Una disputa entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y el Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 ha impedido que se hayan puesto en vigor todos los lineamientos de una ley que, entre otras cosas, le permitiría a los empleados de esta dependencia disfrutar los beneficios de su convenio colectivo y que la entidad tenga mayor éxito en contratar personal, dijo el comisionado Manuel González Azcuy.

El Sistema de Emergencias 9-1-1 tiene 24 plazas por llenar y constantemente pierde personal que recibe ofertas económicas superiores en Estados Unidos, dijo González Azcuy a este medio tras participar de una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado.

Con la firma de la Ley 32-2020, producto de un proyecto de ley de los senadores Henry Neumann y José Vargas Vidot, se pretendió, por un lado, ponerle fin a una práctica que comenzó en el 2014 con que el gobierno central le quitaba fondos al Sistema de Emergencias 9-1-1 para diferentes fines. Según cálculos de la unión que agrupa a los empleados del sistema, la AFL-CIO, se desviaron $24 millones ilegalmente.

Sin embargo, a pesar de que la pasada gobernadora Wanda Vázquez firmó la Ley 32-2020, en este presupuesto el Sistema de Emergencias 9-1-1, en violación tanto de la citada ley como de disposiciones federales, el Sistema de Emergencias 9-1-1 tuvo que transferir $2.3 millones al Departamento de Seguridad Pública para gastos administrativos.

Esta mañana se trajo a colación que el Sistema de Emergencias 9-1-1 tampoco ha podio poner en vigor la sección 3 de la Ley 32-2020 debido a que la postura, tanto de la Aafaf como de la JSF, ha sido que la sección viola el Plan Fiscal. Esta sección dispone que el Sistema de Emergencias 9-1-1, que no recibe un solo centavo del Fondo General, no estará sujeta a las disposiciones de la Ley 26-2017, conocida como la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal. Ese estatuto congeló los beneficios de los convenios colectivos.

El convenio colectivo del Sistema de Emergencias 9-1-1 es superior tanto la licencia de vacaciones, licencias de enfermedad, las licencias sin paga, las licencias especial, la aportación al plan médica, el bono de Verano y de Navidad, dijo González Azcuy.

Neumann argumentó que el paso más importante que tiene que darse para que el Sistema de Emergencias 9-1-1 sea eficiente es que se tenga con una plantilla de empleados bien remunerados, lo que no se alcanza, según él y González Azcuy, debido al impacto del Plan Fiscal en las operaciones.

“La Sección 3 te permite reclutar y mantener una plantilla con mejores beneficios”, dijo el senador penepé.

González Azcuy indicó el impacto económico de la sección 3 sobre las finanzas del Sistema de Emergencias 9-1-1 es de apenas $1 millón.

“Tenemos el dinero para pagarlo porque el Negociado tiene superávit. Los empleados necesitan... esto es una forma de pagarle a los empleados unos beneficios que ya tienen (congelados) por convenio colectivo y se les quitaron”, indicó.

El Sistema de Emergencias 9-1-1 cuenta con 148 telecomunicadores y anualmente se pueden perder entre 15 y 20.

“Los entrenamos y la empresa privada se los lleva”, dijo González Azcuy,

González Azcuy aludió a cómo la Aafaf, tras la firma de la Ley 32-2020, notificó a la JSF que la sección 3 es inconsistente con el Plan Fiscal.

Esta mañana, tanto Neumann como Vargas Vidot responsabilizaron a la Aafaf por la postura de la JSF.

“Quien empezó todo lo relacionado a la certificación negativa fue la Aafaf y quien notificó a la Junta de Control Fiscal (JCF) de todo lo relacionado a la sección 3 fue la Aafaf”, dijo Neumann. “Fue la Aafaf la que notificó a la JCF que la sección 3 no es cónsona con el Plan Fiscal de Puerto Rico, que no tiene nada que ver con los fondos del Sistema de Emergencias 9-1-1″.

Neumann argumentó que la totalidad de la Ley 32-2020, tras haberse permitido una transferencia de $2.3 millones al DSP, está “paralizada”.

“No solo la sección 3. Cuando escuchas de transferencias de $2.3 millones de dinero de ustedes para ser utilizado en otras áreas y que el 9-1-1 no tiene dinero para hacer unos movimientos administrativos para reclutar gente nueva, eso significa que la Ley 32 no está operando en términos prácticos”, dijo Neumann.

Hecrián Martínez Martínez, subdirector de Asuntos Legales de la Aafaf, rechazó que la totalidad de la Ley 32-2020 esté paralizada y sostuvo que solo la sección 3 está en controversia. De hecho, defendió la postura de la Aafaf, a pesar de que el Sistema de Emergencias 9-1-1 no recibe fondos del Fondo General.

En síntesis, señaló que el Sistema de Emergencias 9-1-1, por disposición federal de la Ley Promesa, tiene que ser cobijado por el Plan Fiscal, reciba dinero del Fondo General o no.

“Es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal”, Martínez Martínez al referirse a la sección 3. “El PIan Fiscal son los lineamientos principales que van a regir la operación gubernamental porque se supone, según dispone PROMESA, que si sigues el Plan Fiscal el gobierno regresará a la responsabilidad fiscal y a tener acceso a los mercados de capital. A nivel del Gobierno (dispone la Ley PROMESA) de manera general todo los beneficios marginales tienen que ser uniformes, iguales y eso es la Ley 26-2020″, sostuvo el abogado en entrevista con El Nuevo Día.

“Al excluir al negociado de la Ley 26-2017, estás incumpliendo con ese lineamiento o esa postura general de uniformar los beneficios marginales”, insistió al asegurar que el argumento de que el dinero a utilizarse no sale del Fondo General no aplica porque sigue siendo gobierno público y no se proveyó una exclusión a ese principio en el Plan Fiscal.

“Salga o no del Fondo General, los beneficios marginales se presupuestan y son parte del presupuesto, sea Fondo General o no”, indicó.