aguadilla, valorada en aproximadamente $4 millones y que puso recientemente a la venta. Durante la vista de lectura de acusación, trascendió que el acusado principal vive en un apartamento de lujo en el Condado -donde fue arrestado- y tiene un Porsche Panamera, pero no tiene tarjetas de crédito a su nombre ni radicó planilla en 2013 ni 2014.

Además, Capó argumentó que en los años contributivos 2013 y 2014, ni Hernández Pérez ni su esposa radicaron planilla de contribución sobre ingresos. El fiscal entendía que el empresario representaba un riesgo de peligro a la comunidad porque tenía una licencia de posesión de armas de fuego, pero cuando fue arrestado, encontraron el arma en una cartera, cuando no tiene licencia de portación.

El magistrado López mostró preocupación respecto a información ventilada durante la vista sobre una transcripción de una conversación telefónica que tuvo Hernández Pérez con un testigo que compareció ante el gran jurado, en la que se alega que el hoy acusado lo estaba adiestrando sobre qué tenía que decir.