Deponentes en representación de diversos grupos sociales reconocieron este lunes el fin loable del Proyecto de la Cámara 227, que busca enmendar la Ley 297-2018, conocida como “Ley Uniforme Sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de Turnos de Prioridad”, para “eliminar el requisito de presencia física de la persona menor con diversidad funcional para que la persona padre, madre tutor o encargada pueda utilizar el sistema de filas expreso”, pero establecieron que la medida debería ser revisada para enmendar o incorporar aspectos que consideran esenciales para dar su respaldo incondicional a la misma.

El grupo de deponentes, que integraron el licenciado Juan Troche, defensor de la Defensoría de Persona con Impedimentos (DPI); José Acarón, director estatal de la AARP Puerto Rico; Iris Santiago Peña, presidenta del Club de Leones Las Américas de Puerto Rico; e Iris Santiago, de la Corporación de Servicios a Poblaciones Especiales (COSPE), expresó reserva con algunos términos y limitaciones que establece el proyecto, como el uso del término “diversidad funcional” y la limitación a personas según edades, ya sea menor de 18 años o mayores de 60 años.

Relacionadas

Troche destacó que el término diversidad funcional, aunque bien acogido porque “respeta la dignidad humana”, carece de una definición legal, y además no está a tono con el término que usan las leyes federales. Sostuvo que el término que entendía más adecuado sería el de “persona con impedimento”. Agregó que se debería establecer que abarque impedimentos físicos y cognitivos.

Acarón, por su parte, resaltó que estaba en desacuerdo con que se extendiera a cualquier persona de más de 60 años el uso de fila expreso. Usando su propio ejemplo, destacó que supera esa edad y “estoy en condiciones de hacer la fila (regular). Voy a cumplir 65 años y no la necesito”.

“Tenemos que crear mecanismos para que la fila expreso sea realmente para las personas que la necesitan”, reclamó.

El representante Gabriel Rodríguez Aguiló, autor de la medida, acogió las recomendaciones de los deponentes y se expresó dispuestos a hacer enmiendas al proyecto. (GFR Media)
El representante Gabriel Rodríguez Aguiló, autor de la medida, acogió las recomendaciones de los deponentes y se expresó dispuestos a hacer enmiendas al proyecto. (GFR Media)

El directivo de AARP Puerto Rico apuntó a la ley que busca crear un registro de cuidadores, como un posible mecanismo para identificar a las personas que serían autorizadas a usar la fila expreso en lugar de la persona con impedimentos.

Santiago Peña alertó, además, sobre el hecho de que, al eliminar el requisito de presencia física en una fila, se podría afectar “la única salida que tienen algunas de estas personas para distraerse y socializar”, y podría resultar en que “no salga, se mantenga en su casa, invisibilizado”.

Por otro lado, Troche resaltó que hoy día se puede usar también la tecnología, como la videoconferencia, para atender a personas encamadas o con ciertos impedimentos, aunque se reconoció que parte de esa población no necesariamente tiene un acceso adecuado a internet y la tecnología necesaria para usar ese sistema.

El grupo sugirió que se haga una campaña de educación para los servidores públicos, para que puedan conocer sobre las necesidades verdaderas de las personas con impedimentos.

La representante de COSPE, en tanto, fue enfática en que la medida contemple la situación de las personas que están a cargo de esa persona con impedimentos, y que tienen que ocuparse de hacer todo por ella. Y sugirió un proceso para establecer quién va a ser ese representante o encargado de la persona con impedimento para la que se solicita el servicio.

El grupo favoreció el término cuidador, en lugar de tutor, o gestor, pues estos ya tienen una definición legal, y podrían luego conducir a que se desvirtúe el propósito de la ley.

Asimismo, resaltaron la necesidad de un proceso adecuado para identificar a esos cuidadores, de manera que no haya persona aprovechándose y mal usando la fila expreso.

En la vista participaron los representantes Lourdes Ramos, Lisie Burgos, Gabriel Rodríguez Aguiló, Adriana Gutiérrez Colón, Elinette González Aguayo, José Hernández Concepción, así como Ricardo Ocasio Ramos, presidente de la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social. Todos se mostraron dispuestos a acoger las recomendaciones del grupo, incluyendo a Rodríguez Aguiló, autor de la medida, quien explicó que la misma respondía a una situación real que le ocurrió al padre de un menor con impedimentos.