El abogado del empresario Luis R. Benítez Avilés, imputado por supuestamente emitir planillas fraudulentas, no devengar ingresos personales que ascienden a $7 millones y evadir contribuciones con varias corporaciones para costear un Ferrari Spider (2018) y un Lamborghini Aventador (2020) presentó esta tarde en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una moción solicitando que el secretario de Hacienda, Francisco Parés, sea citado a la vista preliminar del caso como testigo hostil de la defensa.

Simúltaneamente, también hay una súplica al tribunal a través de una petición de Mandamus, para que se paralice el proceso administrativo que se lleva a cabo en Hacienda, incluyendo las gestiones de cobro y embargo de bienes -los cuales abarcan los lujosos vehículos de colección- hasta que se resuelvan los casos criminales.

“Solicitamos que se cite al Secretario de Hacienda, Francisco Parés III, como testigo hostil de la defensa para la vista preliminar que ha de llevarse a cabo el 13 de octubre de 2021″, se desprende de la moción solicitando la comparecencia de Parés como testigo hostil de la defensa. El documento legal está firmado por el licenciado Edwin Prado, quien a su vez solicita que el jefe de gabinete comparezca a la vista con el expediente contributivo del imputado.

El licenciado solicita al tribunal que el expediente incluya las notificaciones preliminares de deficiencias, notificaciones acerca de las tasaciones de contribución en peligro, las subpoenas enviadas a terceros, las notificaciones al contribuyente con relación a las tasaciones, todas las notificaciones o citaciones emitidas con relación al caso de autos y toda evidencia de correos certificados devueltos. Esto último con sus sobres y matasellos.

Para justificar la solicitud la moción expone que previo a la radicación de ocho cargos por alegadas violaciones al Código de Rentas Internas, el imputado nunca recibió una notificación del inicio de la investigación administrativa por las alegadas violaciones de cáracter criminal “explicando en términos claros y sencillos el proceso que iba a ser comenzado en su contra” por el supuesto millonario esquema de evasión contributiva.

“Primero, es claro que el Departamento de Hacienda llevó a cabo dicha investigación con la finalidad de comenzar un proceso penal en contra del señor Benítez, con fines de asegurarse de mantener al señor Benítez en un estado de indefensión”, reza la moción.

“Segundo, las actuaciones del Departamento de Hacienda violaron múltiples derechos constitucionales del imputado, entre ellos, el derecho a un debido proceso de ley, el derecho a la intimidad, el derecho a estar protegido de ataques abusivos a su honra y a estar libre de registros, incautaciones y allanamientos irrazonables”, agrega el documento.

La moción alude a que Parés tiene conocimiento personal de los hechos del caso, pues fue el secretario quien llevó a cabo la investigación y firmó las notificaciones y documentos que dan paso a las acusaciones presentadas.

Según Prado, los actos llevados a cabo por Parés, incluyendo una divulgación mediática de “información confidencial del imputado y sus entidades” presentan una violación a la sección 6030.13 del Código de Rentas Internas y privaron a su cliente de recibir “un trato digno, considerado e imparcial” como lo establece la Carta de Derechos del Contribuyente.

Demanda de impugnación de notificación de deficiencia contributiva

De otra parte, hoy también se presentó ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, una petición de Mandamus, solicitando una sentencia de declaratoria y demanda de impugnación de notificación de deficiencia contributiva de los años de 2016 a 2020 por entender que con esas acciones -que incluyeron una Notificación de Tasación y Cobro de Contribución en Peligro- el secretario de Hacienda privó a Benítez Avilés de su derecho a solicitar una revisión administrativa a la agencia.

“El secretario de Hacienda no puede investigar contribuyentes en secreto, a sus espaldas, para luego aparecer de repente con una tasación de contribución en peligro en una mano, una acusación criminal en la otra y con un sinnúmero de órdenes de embargo en los bolsillos, dejando al contribuyente en un estado de indefensión y privándole de su libertad y de sus bienes sin un debido proceso de ley”, sostiene el documento.

Se le pide al tribunal que emita una orden contra Parés que “cumpla con su deber ministerial de garantizar confidencialidad de información personal de Benítez contenido en sus planillas de contribución sobre ingresos ordenándole que cese y desista de hacer expresiones públicas” alusivas a este tipo de datos.

Además, la súplica al tribunal es que declare la paralización del proceso administrativo que se lleva a cabo en Hacienda, incluyendo las gestiones de cobro y embargo de sus bienes, incluyendo los vehículos de colección que, aparentemente, están a nombre de las entidades del imputado, hasta que se resuelvan los casos criminales y Parés cumpla con la petición en las órdenes de Mandamus.

Reacciona el secretario de Hacienda

A solicitud de Primera Hora, el secretario de Hacienda reaccionó enviando unas escuetas declaraciones escritas.

“Todos los asuntos relacionados a la controversia reciente se discutirán en su momento en los foros correspondientes. Confiamos en que la interpretación de los Departamentos de Hacienda y Justicia prevalezcan en beneficio de todos aquellos contribuyentes que cumplen con la ley”, expresó Parés.

“No nos desviaremos de nuestra lucha por la justicia contributiva en Puerto Rico. Seguiremos enfocados y seguiremos defendiendo los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”, agregó el jefe de gabinete.

Incidencias del caso

El pasado 30 de septiembre el secretario de Hacienda y el de Justicia, Domingo Emanuelli, anunciaron mediante conferencia de prensa la radicación de cargos contra Benítez Avilés, quien es dueño de empresas como LB Investment Construction e Investment & Development Consulting Group. Entonces se dijo que el empresario enfrenta una pena de tres a ocho años en prisión por cada cargo.

Emanuelli subrayó que el caso se trató “de una forma novel” dado que Hacienda logró embargar todas sus propiedades y otros bienes capitales y solo dejarlo con $9,000 en su cuenta personal antes de radicar las acusaciones.

“Eso es dinero del pueblo de Puerto Rico... porque mientras otros ciudadanos trabajan y sudan para dar sus contribuciones, este caballero hizo caso omiso y utilizó subterfugios para evitar de pagar lo que tenia que pagarle al sistema, cargando así a todo el sector puertorriqueño y afectando los servicios esenciales del país como la salud, transportación y otros aspectos que hacen la vida más difícil de todos los puertorriqueños”, dijo el secretario de Justicia.

Parés, por su parte, señaló que las planillas que Benitez Avilés radicó este año a la agencia podían constatarlo como un posible beneficiario del Programa de Asistencia Nutricional dado que reportó $11,600 en ingresos anuales, cuando realmente obtuvo más de $2 millones en ganancias y era propietario de una residencia en Guaynabo valorada en más de $415 mil.

Igualmente, el jefe de Hacienda destacó que el empresario anteriormente cumplió 57 meses de cárcel por lavado de dinero y posesión de drogas.

“Si creen que esto es solo un caso, quédense esperando y van a ver que el Departamento de Hacienda va a proceder en reiteradas ocasiones con casos de esta naturaleza”, prometió Parés.