La Coalición Sindical, entidad que agrupa a uniones afiliadas a la Central Puertorriqueña de Trabajadores, la Federación de Trabajadores y Trabajadoras y a la SEIU-Puerto Rico, llevó al Senado hoy, martes, sus objeciones a la propuesta de reforma contributiva que presentó el gobierno.

La posición de los sindicatos la expresaron en dos ponencias presentadas por la presidenta de Servidores Públicos Unidos (SPU), Annette González, y por el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, Pedro Irene Maymí ante la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado.

En su exposición el portavoz de la CPT afirmó que con la implantación del Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) se producirá “una reducción de nuestro poder adquisitivo, que podría fluctuar – como mínimo – entre un 9% y un 16%, dependiendo del servicio a adquirir o el artículo a comprar”.

De la misma forma, criticó la propuesta para reducir las tasas de contribución sobre ingresos al señalar que “la reforma contributiva no sólo incorpora el IVA, impuesto regresivo, sino que al eliminar las contribuciones sobre ingresos para gran parte de los contribuyentes hace que el sistema sea más regresivo y menos progresivo”.

En esa misma línea afirmó que “la posibilidad de que los contribuyentes que no generen cierta cantidad de ingresos no tengan que pagar contribuciones sobre ingresos, y con ello, no tendrán que radicar una planilla para fijar su responsabilidad contributiva…ciertamente no hará que el sistema sea más justo, sino más injusto, ya que como indicamos hará el sistema más regresivo”.

Por otra parte, el líder sindical sostuvo que esta reforma “no es para el beneficio del pueblo de Puerto Rico, es para el beneficio de los acreedores (bonistas) y cierto sector empresarial que ve reducidas sus obligaciones contributivas, y punto”.

Entre las recomendaciones del grupo están “establecer mecanismos para que los contribuyentes aporten de la manera más adecuada posible en proporción a sus respectivas capacidades de generar ingresos”, la revisión de toda la legislación de incentivos industriales y económicos; revisar las tasas efectivas que pagan las corporaciones en Puerto Rico; la adopción de un nuevo sistema de contribuciones sobre la propiedad inmueble de carácter progresivo; la concesión de un crédito de 10%-15% del ingreso por concepto de salario y “un plan articulado y con recursos suficientes para evitar la evasión y mejorar la fiscalización”.

González, por su parte, recalcó que la reforma contributiva deberá incluir la reestructuración de la deuda pública y de las prioridades del gasto gubernamental.

 “La principal medida dirigida a reducir el gasto público que se debe considerar, es la de realizar una reestructuración de la deuda pública garantizada por el ELA y la de COFINA. La misma debe resultar en una estructura de servicio de la deuda sustentable, que permita que los ingresos puedan cubrir su pago sin comprometer la continuidad de las operaciones gubernamentales” dijo.

Recomendó igualmente reestructurar la contribución sobre ingresos para que sea un mecanismo que asegure la progresividad y que “cualquier reestructuración que se efectué en este renglón sea neutro en términos de su costo al fisco”.

Para ello propuso que “los alivios contributivos que se otorguen a los contribuyentes de menores ingresos deben de provenir de la eliminación de créditos y tasas preferenciales que disfrutan sectores de altos ingresos”.

Recomendó igualmente que se aumente la responsabilidad contributiva de las empresas incentivadas a través de un “toll gate tax” a las ganancias repatriadas.

“Los mayores evasores son las grandes corporaciones que operan en el País. La verdadera causa de nuestra precariedad fiscal radica en la poca aportación efectiva al fisco por parte de estas empresas” dijo.

 Otra de las propuestas que presentó es la de sustituir la patente nacional por un impuesto especial a las megatiendas.