Soniel Torres dijo temer por su vida y la de su familia
Varios testimonios, incluido el de la empleada cameral, llevan a la Legislatura a expulsar al representante Ramón Rodríguez Ruiz por violencia doméstica.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 6 años.
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El pleno de la Cámara tendrá ante sí hoy el informe de la Comisión de Ética que recomendó, por unanimidad, sacar de su escaño al representante Ramón Rodríguez Ruiz por el delito grave de maltrato, de la Ley de Violencia Doméstica.
El informe concluyó que el pasado 10 de noviembre, Rodríguez Ruiz agredió con los puños en el rostro a la directora de su oficina legislativa y pareja consensual, Soniel Torres Suárez.
Sobre las alegadas irregularidades con la creación de organizaciones para recibir donativos legislativos de forma ilegal y la contratación de un empleado del Colegio Católico de Guayama, la Comisión decidió que aunque “son actuaciones que tienen los elementos de la comisión de un delito penal, requerirían mayor investigación “para obtener el quántum de prueba requerido”.
La Comisión refiere el informe con todos anejos al Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental.
“El testimonio de seis agentes del orden público, del supervisor de enfermería Pedro del Valle y del Dr. José Rodríguez Fontánez no dejan duda alguna que el acto de agresión contra la señora Soniel M. Torres fue cometido por el representante Ramón Rodríguez Ruiz”, dice el informe de 37 páginas.
Indica el documento, que en el testimonio a puerta cerrada del pasado 31 de enero, la señora Torres Suárez le manifestó a la Comisión que no identificaría a su agresor porque “no puedo entrar en el detalle de quién fue la persona que me agredió porque mi vida, yo creo que va por encima de todo esto”.
También dice que se le preguntó a Torres Suárez si temía por su vida y ella contestó: “por la vida de mi familia, por todos, por mi seguridad más bien. Yo no puedo decir de lo que una persona es capaz”.
Listos para sacarlo
El documento será sometido hoy al pleno de representantes en la sesión convocada para las 11:00 de la mañana y hace referencia al caso de expulsión del senador novoprogresista Nicolás Nogueras en la década de 1990.
Para expulsar al representante Rodríguez Ruiz de su escaño por el distrito 27 (Santa Isabel, Coamo, Salinas y Aibonito) se requiere el aval de las tres cuartas partes de la Cámara que son 39, de los 51 representantes. La mayoría novoprogresista necesita votos de las minorías legislativas.
El representante independentista Denis Márquez Lebrón dijo que votará por la expulsión de Rodríguez Ruiz, mientras el portavoz de la minoría popular, Rafael “Tatito” Hernández, indicó que su delegación discutirá el asunto hoy en un caucus a las 9:00 a.m.
Tanto Márquez Lebrón como Hernández son miembros de la Comisión de Ética y recomendaron la expulsión de Rodríguez Ruiz en el informe que será llevado hoy al hemiciclo.
“Entendimos por prueba clara, robusta y convincente que (Rodríguez Ruiz) violentó la Ley de Violencia Doméstica, el artículo de maltrato, siendo eso un delito grave y estableciendo el artículo III, Sección 21 de la Constitución que esa es una de las causas para expulsar a un legislador de su puesto”, indicó el representante Márquez Lebrón.
“Es inaceptable que este cuerpo pueda permitir que siga ejerciendo como un legislador una persona que ha cometido un delito que en Puerto Rico todos los días cientos o miles de mujeres lo sufren, que es la violencia de género. La Cámara no puede ser cómplice de eso y mi exhortación a todos y cada una de las legisladoras y legisladores es que cumplan con su responsabilidad de avalar el informe y votar a favor de la expulsión del legislador”, sostuvo el representante independentista.
Indicó que la Comisión no le creyó a Torres Suárez, quien exoneró al legislador del incidente, aunque lo identificó “con su puño y letra” y mediante una fotografía en sus primeras declaraciones a la Policía. “Le dimos credibilidad a todos los testigos a los que ella le dijo que él fue (el agresor), seis policías y a un funcionario del Hospital Menonita de Guayama a quien le indicó que había sido agredida por su pareja”.
La Comisión discutió el informe durante todo el día de ayer.
Al ser preguntado si el querellado tendría algún remedio procesal antes de que se lleve el informe al pleno de la Cámara, Márquez Lebrón expresó que Rodríguez Ruiz no compareció para defenderse a las dos vistas ejecutivas en las que la Comisión escuchó los testigos “y tendrá que hacer sus planteamientos al hemiciclo”. Al radicarse el informe, un empleado informó que el legislador no estaba en su oficina en el Capitolio.
Aunque levantó objeciones con la contratación por parte de la Presidencia de la Cámara, del oficial examinador Ernie Cabán para que hiciera la investigación contra Rodríguez Ruiz, el portavoz de la minoría popular dijo que estaba satisfecho con el proceso.
“Hemos reconocido el esfuerzo del Presidente de la Comisión y los demás miembros que nos han permitido ser inclusivos en el proceso y aceptar las preocupaciones de todos los miembros de la Comisión”, indicó Hernández.
Por su parte, el representante novoprogresista Ángel Peña Ramírez dijo que la Comisión cumplió con el debido proceso de ley.
“Eso es algo que lo exige el reglamento de la Cámara, los estatutos vigentes y hay unanimidad, lo que dice que tanto la minoría como la mayoría están de acuerdo con la decisión”, sostuvo Peña Ramírez.
¿Qué es un juicio político?
El exsenador Eudaldo Báez Galib, un veterano parlamentarista, explicó que para el proceso de expulsión de un legislador la Comisión de Ética tiene que determinar si existe o no causa para proceder con el juicio político.
“La razón para uno llevar causa son tres: o que sea un delito grave, un delito menos grave o un delito que implique depravación moral. Una vez se determina que lo hay se radica en la Secretaría el pliego de juicio político, se establece una fecha y el imputado tiene derecho a estar representado por abogados y es como si fuera un juicio”, indicó Báez Galib.
Añadió que “el caso clásico” de expulsión fue el del senador Nogueras, quien se autodefendió en el juicio político.